Se atribuye a la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) la vulneración de derechos fundamentales del actor, al haberlo sancionado con la cancelación de la matrícula académica y, en consecuencia, negarle la expedición de los recibos de pago correspondientes a los derechos de grado e impedirle obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia. La sanción mencionada fue impuesta como resultado de un proceso disciplinario adelantado en contra del peticionario, por haber bloqueado con cadenas una de las puertas de acceso a la institución, como manifestación de protesta contra la gestión adelantada por altos directivos de la Fundación. La anterior actuación la realizó en su calidad de presidente de la Asociación Nacional Académica Samaritana y en unión de otras personas. Se analiza jurisprudencia constitucional relacionada con el derecho fundamental a la educación, específicamente en el contexto de la educación universitaria para los mayores de edad. Así mismo, se analiza temática sobre la autonomía universitaria y la garantía del debido proceso en el trámite de actuaciones disciplinarias. La Corte considera que la accionada trasgredió garantías constitucionales al haber adoptado una decisión con sujeción a lo previsto en el régimen disciplinario del reglamento estudiantil, cuando el accionante no podía ser tenido como estudiante matriculado, toda vez que ya había culminado materias y había cumplido requisitos de grado. Concluye la Sala que la entidad desconoció la realidad del vínculo jurídico existente entre ella y el tutelante, el cual era egresado no titulado. Se CONCEDE el amparo invocado.

Sentencia T-087/20

Referencia: Expediente T-7.523.410

Acción de tutela interpuesta por Cristian Alberto Sánchez Tusarma contra Fundación Universitaria San Martín

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020)

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

ANTECEDENTES

LA DEMANDA DE TUTELA

El señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma (en adelante, “el accionante o el actor”) interpuso acción de tutela contra la Fundación Universitaria San Martín (en adelante, “FUSM”), solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la asociación, al ejercicio de una profesión, al trabajo digno y al mínimo vital, los cuales considera que fueron vulnerados con ocasión de la expedición de la Resolución Rectoral N° 01 de 24 de julio de 2018, confirmada por la Resolución Rectoral N° 04 del 28 de agosto de 2018 y el Acuerdo N° 09 del 24 de septiembre de 2018, por medio de la que resolvió sancionarlo con la “cancelación de la matrícula”. Como resultado de lo anterior, le negaron la expedición de los recibos de pago requeridos para cancelar los derechos de grado.

expida los recibos y/o documentos para cancelar los servicios académicos relacionados con los derechos de grado, a fin de que pueda acceder al título profesional de Médico Veterinario y Zootecnista.

HECHOS RELEVANTES

[1].

[2], y otras personas, bloquearon con cadenas una de las puertas de acceso a la sede de la FUSM, ubicada en el norte de Bogotá D.C., como manifestación de protesta contra la gestión adelantada por altos directivos de la institución. Por solicitud de la rectora de la fundación universitaria, intervino la Policía Nacional a fin de mediar en la solución del problema[3].

[4]. En consecuencia, el 5 de abril de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo Académico de la Facultad, con base en lo establecido en el Reglamento Estudiantil, calificó la conducta del actor como falta gravísima y, por factor de competencia, dio traslado del asunto a la Rectora de la institución a fin de que impusiera la “sanción de Cancelación de Matrícula”[5].

[6]. Contra el fallo de primera instancia se interpuso recurso de apelación, sin embargo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en sentencia de segunda instancia, del 19 de junio de 2018, resolvió confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia[7].

[8].

[9].

[10]. Frente a esto, el apoderado general de la institución, mediante comunicación del 1° de marzo de 2019, respondió de manera negativa a dichas pretensiones, bajo el argumento de que, con la cancelación de la matrícula, el actor perdió la calidad de “estudiante” y, en efecto, “no es procedente expedir ningún recibo de pago por concepto de matrícula académica, derechos de grados, realización de recursos y, en general, la prestación de servicios de educación o expedición de títulos profesionales”[11].

[12]. Esto, en razón a que, para este momento, ya había finalizado el programa académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Art. 5° del Reglamento Estudiantil); (ii) afirmó que existe una “persecución” en su contra por su condición de representante legal y presidente de ASONAS, y como consecuencia de la “protesta pacífica” que realizó el 16 de enero de 2018; y (iii) la indebida integración del Consejo Académico cuando se reunió para imponer la sanción, comoquiera que, por un lado, participó la Secretaria Académica, pese a que los estatutos de la mencionada institución educativa establecen que no hace parte de dicho órgano, y por otro, no estuvo presente el representante de los profesores y de los estudiantes, en los términos que establece el artículo 68 de la Ley 30 de 1992.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA: FUSM

[13].

DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN

Primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2019

El Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., resolvió negar el amparo solicitado. Para tal efecto, en primer lugar, desestimó la existencia de temeridad en las acciones de tutela presentadas contra la medida de cancelación de matrícula. En segundo lugar, determinó que el accionante estaba en la situación de egresado no graduado, la cual se encuentra cobijada por el régimen de faltas y sanciones del Reglamento Estudiantil (parágrafo, art. 71). En tercer lugar, concluyó que el proceso disciplinario cuestionado, además de obedecer al principio de autonomía e independencia de la institución universitaria, respetó las garantías del derecho al debido proceso del actor.

Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia, fundado en que dicho juezno tuvo en cuenta que, en otro proceso de tutela iniciado en su contra por el represente de la FUSM, se protegió su derecho a la libertad de expresión por considerar que sus opiniones frente a la gestión de la universidad eran “actos veedores del control estatal”[14]. A su juicio, esto demuestra que ha sido perseguido y sancionado de manera ilegal. Agregó que la máxima sanción fue impuesta a “perpetuidad”, en tanto no le permitirá graduarse en ningún momento,y “sin tener en cuenta la gradualidad que establece el reglamento estudiantil” (Arts. 77 y 78). Finalmente, manifestó que, de las personas que participaron en la protesta fue el único sancionado de forma grave.

Segunda instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 25 de junio de 2019

El Juzgado Cincuenta y Tres del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que la sanción impuesta al actor estuvo precedida de un proceso disciplinario que se surtió acorde con el reglamento estudiantil, la ley y la Constitución. Por lo tanto, no existió violación del derecho a la educación por parte de la accionada.

ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Mediante auto del 21 de octubre de 2019, el Magistrado sustanciador, a fin de recaudar pruebas para mejor proveer, requirió al accionante y a la institución educativa accionada, para que suministraran información relacionada con los hechos objeto del proceso. En respuesta a lo anterior, las partes allegaron los documentos que se relacionan a continuación[15].

Información allegada por el señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma

Mediante correo electrónico del 29 de octubre de 2019, el actor dio respuesta a la solicitud de la Corte, en los siguientes términos:

Frente a los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2017, que fueron invocados como agravante en el proceso disciplinario, el actor manifestó que, en calidad de representante estudiantil[16], le hizo un “llamado de atención a la señora rectora […] sobre la forma como se estaba llevando la intervención efectuada por el Ministerio de Educación Nacional […] en lo referente a los aspectos administrativos, financieros y reserva de la información de dicha intervención.” Además, alegó que no fue notificado de la queja que se presentó por estos hechos.

Informó que no ha activado ningún mecanismo de defensa judicial o administrativo, a fin de controvertir las resoluciones expedidas por la fundación universitaria.

Agregó que la accionada violó su derecho a la igualdad. Manifestó que, aunque en los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018 participaron varios ex trabajadores, estudiantes y egresados de la FUSM, fue el único que resultó sancionado con la cancelación de la matrícula. Para demostrar lo anterior, aportó copia del título de Médica Veterinaria y Zootecnista obtenido por la estudiante Diana Jaramillo, que también fue notificada de la querella presentada por el representante legal de la universidad, por los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018.

[17]. Para tal efecto, aportó copia del expediente del proceso administrativo disciplinario y del Acuerdo No. 09 del 31 de marzo de 2016, “Por el cual se actualiza y aprueba el Reglamento de Estudiantes de la FUSM”, e informó lo siguiente:

Señaló que el accionante ya había interpuesto una acción de tutela en términos semejantes y entre las mismas partes, pero las pretensiones fueron negadas por los jueces de primera y segunda instancia (Rad. 2018-0058)[18].

Reiteró que el trámite para la imposición de la sanción en virtud de la que el actor perdió su calidad de “egresado no graduado” de la FUSM, respetó las garantías del debido proceso y defensa.

