ACTO DE TRAMITE - Es de tal naturaleza la publicación de los resultados de un concurso de meritos / ACTO DE TRAMITE - Contra éste no proceden los recursos de vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas / ACCION DE TUTELA - No procede para estudiar la legalidad de Decreto Reglamentario / CONCURSO DE MERITOS - Pruebas y etapas establecidas para el ingreso de la carrera docente / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA - No vulneración en concurso de méritos en el que se publican las reglas del proceso / CONCURSO DE MERITOS - El hecho de participar en él no generea el derecho al nombramiento del cargo.

 

En el mismo sentido se puede ver el fallo proferido el 11 de octubre de 2007. Referencia Ac-00329

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION SEGUNDA

 

SUBSECCION B

 

Consejero ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

 

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 05001-23-31-000-2007-01711-01(AC)

 

Actor: DAIRA ALEJANDRA POSADA LONDOÑO

 

Demandado: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

 

 

Referencia: ACCION DE TUTELA

 

 

 

ACTO DE TRAMITE – Es de tal naturaleza la publicación de los resultados de un concurso de meritos / ACTO DE TRAMITE – Contra éste no proceden los recursos de vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas / ACCION DE TUTELA – No procede para estudiar la legalidad de Decreto Reglamentario / CONCURSO DE MERITOS – Pruebas y etapas establecidas para el ingreso de la carrera docente / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA – No vulneración en concurso de méritos en el que se publican las reglas del proceso / CONCURSO DE MERITOS – El hecho de participar en él no generea el derecho al nombramiento del cargo.

 

En el mismo sentido se puede ver el fallo proferido el 11 de octubre de 2007. Referencia Ac-00329

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA – SUBSECCION “B”

 

CONSEJERO PONENTE: Dr. ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

 

 

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil siete (2007).

 

 

RADICACION NUMERO: 05001-23-31-000-2007-01711-01(AC)

Actor: Daira Alejandra Posada Londoño

Referencia: Acción de Tutela

DEMANDADO:  ICFES Y COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta contra la providencia del 27 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

 

A N T E C E D E N T E S

 

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Daira Alejandra Posada Londoño, acudió ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales, al debido proceso, trabajo y al principio constitucional de confianza legítima, vulnerados por parte de los demandados.

 

Pretende que mediante providencia que resuelva la presente acción se ordene a las entidades demandadas, dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y como consecuencia de ello se cite a entrevista y valoración de antecedentes, tal como lo contempla el Decreto Ley 1278 de 2002 y no como lo establece el Decreto Reglamentario 3982 de 2006.

 

Como medida provisional solicitó suspender provisionalmente las siguientes etapas del concurso de méritos convocado, mientras se resuelve la tutela.

 

Lo anterior lo fundamenta en los siguientes hechos:

 

Manifiesta la accionante, que por cumplir con los requisitos de la convocatoria de méritos de directivos y docentes, se inscribió como aspirante al concurso para optar a un cargo vacante de docente de Básica Primaria en el Departamento de Antioquia.

 

EL 14 de enero de 2007, presentó el examen para aspirar a dicho cargo, consistente en prueba escrita de aptitud verbal, matemática y competencias básicas y la prueba psicotécnica, estando de acuerdo en presentarlas conjuntamente, por economía, agilidad y organización del proceso, según lo establecido por el Decreto Reglamentario 3982 de noviembre de 2006.

 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC-, pretenden darle supremacía normativa al Decreto Reglamentario, que modifica la norma originaria violando con ello el principio de confianza legítima, de respeto a la jerarquía normativa, a la legalidad, a los límites existentes dentro de la Ley y menoscabo a los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo.

 

Conforme a lo anterior, se puede determinar que mientras el artículo 9° del Decreto 1278 de 2002, señala que los aspirantes que aprueben la etapa de aptitud y competencias básicas, conformarían la lista de elegibles y serían convocados a la etapa de prueba psicotécnica, entrevista y valoración, el Decreto Reglamentario, es decir el 3982 de 2006, establece que los aspirantes que obtengan resultados favorables en las pruebas de aptitud, competencias y las psicotécnicas, conformarían la lista de elegibles para ser convocados a la entrevista y valoración de antecedentes.

 

El ICFES el 7 de febrero del 2007, publicó la primera lista de elegibles, en donde se encontraba la actora.

