CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil nueve (2009)

Radicación número: 66001-23-31-000-2008-00270-01(AC)

Actor: LUPE MARCELA FORERO SIERRA

Demandado: DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y OTROS

Se decide el impedimento manifestado por los Magistrados de la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado para conocer el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

Lupe Marcela Forero Sierra, obrando en nombre propio, en calidad de Profesional Universitario, Grado 16 del Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, promovió acción de tutela para que se le ampararan los derechos fundamentales a la vida, igualdad, salud, protección a la maternidad, mínimo vital y móvil de la madre y del niño por nacer, protección a la niñez y seguridad social, presuntamente vulnerados por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Risaralda y Saludcoop E.P.S., en razón de que sólo se le pagó 9 días del salario de septiembre de 2008, con ocasión del cese de actividades de la Rama Judicial durante ese período.

En consecuencia, pidió que se ordenara a las entidades accionadas, realizar el pago completo del mencionado salario y que se realicen los aportes a la seguridad social sobre el mencionado período (fl. 9).

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Conjueces, en sentencia de 24 de octubre de 2008, amparó los derechos tutelados (fls. 106 a 116).

La sentencia del a quo fue impugnada por los accionados y el expediente fue remitido a  esta Corporación.

Los Consejeros de Estado de la Sección Segunda, Subsección “B”, manifestaron encontrarse impedidos para conocer del mismo, con fundamento en el artículo 56 [1] del Código de Procedimiento Penal, por cuanto el cese de actividades decretado por ASONAL, por ser un conflicto al interior de la Rama Judicial, necesariamente afecta la imparcialidad y directa o indirectamente la transparencia con la cual el Juez debe actuar  (fls. 138 a 141).

CONSIDERACIONES

El artículo 4 del Decreto 306 de 1992 señala que para interpretar las disposiciones sobre el trámite de la acción tutela prevista en el Decreto 2591 de 1991, y en lo que no sea contrario a éste, se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.

La acción correspondió por reparto a la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez  (E), Magistrada de la Sección Segunda – Subsección “B” - de esta Corporación, quien manifestó  impedimento,  junto con los demás Magistrados de la Sala, para conocer del proceso por estar incursos en la causal contenida en el artículo 56[1] del Código de Procedimiento Penal.

Lo anterior, porque la Sección Segunda “se ha declarado impedida para tramitar las acciones de tutela cuando se discute el pago de los salarios de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, aceptando en otros casos los impedimentos manifestados por los Tribunales Administrativos del resto del país”, cuando se ha discutido el pago del salario de septiembre de 2008, con ocasión del cese de actividades durante dicho período (fl.140).

El artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, dispone que el Juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal, so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.

Según la mencionada norma, el juez que conoce de una acción de tutela debe declararse impedido cuando esté incurso en cualquiera de las causales del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) que en su artículo 56 señala, entre otras, la de que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.

En el presente proceso no le asiste interés a los Magistrados de la Sección Segunda - Subsección “B”- de esta Corporación, pues, si bien el cese de actividades es un conflicto que se generó al interior de la Rama Judicial, según el escrito de tutela, la acción se fundamenta en el pago incompleto del salario y la seguridad social de septiembre de 2008,  período en el cual esta Corporación laboró de manera normal, por lo que los salarios  y prestaciones fueron pagados sin generar traumatismos por el mencionado cese de actividades.

Las causales establecidas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal son taxativas y su interpretación es restrictiva, por lo que no es posible realizar una interpretación analógica o extensiva que tienda a configurar formas diferentes de impedimento de las establecidas allí[1].

En consecuencia, la Sala no encuentra fundado el impedimento manifestado por los Consejeros de Estado de la Sección Segunda, – Subsección “B”-, para conocer de la impugnación formulada por la parte demandada contra la sentencia de 24 de octubre de 2008 del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala de Conjueces.

Por lo anterior, se ordenará devolver el expediente a la Consejera Ponente, para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

R E S U E L V E

1.- DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por los Consejeros de la  Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado. En consecuencia, devuélvase el expediente a la Consejera Ponente para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA                        LIGIA LÓPEZ DÍAZ

Presidente de la Sección

HÉCTOR J. ROMERO DÍAZ

[1] Auto de 27 de noviembre de 2005, exp. AC-01134, C. P. doctora María Inés Ortiz Barbosa