CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

                           JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Magistrado Ponente

 

 

Radicación n°  47803

Acta No 40

 

 

Bogotá D.C.,  cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013)

 

 

 

Se pronuncia la Corte sobre el contrato de transacción allegado y suscrito por las partes y sus apoderados, dentro del proceso adelantado por RAFAEL ACOSTA COHEN y ALFREDO RUIZ AVILA contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP a fin de que se declare terminado el proceso en forma definitiva y total, respecto de los mencionados demandantes.

 

 

 

                   I. ANTECEDENTES

 

Las partes y sus apoderados suscribieron contrato de transacción, allegado a esta corporación el 7 de noviembre de esta anualidad, dentro del cual establecieron unas condiciones, a efecto de dar por terminado el litigio y llegar a un acuerdo conjunto, por lo que solicitan a la Sala aprobar la terminación del proceso sin condena en costas.

 

Dentro del presente proceso, el juez de primera instancia, accedió a las pretensiones elevadas por los demandantes y condenó a la demandada Electrificadora del Caribe al reajuste de sus mesadas pensionales causadas  a partir del año 2.000, al reconocimiento de intereses moratorios que resultaran del reajuste, a la indexación de las mesadas retroactivas y por último condenó en costas y agencias en derecho a la parte vencida.

 

Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada, interpuso recurso de apelación, que fue decidido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, el cual emitió sentencia de segunda instancia confirmando la decisión emitida por el aquo.

 

Así las cosas la empresa condenada, interpuso recurso extraordinario de casación, al cual se le imprimió el trámite respectivo, quedando al despacho para fallo a partir del 7 de septiembre de 2011.

Para el efecto, las partes suscribieron el contrato de transacción en estudio, y la compañía demandada se comprometió a reconocer en favor del demandante, Alfredo Enrique Ruiz Ávila la suma conciliatoria de $80.000.000, por concepto del reajuste reclamado sobre las mesadas pensionales, y $8.000.000 destinados a cubrir el valor de las costas procesales y agencias en derecho, y respecto del también demandante Rafael Acosta Cohen la suma de $100.000.000 por concepto del reajuste solicitado, y $10.000.000 por costas procesales y agencias en derecho ocasionadas.

1.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Una vez revisado el contrato de transacción suscrito entre las partes, y a efecto de decidir sobre la solicitud de terminación del litigio entre los contratantes, el despacho evidencia que en el presente asunto y en el acuerdo realizado, no existe vulneración alguna respecto de la irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles que informan a nuestra legislación, puesto que en el caso que nos ocupa, el punto de discusión y las controversias laborales debatidas, recaen netamente sobre sumas de dinero originadas del reajuste pensional otorgado en sede de instancia.

 

De otra parte, y en relación con la competencia de la Corte para resolver los acuerdos transaccionales celebrados entre las partes, no existe en la actualidad motivo alguno que impida dar trámite a la presente solicitud, por lo cual resulta pertinente citar el auto con radicación 49792 de fecha 26 de julio de 2011 en el que se indicó:

 

Previamente a resolver las anteriores solicitudes debe recordar la Corte que ha sido criterio tradicional de esta Sala de Casación considerar que no es de su competencia el pronunciamiento sobre aspectos del proceso distintos a los que atañen al recurso extraordinario, por tenerlos como propios de las instancias del proceso o ajenos a la competencia funcional a ella atribuida, tal es el caso de los contratos de transacción a que ocasionalmente llegan las partes y que exponen en trámite del recurso de casación.

No obstante, un nuevo estudio de los preceptos jurídicos que regulan la figura de la transacción impone a la Corte arribar a un entendimiento distinto de los mismos, de cara a su aplicación en la sede casacional, en conformidad con los efectos perseguidos por las partes y ya conocidos para las instancias del proceso.

 

En efecto, la transacción, como mecanismo o forma de terminación anormal del proceso es sabido, consiste en un contrato, convención o acuerdo mediante el cual las partes extrajudicialmente ponen fin al litigio haciéndose concesiones mutuas y recíprocas. En tal caso, por fuerza del efecto de cosa juzgada que le acompaña, la transacción impide el resurgimiento de la controversia judicial que fue su objeto entre quienes la suscribieron, así como que las obligaciones que de allí surjan pueden demandarse ejecutivamente. Similar predicamento puede hacerse de la transacción extrajudicial que tiene por propósito precaver un litigio futuro. 

 

La transacción, además de constituir un acto jurídico con consecuencias sustanciales, también es un acto procesal válido en el proceso laboral. Como no existen disposiciones propias de su ordenamiento procedimental que reglen dicho acto, debe acudirse para ello a las que lo hacen en el procedimiento civil, por virtud de la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil prevé que la transacción puede hacerse ‘en cualquier estado del proceso’, incluso, con posterioridad al agotamiento de las instancias, esto es, para ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’. Ergo, el recurso extraordinario de casación no escapa al ámbito de aplicación de la citada figura, pues es claro para la Corte que aun cuando su trámite se surte con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, no lo es porque el proceso se haya terminado, sino todo lo contrario, porque la sentencia de segunda instancia no está en firme, dado que se encuentra impugnada por fuerza precisamente del recurso extraordinario. De tal manera que, siendo el recurso extraordinario de casación parte del proceso laboral, la transacción es susceptible de producirse durante su trámite y aún después de dictarse la sentencia que lo resuelva, para, como ya se dijo, ‘transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia’.     

Así como la competencia funcional no puede afectar en modo alguno la posibilidad de que las partes puedan transigir la litis en curso de las impugnaciones, tampoco puede impedir o inhibir la facultad de los respectivos jueces para resolver los pedimentos derivados de lo transigido. Esa la razón para que el mismo artículo 340 señale que ante tal situación las partes deberán dirigir escrito al ‘juez o Tribunal’ que conozca del proceso o de la actuación posterior a éste, precisando sus alcances o acompañado el documento que la contenga, caso en el cual se producirán los efectos procesales pertinentes, al punto de que si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, el funcionario correspondiente la aceptará si la encuentra a derecho, ‘quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme’.

 

En trámite del recurso extraordinario deben entenderse como tales las dictadas en las instancias, pues la de primer grado ha debido ser impugnada o encontrarse en consulta para que se hubiere proferido la del Tribunal que, a su vez, se encontrará sub júdice por efectos del recurso extraordinario. 

 

En consecuencia, y  al no hallarse causal que impida aceptar la transacción celebrada entre las partes,  luego de constatar la facultad con que cuentan los apoderados para transigir y en virtud de lo prescrito por el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, se accederá a la solicitud elevada, de terminación del proceso sin lugar a imposición de costas.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE

 

PRIMERO. ACEPTAR la transacción suscrita entre la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP y los demandantes ALFREDO RUIZ AVILA Y RAFAEL ACOSTA COHEN a través de sus apoderados sobre la totalidad del litigio.

 

SEGUNDO: Continuar el trámite del recurso, respecto de los demás demandantes y opositores en casación.

 

 

JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

 

 

 

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN     CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

 

 

 

 

  RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO       GUSTAVO HERNÁNDO LÓPEZ ALGARRA

 

 

 

 

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS   CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE