Expediente D-13535 Fecha sentencia 2020-11-13 Sentencia C-431/20
Magistrado Ponente:Alejandro Linares Cantillo SPV:Alberto Rojas Ríos SPV:Antonio José Lizarazo Ocampo
Demandante / Demandado ANDRES ARIEL NUÑEZ GODOY VS. LEY 1819 DE 2016
Tema: DEDUCCIONES TRIBUTARIAS POR PAGOS EN EFECTIVO PARA CIERTOS CONTRIBUYENTES. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 307 parcial de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dicta otras disposiciones, y contra el artículo 120 de la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. La Corte considera que la limitación al reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables pagados en efectivo es una medida que se ajusta a la Constitución, en cuanto busca finalidades legítimas que garantizan la eficiencia y transparencia del sistema, contribuye a evitar fenómenos de evasión de tributos y operaciones de lavado de activos y resulta acorde con el principio de equidad tributaria. La Sala se INHIBE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la constitucionalidad del artículo 120 de la Ley 1943 de 2018 por sustracción de materia; en tanto no existe en la actualidad norma objeto de control ante la subrogación de la misma con ocasión de la expedición del artículo 136 de la Ley 2010 de 2019. De otro lado, declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 307 (parcial) de la Ley 1819 de 2016.
Expediente T-7544521 Fecha sentencia 2020-11-03 Sentencia T-469/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado SAUL DAVID CARRILLO URARIYU Y OTRO VS. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
Tema: DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se tiene como hecho común que los actores son líderes sociales que han desempeñado funciones en defensa de los derechos humanos. El primero, cumpliendo un rol de liderazgo y defensa de los derechos de las comunidades indígenas del Caribe colombiano a través de la Mesa Permanente de Concertación y, el segundo, sobreviviente de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano, trabajando en proyectos productivos para la reincorporación de excombatientes a la sociedad. Ambos habían sido calificados con un nivel de riesgo extraordinario, por lo que estaban siendo cobijados por esquemas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección. En una nueva evaluación se estableció que el riesgo había disminuido y, por ello, se dispuso, en su orden, la reducción del esquema y el desmonte gradual del mismo, por cuanto los beneficiarios no acreditaron una amenaza grave y verificable que ameritara mantener los esquemas de protección inicialmente previstos. Esta determinación es la que se cuestiona y a la que se le endilga la vulneración de derechos fundamentales. Se aborda temática relacionada con: 1º. La protección a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como un imperativo del Estado social y democrático de derecho. 2º. Los desafíos que esta población enfrenta actualmente en nuestro país. 3º. El derecho a la seguridad y la vida de los líderes sociales, haciendo énfasis en las obligaciones que de allí se derivan para el Estado, puntualmente para la UNP. La Corte determinó que la entidad vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad y a la integridad personal de los accionantes, debido al incumplimiento del deber de calificación periódica del riesgo; la falta de motivación suficiente, clara y específica de los actos administrativos; la ausencia de parámetros objetivos para ajustar un esquema de seguridad y; el valor desproporcionado que otorgó a la falta de resultados en el proceso penal. Concluye la Sala que, dado tal escenario, persiste una duda razonable sobre las condiciones reales de seguridad de los accionantes, la cual debe resolverse en favor de los mismos, teniendo en cuenta el contexto de violencia generalizada contra esta población. Se CONCEDE el amparo invocado.
Expediente T-7794819 Fecha sentencia 2020-11-03 Sentencia T-468/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado
Demandante / Demandado GERMAN JAVIER CABALLERO CACERES VS. INPEC
Tema: ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE TRASLADO LABORAL-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE PROBÓ AFECTACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES NI RUPTURA RESPECTO AL NÚCLEO FAMILIAR El actor, en su condición del dragoneante del INPEC, interpone la acción de tutela con el propósito de que deje sin efectos la resolución mediante la cual fue trasladado, por necesidades del servicio, del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Málaga, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta. Según el peticionario, dicha decisión afectó negativamente su proyecto de vida y sus derechos fundamentales a la unidad familiar y la vida digna, toda vez que desde su partida su hija de tres años de edad, desplegó trastornos en el ánimo, en su proceso de aprendizaje y en su neurodesarrollo. Así mismo adujo, que su esposa y la menor no pueden trasladarse a Cúcuta, por los compromisos económicos y laborales que su cónyuge tiene en Málaga. Se aborda temática relacionada con el alcance y límites al ius variandi y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella. Al no encontrar acreditado el requisito de subsidiariedad, se declara la IMPROCEDENCIA de la solicitud de amparo invocada.