Con relación a los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2017, que fueron calificados como agravante por la institución accionada, manifestó que “el solo hecho que generó la compulsa de copias por el Representante Legal de la época, es causal para tipificar la falta y su consecuente sanción y esas otras actividades configuradas en el año 2017 contra el reglamento, solo contribuyeron a hacer más probable el modelo de conducta del disciplinado y que pudieron ser objeto de otro proceso disciplinario.”[19]

Informó que, mediante “acción de policía”, se resolvió la querella presentada contra el accionante y otros por la infracción a las normas del Código de Policía y Convivencia, que tuvo lugar el 16 de enero de 2018. Esta actuación terminó con conciliación por aceptación de los infractores en los hechos y con el compromiso de abstenerse de ingresar a las instalaciones, salvo para solicitar la expedición de determinados documentos[20].

Finalmente, remitió copia del requerimiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional a la FUSM, el 2 de abril de 2019, con relación a la petición presentada por el accionante ante la Defensoría del Pueblo, por la negativa en la expedición de los recibos de pago para “opción de grado y derechos de grado”. Además, adjuntó copia de oficio del 5 de abril de 2019, por medio del cual la FUSM respondió al requerimiento realizado por el Ministerio[21], advirtiendo que, a la fecha, no ha recibido ninguna comunicación de su parte.

Frente a la información remitida por la FUSM, se recibieron los siguientes informes:

Mediante correo electrónico del 1 de noviembre de 2019, el actor manifestó que (i) el proceso de tutela primigenio se ocupó de estudiar el derecho al debido proceso (Rad. 2018-0058), mientras que la presente acción persigue la protección del derecho a la educación, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión; (ii) en la sesión que se impuso la sanción en su contra no asistieron los representantes de los estudiantes, docentes y egresados, como lo dicta la Ley 30 de 1992; (iii) las pruebas aportadas al proceso desvirtúan las acusaciones realizadas por la entidad accionada; (iv) el Ministerio de Educación no ha prestado atención a su situación; y (v) reiteró que no fue notificado de la queja presentada el 28 de febrero de 2017.

El 5 de noviembre de 2019, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la FUSM, invocando la presunta condición de tercero con interés, manifestó su apoyo a la solicitud de amparo del accionante y solicitó que, de advertirse conductas irregulares por parte de los directivos de la institución en el caso del actor, se denuncien ante instancias administrativas y penales.

En respuesta a lo anterior, mediante oficio del 5 de noviembre de 2019, el representante legal de la FUSM manifestó que (i) por los hechos ocurridos en el año 2017 no se inició proceso disciplinario, por lo tanto, no debían notificarlo de ninguna actuación; (ii) la sanción solo fue impuesta al tutelante por el grado de responsabilidad en los hechos ocurridos en enero de 2018; y (iii) la intervención del presidente del Sindicato desborda su objeto y el de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

21. Esta Corte es competente para conocer de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 29 de agosto de 2019, notificado el 12 de septiembre del mismo año, proferido por la Sala de Selección de Tutela Número Ocho de esta Corte, que decidió seleccionar para revisión el proceso de la referencia[22].

PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia[23] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando, existiendo ese medio este carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio cuando la acción se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer la acción principal en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela, y la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[24].

Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá, primero, a verificar si la presentación de esta configura una actuación temeraria y, segundo, si se cumplen los requisitos formales de procedibilidad.

Análisis de la presunta temeridad por la presentación de la acción de tutela

[25] La Corte ha interpretado esta norma para señalar que, en sentido estricto, la temeridad se configura cuando se presentan los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.” [26]

En el caso concreto, se tiene que, el 20 de abril de 2018, el actor interpuso una primera acción de tutela contra la FUSM, por considerar que el proceso disciplinario no garantizó su derecho al debido proceso. En consecuencia, solicitó que se ordenara a la accionada declarar la nulidad y finalizar dicho procedimiento y, además, que se abstuviera de iniciar otras actuaciones disciplinarias. Los jueces de tutela de primera y segunda instancia, en sentencias de mayo y junio de ese mismo año, resolvieron negar el amparo invocado[27], bajo el argumento que no existía evidencia de la violación al debido proceso del actor.

25). Lo anterior, por cuanto, al momento de la interposición de la primera acción de tutela, en abril de 2018, no había concluido el procedimiento administrativo de carácter sancionatorio. En cambio, en mayo de 2019, cuando fue presentada la segunda solicitud de amparo, la institución educativa ya había concluido su actuación con la expedición de la Resolución Rectoral y las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición y apelación; decisiones que, precisamente, cuestiona el actor en esta ocasión, porque, con base en estas, le fueron negados los recibos de pago necesarios para obtener su título profesional. Por estas razones, la Sala considera que, contrario a lo solicitado por la institución accionada, no se configura una actuación temeraria por parte del actor.

Procedencia de la acción de tutela – Caso concreto

Legitimación por activa. Con base en lo establecido por el artículo 86 de la Constitución, y lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[28], la Sala considera que el accionante está legitimado para ejercer de manera directa el acción constitucional, por cuanto es el titular de los derechos presuntamente vulnerados por la institución educativa accionada.

Legitimación por pasiva. La acción de tutela se dirige contra la Fundación Universitaria San Martín, una entidad privada que se ocupa de prestar el servicio público de educación. Por lo anterior, esta institución educativa queda comprendida por la regla de procedencia establecida en el numeral 1° del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[29]. En consecuencia, se encuentra legitimada por pasiva en el presente asunto.

Inmediatez. De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el alcance que le ha dado la jurisprudencia constitucional al principio de inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un término prudente y razonable respecto del momento en el que presuntamente se causa la vulneración[30]. Cabe anotar que la razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino que corresponde al juez de tutela evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso, lo que constituye un término razonable.

En el asunto bajo estudio, en principio, se podría afirmar que transcurrió un término prolongado entre el momento en el cual la institución accionada confirmó la resolución por medio la que canceló la matrícula del accionante (24 de septiembre de 2018), y la presentación de la acción de tutela (13 de mayo de 2019). Sin embargo, observa la Sala que no se trata de un caso de inactividad injustificada que torne improcedente la acción de tutela. Por el contrario, advierte que, con posterioridad a la imposición de la sanción referida, el actor realizó diversas gestiones encaminadas a lograr la expedición de los recibos necesarios para pagar los derechos de grado y, en efecto, obtener su título profesional.

De la prueba documental que reposa en el expediente, se tiene que (i) en agosto de 2018, el actor solicitó la expedición de una constancia académica que le fue entregada el 23 de agosto de ese mismo año, la cual certifica que la cancelación de los derechos de grado es el único requisito que tiene pendiente para graduarse; (ii) en octubre de 2018, obtuvo copia del Acta No. 162 de la sesión del 5 de abril de 2018, en la que el Consejo Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia le impuso la sanción de cancelación de matrícula; (iii) en febrero de 2019, radicó petición ante el decano de la facultad a fin de que se le expidiera el recibo de pago y se le asignara hora, lugar y fecha de graduación. Sin embargo, mediante oficio del 1° de marzo del año en curso, el apoderado legal de la FUSM le negó lo solicitado.

Por lo anterior, concluye la Sala que, de cara a las circunstancias particulares del caso concreto, los ocho (8) meses que, aproximadamente, trascurrieron entre la decisión que confirmó la sanción disciplinaria y la fecha de la interposición de la acción de tutela, es un plazo oportuno y razonable para reclamar por este medio judicial la protección de los derechos fundamentales invocados. Esto, más aún, cuando sigue vigente la imposibilidad de que el actor acceda a su título profesional, como consecuencia de las determinaciones adoptadas por la institución accionada.

Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció como causal de improcedencia de esta acción la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a ella como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio irremediable.

La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y eficaces para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados. Ha también sostenido que, en este contexto, un proceso judicial es idóneo cuando es materialmente apto para producir el efecto protector de tales derechos, y es eficaz cuando está diseñado para protegerlos de manera oportuna[31]. Entre las circunstancias que el juez debe analizar para determinar la idoneidad y eficacia de los recursos judiciales, se encuentra las condiciones en las que se encuentra la persona que acude a la tutela[32].

En el presente caso, el demandante alega que las resoluciones por medio de las cuales la FUSM lo sancionó con la cancelación de la matrícula, así como la comunicación mediante la cual se negó la expedición del recibo de pago correspondiente a los derechos de grado, violan sus derechos fundamentales a la educación, a la libertad de ejercer profesión u oficio, entre otros. Por este motivo, la procedencia o no de la acción de tutela está supeditada a que la Sala verifique si existe un medio ordinario de defensa judicial que sea idóneo y eficaz para lograr las finalidades de la tutela, esto es, el restablecimiento y protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.

[33]. En estos casos, a diferencia de lo que ocurre con los actos administrativos proferidos por las universidades públicas, que son objeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisprudencia constitucional ha determinado que las resoluciones y acuerdos dictados por las universidades privadas, en tanto no constituyen actos administrativos, solo podrían ser eventualmente cuestionados ante el Ministerio de Educación Nacional, en virtud de su función administrativa de vigilancia y control sobre la prestación del servicio público de educación. Por ello, ha concluido que, en principio, no existe otro medio judicial diferente a la acción de tutela que permita cuestionar las decisiones disciplinarias que adopten las universidades privadas[34].