 

Mediante Resolución No. 000089 del 20 de marzo, del mismo año, resolvió dar por terminada la actuación administrativa especial, y ordenó publicar los nuevos resultados y a la CNSC a ajustar un nuevo cronograma.

 

EL 26 de marzo del mismo año, fue publicada la nueva lista de elegibles, en donde no se encontraba incluida, toda vez que no había superado la prueba psicotécnica, pasando por alto que lo obtenido en la prueba se debería promediar con la entrevista y la valoración de antecedentes, lo que genera una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al trabajo.

 

A la fecha no ha sido notificada personalmente ni en escrito individual la reprobación del concurso y su debida motivación.

 

 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

 

El Tribunal Administrativo de Antioquia, tuteló el derecho fundamental al debido proceso administrativo, en razón a que la administración no podía remover del mundo jurídico, por sí y ante sí, el acto administrativo que fue notificado la actora, por medio del cual le generó derechos de carácter subjetivo, particular y concreto, lo cual comporta violación al derecho fundamental al debido proceso administrativo, toda vez que el segundo acto administrativo, que da a conocer un nuevo resultado, carece de valor, partiendo del falso convencimiento atinente a que el resultado del examen psicotécnico tenía carácter eliminatorio. En razón a lo anterior el Tribunal ordenó al ICFES, proferir el acto administrativo correspondiente que dé validez al acto que comunicó el resultado aprobatorio de las pruebas presentadas el 14 de enero de 2007, permitiéndosele continuar participando en el proceso de selección.

 

 

RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN

La parte demandada, interpuso nulidad e impugnación del fallo anterior. Manifestó que fue vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción a las entidades demandadas, toda vez que fue proferida sentencia sin habérseles notificado en su debida forma, ni haberse escuchado las razones de la defensa, por lo que solicitó la nulidad del fallo proferido.

 

El Tribunal Administrativo, antes de conceder la impugnación estudió la nulidad presentada, la cual fue desestimada.

 

 

Para resolver, se

 

C O N S I D E R A

 

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del 27 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a la tutela impetrada.

 

La demandante pretende, mediante el ejercicio de la acción de tutela, obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al principio de confianza legítima y, como consecuencia, que se ordene a las entidades demandadas dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y citarla a entrevista y valoración de antecedentes, conforme lo dispone el Decreto Ley 1278 de 2002 y no como lo preceptúa su Decreto Reglamentario 3982 de 2006.

Además solicita se suspendan provisionalmente las siguientes etapas del concurso de méritos convocado mientras se decide la tutela.

 

El problema Jurídico se contrae a determinar si hubo violación de los derechos constitucionales fundamentales de DAIRA ALEJANDRA POSADA LONDOÑO al debido proceso, al trabajo y al principio de la confianza legítima, como consecuencia de su exclusión del concurso de méritos de docentes y directivos docentes en el que participó por no haber superado la prueba psicotécnica.

 

En primera medida, se debe establecer la procedencia de la acción impetrada, para determinar si la actora le asiste otro mecanismo de defensa judicial.

 

La demandante solicita dar validez a los resultados favorables de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y en consecuencia citarla a entrevista y valoración de antecedentes, y suspender las etapas siguientes del concurso de méritos convocado, por haber sido excluida del concurso en el que participó mediante la segunda publicación de resultados el 26 de marzo de 2007.

 

Es preciso señalar que las publicaciones de los resultados del concurso, son determinaciones que constituyen actos de trámite, los cuales fueron expedidos dentro de la actuación propia del concurso y las determinaciones que en ellos se adoptan, se realizan justamente para impulsar y dar continuidad al proceso propio de las convocatorias, en cumplimiento de los deberes legales de las entidades involucradas.

 

Como quiera que contra los actos de trámite no proceden los recursos de vía gubernativa ni las acciones contencioso administrativas, en este caso, la demandante carece de otros medios de defensa judicial para lograr su incorporación al concurso docente.

 

Por lo anterior, se estudiará el fondo del asunto para establecer la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales del demandante como consecuencia de la actuación de las entidades demandadas de excluirlo del concurso en el que participó, teniendo en cuenta las etapas del mismo establecidas por las normas que lo regulan.

 

Es necesario indicar que la Sala no abordará el estudio sobre la supuesta ilegalidad del Decreto Reglamentario 3982 de 2006, por cuanto dicha discusión escapa a la competencia del juez de tutela, porque la misma corresponde decidirla a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que el estudio en el presente caso se limitará a determinar si la exclusión de la demandante del concurso por no haber superado la prueba psicotécnica vulneró sus derechos fundamentales.