Expediente T-7744420 Fecha sentencia 2020-11-03 Sentencia T-467/20
Magistrado Ponente:Gloria Stella Ortiz Delgado AV:José Fernando Reyes Cuartas
Demandante / Demandado GUILLERMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ VS. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Tema: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR UNA SITUACION SOBREVINIENTE. SE ELIMINO DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, EL REGISTRO DE INHABILIDAD DEL ACCIONANTE El actor aduce que la Procuraduría General de la Nación vulneró sus derechos fundamentales al negarse a eliminar del registro de antecedentes disciplinarios, la inhabilidad derivada del numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Para el peticionario, dicha pretensión procedía por cuanto se le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada y se declaró la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como beneficiario de la Ley 1820 de 2016 y de sus decretos reglamentarios. En sede de revisión la Corte constató que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz profirió una resolución mediante la cual aceptó el sometimiento del actor a dicha jurisdicción y resolvió sobre el tratamiento penal especial y diferenciado y la aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución. En tal sentido, la JEP le ordenó a la Procuraduría incluir una anotación en el registro de antecedentes del accionante que diera cuenta de la posibilidad de ser empleado público, salvo la prohibición expresa del reintegro a la Fuerza Pública y la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control. Se confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, pero precisa que es por la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente y la falta del requisito de subsidiariedad.
Expediente T-7678666 Fecha sentencia 2020-10-16 Sentencia SU.454/20
Magistrado Ponente:Diana Constanza Fajardo Rivera
Demandante / Demandado MARIA ALICIA MURILLO MURILLO VS. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL
Tema: DERECHO A LA IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO EN RECONOCIMIENTO SUSTITUCION PENSIONAL A COMPAÑERA PERMANENTE La accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, al no casar la providencia ordinaria que decidió no reconocerle la sustitución pensional que reclamó en calidad de compañera permanente del causante. En su criterio, el órgano de cierre realizó una interpretación de la disposición sustantiva aplicable a su caso que es contraria al sentido y alcance fijado por la Corte Constitucional, a partir de los mandatos de igualdad y de prohibición de no discriminación por razón del origen familiar. Argumentó la peticionaria, que la Corporación cuestionada desatendió el hecho de que convivió con el pensionado durante los últimos siete años de su vida y que, durante dicho período, él sostuvo simultáneamente una relación con quien tenía un vínculo matrimonial vigente, persona a la que efectivamente sí se le otorgó en un porcentaje determinante la prestación económica solicitada. Se aborda temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con la protección constitucional igualitaria en favor de las parejas conformadas por compañeros o compañeras permanentes en materia del derecho a la sustitución pensional, a luz del ordenamiento superior vigente. La Corte concluye que, los operadores jurídicos deben valorar y resolver los requerimientos pensionales invocados por los (as) compañeros (as) permanentes a la luz de los preceptos que gobiernan el orden constitucional vigente y que, en el caso concreto, el requerimiento prestacional invocado debe ser valorado respetando el alcance y el sentido constitucional de la normativa jurídica involucrada. Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la providencia cuestionada y se ordena al juez de primera instancia en la causa ordinaria que adopte una nueva decisión, de conformidad con la interpretación constitucional efectuada por la Corporación en el presente asunto, en especial, que se atenga a la hermenéutica que del artículo 55 de la Ley 90 de 1946 se fijó en la Sentencia C-482/98 y a las reglas jurisprudenciales señaladas en esta providencia.
Expediente T-7753067 Fecha sentencia 2020-10-15 Sentencia T-444/20
Magistrado Ponente:Alberto Rojas Ríos
Demandante / Demandado IRMA DEL SOCORRO SANZON GUERRERO VS. INSTITUCION HERMANAS BETHELEMITAS PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Tema: COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE COMUNIDADES RELIGIOSAS Y CONGREGACIONES A través de apoderada judicial, la actora, una mujer de más de 70 años de edad que presenta dificultades de salud y problemas económicos, instaura la acción de tutela en contra del Instituto Hermanas Bethlemitas (Provincia del Sagrado Corazón de Jesús). Se aduce la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la dignidad humana y a la igualdad, ante la negativa de tramitar el cálculo actuarial (por omisión de afiliación) de los 10 años que estuvo vinculada a la comunidad religiosa y que laboró como docente en algunos Colegios de esa congregación. La entidad argumentó que la vinculación era de manera libre con votos perpetuos a adelantar servicios de apostolado y evangelización, la cual no generaba la obligación de efectuar aportes pensionales. Se analiza la siguiente temática: 1º. El marco jurídico y jurisprudencial de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los miembros de comunidades religiosas y congregaciones. 2º. Los fundamentos constitucionales para el reconocimiento de la autonomía de las iglesias para regir sus asuntos internos y definir las relaciones con sus miembros. Límites constitucionales de dicha autonomía y, 3º. La protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo en materia de reconocimiento de derechos pensionales. Se CONCEDE el amparo invocado.