18), la presente acción de tutela procede como mecanismo definitivo de protección frente a la decisión disciplinaria dictada por la universidad accionada de naturaleza privada.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN

Acorde con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si la Fundación Universitaria San Martín -FUSM- violó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la educación, a ejercer una profesión y al trabajo del señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma, al haberlo sancionado con la cancelación de la matrícula académica y, en consecuencia, negarle la expedición de los recibos de pago correspondientes a los derechos de grado e impedirle obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado por la Sala, en primer lugar, se hará referencia a la jurisprudencia constitucional sobre el derecho fundamental a la educación, deteniéndose en el contexto de la educación universitaria para los mayores de edad. En segundo lugar, se analizará el principio de la autonomía universitaria y la garantía del debido proceso en el trámite de actuaciones disciplinarias. Finalmente, con base en ese marco de análisis, se procederá a resolver el caso concreto.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

El marco constitucional vigente consagra a la educación como un “derecho de la persona y un servicio público” que cumple una función social (C.P., art. 67, inciso 1°)[35], que tiene el carácter de fundamental para los niños y las niñas (C.P., art. 44)[36] y, que impone al Estado y a la sociedad la obligación de garantizar la protección y la formación integral del adolescente y de la juventud (C.P., art. 45).

La Corte ha interpretado el contenido del derecho a la educación a partir de los preceptos constitucionales anotados, y con base en lo dispuesto por determinados instrumentos internacionales, a saber: (i) el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[37]; (ii) el artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[38]; y (iii) el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)[39].

Asimismo, con base en lo dispuesto en la Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), la Corte ha manifestado que existen cuatro facetas prestacionales del derecho a la educación:

“i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse”[40].

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho a la educación tiene carácter fundamental tanto en el caso de los menores de edad como en el de los adultos[41]. Aunque el texto constitucional no es explícito en este sentido, la Corte ha manifestado que la fundamentalidad de este derecho, sin distinción por razón de la edad, se debe a que “(…) es inherente y esencial al ser humano, [dignifica a] la persona (…), además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura”[42].

Por esto último, la educación ha sido considerada por esta corporación como el punto de partida para la protección de los derechos consagrados en los artículos 26 y 27 de la Constitución Política, tales como la libertad para escoger la profesión u oficio, y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Asimismo, como medio necesario para hacer efectivos otros derechos de raigambre fundamental, como por ejemplo, la igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo[43].

Sin embargo, el carácter fundamental del derecho a la educación no implica que las condiciones de su aplicación sean las mismas para toda la población[44]. La Corte ha señalado que, estas difieren en función de, por los menos, dos criterios: nivel de educación y edad de la persona. En concreto, ha manifestado que, “en materia de condiciones de acceso a la educación, tanto los tratados de derechos humanos como la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, han diferenciado entre obligaciones de aplicación inmediata y deberes progresivos, con base en parámetros de edad del educando y nivel educativo”[45].

Así, por ejemplo, de acuerdo con el precedente reiterado de esta Corte[46], el Estado tiene la obligación inmediata de (i) garantizar a los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 18 años[47], el acceso a un año de educación preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria[48]; y (ii) de asegurar a los mayores de edad, “el acceso a la educación básica primaria”[49]. En contraste con esto, ha precisado que, el aparato estatal tiene el deber progresivo de realizar esfuerzos, para que los mayores de edad puedan acceder, de manera gradual, a la educación media secundaria y superior[50].

[51] En todo caso, así como la protección del derecho a la educación tiene mayor o menor alcance dependiendo de la edad y el nivel educativo de la persona, la Corte ha precisado que el grado de autonomía que tienen los colegios no es equivalente al que se reconoce a las universidades[52].

En el contexto de la educación superior o universitaria, el desconocimiento de las normas administrativas, académicas y disciplinarias puede conllevar a que la institución educativa, en ejercicio de la autonomía universitaria (C.P., art. 69), adopte medidas correctivas y sancionatorias que entran en tensión con la garantía de permanencia del derecho a la educación. Por esta razón, y teniendo en cuenta los hechos del caso concreto, procede la Sala a estudiar la jurisprudencia constitucional que, con base en el contenido del derecho al debido proceso, ha definido los parámetros bajo los cuales se solucionan los conflictos que surgen de la actividad académica.