 

El artículo 9° del Decreto Ley 1278 de 2002, estableció que las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la psicotécnica son diferentes en cuanto se dirigen a evaluar aspectos distintos. La prueba psicotécnica, la entrevista y la valoración de antecedentes constituyen una etapa posterior a la prueba de aptitudes y competencias básicas, por lo que esta última debe superarse para alcanzar la siguiente, razón que determina que para formar parte de la lista de elegibles es necesario superar la totalidad de las pruebas del concurso, para luego ser clasificado de acuerdo con el mérito que se establece de la ponderación de todas las etapas concursales.

 

Por otra parte el artículo 3 del Decreto Reglamentario 3982 de 2006 por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente, lo que hizo fue reproducir las etapas del concurso establecidas en el decreto que reglamentó, las cuales son necesarias para adelantar y culminar el proceso concursal, pero en ningún momento cambió lo establecido en el reglamentado en relación con las mismas.

 

Del artículo 9 del Decreto Ley 1278 de 2002 se infiere que una vez superadas las primeras etapas (convocatoria, inscripción, presentación  de   documentación,    verificación    de   requisitos  y publicación de los admitidos a las pruebas), se procedía a la selección mediante la prueba de aptitudes y competencias básicas, cuyo objeto era seleccionar los aspirantes más idóneos que harían parte de la lista de elegibles.

 

Sin embargo, lo anterior, no significa que quienes hubiesen superado esas etapas automáticamente harían parte de esa lista, por cuanto debían superar las demás etapas del concurso, es decir, la prueba psicotécnica, la entrevista y la valoración de antecedentes.

 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 3982 de 2006 estableció que la calificación mínima para superar cada una de las pruebas de aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas y por ende ser admitido a la valoración de antecedentes y entrevista, era de 60 puntos para cargos docentes y de 70 puntos para cargos directivos docentes.

 

Ahora, en el comunicado publicado por el ICFES, se informa al público interesado en el concurso para proveer cargos de docentes y directivos docentes, que las pruebas de aptitudes y competencias básicas y las psicotécnicas son eliminatorias, lo que significa que de no aprobarse alguna de éstas no es posible pasar a la siguiente etapa.

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la actora conocía las reglas de juego desde un principio, estaba enterado que de no alcanzar el puntaje mínimo exigido para uno o ambos tipos de pruebas quedaría eliminado, y en esas condiciones, no puede afirmarse que el principio de la confianza legítima haya sido vulnerado por haber sido excluido del concurso al no aprobar la prueba psicotécnica. En efecto, la demandante obtuvo un puntaje inferior a lo exigido para acceder a la siguiente etapa, lo que trajo como consecuencia su exclusión del concurso, tal como se indicó en las reglas de las convocatorias.

 

En ese orden de ideas, no puede la actora solicitar que se deje a salvo el cómputo hecho en la primera lista de resultados, por cuanto no existe disposición alguna en el Decreto Ley 1278 de 2002 ni en su Decreto Reglamentario 3982 de 2006, que permita establecer los resultados de las mencionadas pruebas promediando los puntajes obtenidos en una y otra, por lo que ninguna vulneración del derecho al debido proceso se observa. Además, es necesario insistir que sabía las reglas de juego desde el principio del concurso las cuales no fueron modificadas como se afirmó, lo que es indicativo claro de que no se presentó violación del mencionado derecho.

 

Por último y en cuanto al derecho al trabajo dirá la Sala que no se observa su vulneración por cuanto el sólo hecho de participar en un concurso de méritos no le otorga por sí solo el derecho a ser nombrado en el cargo para el cual está concursando.

 

Así las cosas, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a la tutela interpuesta y en su lugar, la negará, por no encontrarse vulneración de derecho fundamental alguno.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

REVÓCASE la sentencia del 27 de julio de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a la acción de tutela y en su lugar

 

NIEGASE la acción incoada por DAIRA ALEJANDRA POSADA LONDOÑO.

 

Notifíquese en legal forma a las partes.

 

Envíese copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de Antioquia.

 

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE.  Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

 

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

 

 

 

BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

 

          

 

 

JESÚS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE

 

 

 

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

 

 

Mercedes Tovar de Herrán

Secretaria General