05001-23-31-000-2004-04458-01(0795-06) Sección 2 2007 [Consejo de Estado]

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION SEGUNDA

 

Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA

 

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 05001-23-31-000-2004-04458-01(0795-06)

 

Actor: ANCIZAR DE JESUS VERGARA CARVAJAL

 

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

 

 

Referencia: RECURSO DE QUEJA

 

 

 

Se decide el recurso de queja interpuesto por el señor Ancizar de Jesús Vergara Carvajal, contra el auto de 1° de febrero de 2006, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, denegó la concesión del recurso de apelación contra la sentencia proferida dentro de este proceso el 28 de septiembre de 2005.

 

EL AUTO IMPUGNADO

 

 

El Tribunal Administrativo manifiesta que la presente demanda es de única instancia, por cuanto la cuantía estimada es de $31’.821.786,oo, suma inferior a 38’150.000,o equivalente a 100 salarios mínimos, de acuerdo con lo previsto en la ley 954 de 2005.

 

LA QUEJA

 

 

Señala el apoderado del demandante que el Tribunal ha incurrido en una violación directa al ordenamiento jurídico; que el procedimiento aplicable para este caso debe hacerse sin la reforma de la ley 954 de 2005 por cuanto de esta forma se inició la tramitación del proceso, es decir, se profirió el auto admisorio de la demanda como un proceso de doble instancia.

 

Para resolver se Considera:

 

El 27 de abril de 2005 fue proferida la Ley 954, mediante la cual se modifican, adicionan y derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso Administrativo, y se dictan otras disposiciones sobre competencia, descongestión, eficiencia y acceso a la administración de justicia.

 

Esta norma en su artículo 7° dispone:

 

“Vigencia de la ley. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, en los términos pertinentes del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.”

 

 

Siendo así, la Ley cobró vigencia a partir del 28 de abril de 2005, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial Año CXL. N. 45893, en

la página 19.

 

De la misma manera la referida disposición en su artículo primero prescribe:

 

“Artículo 1º. Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

 

"Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los Juzgados Administrativos, así:

 

Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Asimismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9 del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia".

 

Los Tribunales Administrativos continuarán, en única y primera instancia, con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40.

 

Las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Tribunales Administrativos según el artículo 41, corresponderán en segunda instancia al Consejo de Estado. Y las competencias sobre jurisdicción coactiva asignadas en segunda instancia a los Jueces Administrativos según el artículo 42, corresponderán en segunda instancia a los Tribunales Administrativos.

 

El Consejo de Estado asumirá en única y segunda instancia, las competencias asignadas en los artículos 36, 37 y 38.

 

Las competencias por razón del territorio y por razón de la cuantía, previstas en el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, regirán a partir de la vigencia de la presente ley.” (Resalta la Sala)

 

 

Mediante auto de 28 de marzo de 2006, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado precisó:

 

“Ahora bien, el problema jurídico se circunscribe en determinar, si los 100, 300, 500 o 1500, salarios mínimos vigentes a que se refiere la Ley 954 de 2005, para efectos de determinar la competencia, debe tenerse como referente el Salario Mínimo Legal Vigente (S.M.L.V) que regía para el año en el cual se presentó la demanda, o el correspondiente al de la anualidad, en la cual se interpuso el recurso de apelación.

 

A juicio de la Sala, el Salario Mínimo Legal Mensual determinante para tener en cuenta y así fijar la competencia en única o primera instancia (100, 300, 500 y 1500 S.M.L.V, según el caso), debe ser el que gobernaba a la fecha de presentación de la demanda, único momento procesal en el cual la parte demandante determina la cuantía de un proceso, por así ordenarlo la misma ley 954 de 2005, en armonía con los artículos 134 E y 137 del C.C.A., en concordancia con el 20 del C.P.C.

 

En efecto, el artículo 134 E del C.C.A, adicionado por el artículo 43 de la Ley 446 de 1998, y vigente a partir de la expedición de la ley 954 de 2005, estipula que para efectos de determinar la competencia en razón a la cuantía, en asuntos de carácter laboral como en el presente se determinará “(...)por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multa o perjuicios reclamados, excepto cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, en cuyo caso se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”  (negrilla fuera del texto)

 

Lo anterior indica que la cuantía es un factor objetivo que se fija en el momento de la presentación de la demanda con el único propósito de que el juez a-quo determine si el proceso corresponde a única o primera instancia (sin perjuicio de que posteriormente el ad-quem al momento de considerar eventualmente la admisión de un recurso de apelación revise tal decisión) lo cual explica por qué el artículo 137 del C.C.A, establece como requisito para la admisión de la demanda, la estimación razonada de la cuantía, so pena de inadmisión o rechazo de la misma. (numeral 6º de ibidem)

 

De aceptar la interpretación hecha por el Tribunal, se quebrantaría no sólo el principio de la seguridad jurídica necesaria en todos los procesos para que las partes debatan con plena certeza los elementos que se presentan en una relación jurídica procesal, sino también el de la doble instancia, ya que éste dependería única y exclusivamente del transcurrir del tiempo, pues la competencia variaría cada vez que se incremente el salario mínimo legal….”[1]

 

 

Así las cosas, la Sala considera que para este caso debe tenerse en cuenta la cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda. Aplicando la parte del artículo 134 E y el artículo 20 numeral 1 del C. de P. C., la cuantía se establece por el  valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquélla, en el presente caso según la estimación hecha por el actor (fl. 65), la cuantía del proceso es de $31’821.786.

 

La cuantía vigente para la fecha en que se presentó la demanda (25 de mayo de 2004),  de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 954 de 2005 es la suma de $ 35’800.000,oo., al ser las pretensiones inferiores a tal suma, se tiene que el proceso es de única instancia y por tanto esta Corporación no tiene competencia para conocer de él.

 

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”

 

 

RESUELVE :

 

Declárase bien denegado el recurso de apelación interpuesto por el señor Ancizar de Jesús Vergara Carvajal contra la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2005.

 

Reconócese personería a la doctora Diana Patricia Yépes Arévalo, como apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 37 del expediente.

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

 

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

 

 

ALBERTO ARANGO MANTILLA                                      JAIME MORENO GARCIA

ANA MARGARITA OLAYA FORERO

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Auto Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. JAIME MORENO GARCIA. Exp –7678-05.