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES DE CARACTER DISCIPLINARIO

La autonomía universitaria, establecida en el artículo 69 Superior, es una garantía institucional que tiene como propósito garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (C.P., art. 27), y permitir la diversidad, el pluralismo y el desarrollo de la libertad de conciencia en los centros educativos[53].

La Corte ha determinado que, en virtud de esta garantía, las instituciones educativas tienen, entre otras[54], la facultad para darse sus propios estatutos, definir libremente su filosofía y auto-regularse, por ejemplo, mediante la expedición de un reglamento contentivo de la normas internas que, entre otros aspectos, prevean (i) las obligaciones académicas y disciplinarias que adquieren los estudiantes a su ingreso, (ii) las sanciones que pudieran derivarse de su incumplimiento, y (iii) el procedimiento a seguir antes de imponer una sanción[55].

En consideración de los hechos que ocupan la atención de la Sala, se hace énfasis en que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que “[l]as sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria”[56].Conforme al precedente constitucional, el derecho sancionador puede aplicarse con ciertos matices en las relaciones que surgen entre la institución educativa y el estudiante, dado que estos planteles tienen una naturaleza formativa y por ende, deben propender por un “adecuado funcionamiento del sistema de enseñanza e implementar estrategias de formación a favor de los alumnos que comprendan la responsabilidad por el incumplimiento de sus deberes, la ética y los derechos fundamentales de los demás”[57].

as instituciones educativas, tanto de naturaleza pública como privada, están limitadas por las garantías del debido proceso, cuando en ejercicio de su autonomía decidan imponer sanciones por la comisión de faltas, que, por ejemplo, comprometan la disciplina y objetivos del plantel educativo [58]. En especial, la actuación disciplinara debe sujetarse a los derechos de defensa y contradicción.

La jurisprudencia constitucional ha explicado que, con el fin de proteger el derecho a la educación y evitar que la autonomía universitaria derive en arbitrariedad, la imposición de una sanción de carácter disciplinario debe estar precedida de unas etapas procesales que garanticen los elementos mínimos del derecho al debido proceso, los cuales, cabe aclarar, no se aplican en los mismos términos ni con el mismo rigor que se exige para el trámite de los procesos judiciales[59].

Por esta razón, la Corte ha reiterado que, en este tipo de situaciones, la institución de educación superior, por lo menos, está obligada a garantizar los siguientes aspectos:

“(…) (1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes”[60].

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia reciente de esta Corporación ha establecido que las universidades, en los reglamentos estudiantiles, deben garantizar el derecho al debido proceso, tanto formal, como material, lo que, entre otras cosas, implica que, “(i) las sanciones no podrán ser desproporcionadas, ni inconstitucionales; y (ii) que las faltas en la que puedan incurrir estén establecidas con anterioridad”[61].

[62]. En ese sentido, la Corte ha concluido que “(…) imponerle a un estudiante una sanción por cometer faltas que comprometan la disciplina y los objetivos del plantel educativo, no constituye una vulneración a sus derechos fundamentales, siempre y cuando las medidas adoptadas, garanticen el debido proceso”[63].

SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO: LA FUSM VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA EDUCACIÓN, A EJERCER UNA PROFESIÓN Y AL TRABAJO DEL ACCIONANTE

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la Fundación Universitaria San Martín -FUSM- violó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la educación, a ejercer una profesión y al trabajo del señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma, al haberlo sancionado con la cancelación de la matrícula académica y, en consecuencia, negarle la expedición de los recibos de pago correspondientes a los derechos de grado e impedirle obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Con base en el material probatorio que reposa en el expediente, en aplicación de los criterios jurisprudenciales desarrollados en el acápite anterior y a partir del análisis de las normas reglamentarias internas de la FUSM, la Sala encuentra que se presentó una vulneración del derecho al debido proceso administrativo y a la educación del accionante. A continuación, se exponen las razones que sustentan esta conclusión.

Análisis sobre la vulneración del derecho al debido proceso administrativo y a la educación por parte de la FUSM

48 y siguientes de esta providencia, la educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que exige a los estudiantes el acatamiento de los reglamentos que las instituciones educativas profieran. El incumplimiento de las normas de comportamiento habilita a las instituciones de educación superior para que ejerzan su facultad disciplinaria y, por consiguiente, adopten las medidas o sanciones establecidas en los reglamentos internos.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la Corte ha advertido que el proceso disciplinario, en el contexto de la educación superior, debe enmarcarse en los límites constitucionales que se desprenden del derecho al debido proceso. Por esta razón, y tal como lo explicó la Sala (ver supra, numerales 53 a 57), las autoridades que dirigen los planteles de educación superior, de naturaleza pública y privada, deben garantizar en el trámite de los procesos disciplinarios los elementos mínimos del debido proceso.

En el caso concreto, en ejercicio del principio constitucional de autonomía universitaria, la institución accionada expidió el Acuerdo No. 09 del 31 de marzo de 2016 “Por el cual se actualiza y aprueba el Reglamento de Estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín”. Este reglamento, entre otras materias, establece el régimen académico que prevé las condiciones para la admisión y permanencia en la institución educativa (Capítulo II), los derechos y deberes del estudiante (Capítulo X) y el régimen disciplinario que le aplica a este último (Capítulo XI).

Con sujeción a lo dispuesto en las normas reglamentarias, la FUSM inició un proceso disciplinario contra el accionante, con fundamento en la solicitud presentada por el representante legal de la institución, el 30 de enero de 2018. En este memorando, se señaló al actor como responsable de la comisión de una falta gravísima por haber retenido e injuriado al personal administrativo de la universidad, entre las 7 pm y 10 pm del día 16 de enero de 2018[64]. La universidad concluyó este proceso con la imposición de la máxima sanción disciplinaria de “cancelación de matrícula” y, en virtud de esto, en marzo de 2019, le negó la expedición del recibo de pago correspondiente a los derechos de grado, necesario para obtener el título profesional[65].

No cabe reproche alguno contra el diseño del procedimiento para imponer sanciones previsto en los artículos 88 a 90 del Reglamento, ni contra la forma en que la institución educativa accionada dio cumplimiento al mismo[66]. En efecto, la FUSM demostró con suficiencia que (i) el 16 de febrero de 2018 efectuó la comunicación de la apertura del proceso disciplinario al accionante[67]; (ii) en el pliego escrito de cargos del 5 de febrero de 2018, señaló de manera clara y precisa que la conducta del actor daba lugar a la configuración de las faltas previstas en los literales a), b), c), d), e), f), i) del artículo 73 del Reglamento[68], las cuales calificó, de manera provisional, como gravísimas[69]; (iii) en la misma comunicación del 16 de febrero de 2018, dio traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados[70]; (iv) indicó al accionante que tenía 10 días hábiles para formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considerara necesarias[71]. Sin embargo, el interesado no atendió este requerimiento en el término previsto, limitándose a presentar una solicitud de nulidad que, en todo caso, le fue negada mediante decisión motivada, el 22 de marzo de 2018[72]. Por último, (v) la institución garantizó el derecho de contradicción, al darle trámite a los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución Rectoral sancionatoria[73].

No obstante, de la revisión minuciosa del expediente contentivo de la actuación disciplinaria, la Sala observa que, a pesar de que se agotaron formalmente las etapas procesales establecidas en el reglamento interno, la sanción determinada y su motivación no se adecuan al tipo de vinculación que el actor tenía con la institución educativa en el momento de imponer la sanción, tal como pasa a explicarse.

[74]. En esa medida, la Sala advierte que el accionante como “egresado no graduado” no se encontraba matriculado para el momento en que se impuso la sanción, toda vez que, en estricto sentido, este no tenía el deber de pagar los derechos de matrícula correspondientes al primer semestre del año 2018, ni tampoco debía realizar un pre-registro de las asignaturas de su programa académico, tal y como lo exige para la formalización de la matrícula las precitadas disposiciones reglamentarias.

A pesar de lo anterior, no se puede desconocer que la persona que ha culminado el programa académico y que no ha obtenido el título profesional, mantiene una relación jurídica con la institución en la que cursa, lo cual implica que también se encuentra sujeto al régimen disciplinario. Es así, como en el parágrafo del artículo 71 del Reglamento interno de la FUSM, se establece que los preceptos relativos al régimen disciplinario también son aplicables a los “egresados no graduados” que comentan faltas. Sin perjuicio de ello, las sanciones que pueden imponerse a estas personas que han culminado el pensum académico, pero que están pendientes del proceso de grado, deben necesariamente responder a la realidad jurídica en la que se encuentran. Esto es, que no tienen una matrícula con la universidad[75].

Aun cuando los reglamentos de las instituciones educativas deben ser aplicados de manera general a todas las personas que, de una forma u otra, tienen una vinculación con la misma, las sanciones aplicables a cada uno de ellos deben responder a la relación jurídica que existe entre tales sujetos. Por ende, los “egresados no graduados” pueden ser efectivamente sancionados en procesos disciplinarios que hubieren sido iniciados legalmente en contra de ellos, pero las sanciones aplicables deben corresponder con el hecho que no son personas que cuenten con una matrícula[76].

[77] ni tampoco para negarle al actor la expedición del recibo de pago para los derechos de grado. Tal y como quedó demostrado, el Reglamento Estudiantil de la FUSM, pese a que consagra una cláusula general en la que hace extensivo el régimen disciplinario a los “egresados no graduados” (parágrafo del artículo 71 del Reglamento), establece sanciones, como la cancelación de matrícula, que solo pueden ser aplicadas a quienes están vinculados con la institución en calidad de “estudiantes”. Esto, por cuanto, presuponen la existencia de una matrícula académica que, de conformidad con lo estipulado en los artículos 10 y 12 del Reglamento, sí tienen los “estudiantes”, mas no los “egresados no graduados”.

[78].

Por lo demás, y en la medida que, (i) para la imposición de la sanción de cancelación de matrícula, se equiparó la condición de “egresado no graduado” a la de “estudiante”, sin contemplar las diferencias que existe entre la vinculación de uno y otro grupo con la universidad[79], y (ii) se prohibió la expedición del recibo para pago de los derechos de grado, pese a que no se trata de una sanción prevista en el Reglamento, la Sala considera que la FUSM violó el debido proceso administrativo del actor, por haber incurrido en un error en la motivación y definición de la sanción disciplinaria y, por haberle dado un alcance a esta que excedió lo establecido por los artículos 78 y 83 del Reglamento[80].

Cabe aclarar que, la causa de la violación del derecho al debido proceso administrativo analizada en este proceso, es distinta a la que estudiaron los jueces de tutela de primera y segunda instancia, en la acción de tutela que el accionante interpuso de manera previa (abril de 2018). Mientras que, en la solicitud de amparo que ocupa la atención de la Sala, se juzga la definición y la motivación de la sanción en la resolución rectoral y los posteriores actos que la confirmaron, en el proceso de tutela que lo antecede, los jueces, exclusivamente, analizaron si la FUSM garantizó el debido proceso en las actuaciones que adelantó hasta antes concluyera el procedimiento sancionatorio. Por lo tanto, descarta la Corte que, sobre el punto de derecho decidido en esta oportunidad, exista cosa juzgada constitucional (ver supra, numerales 24 a 27).

Aunado a lo anterior, advierte la Corte que la conducta reprochada ocasionó la violación de los derechos del accionante al trabajo (Art. 25, C.P.) y a ejercer una profesión (Art. 26, C.P.) por dos razones. Primero, ha transcurrido más de un año desde la fecha en la que quedó en firme la sanción disciplinaria, lo que ha impedido que el actor alcance sus expectativas académicas mediante el acceso al título profesional[81]. Segundo, porque fue sancionado con la expulsión de la universidad, por un acto diferente al académico, a pesar de que este ya había (i) cursado y aprobado el total de materias de primero a décimo semestre y, (ii) realizado el trabajo de pasantía como opción de grado, quedándole solo pendiente “cancelar el valor correspondiente a esta opción de grado”[82].

[83]. Sin embargo, llama la atención en que, en el contexto de la educación superior, la definición y motivación de una sanción debe hacerse (i) con sujeción a lo previsto en el régimen disciplinario del reglamento estudiantil y, (ii) teniendo en cuenta la situación o vínculo jurídico que existe con el destinatario de la medida. De otro modo, la institución educativa excede las facultades que le confiere la autonomía universitaria, actuando de forma arbitraria y en contravía de las garantías mínimas del derecho al debido proceso.

Órdenes por impartir

En consecuencia, la Corte revocará las decisiones de los jueces de tutela de primera y segunda instancia y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos vulnerados. Para restablecerlos, se estima que, de cara a las circunstancias del caso concreto, el remedio constitucional debe armonizar, de un lado, la autonomía que tiene la FUSM para definir si impone o no una de las sanciones previstas en el Reglamento para los “egresados no graduados” (ver supra, numerales 69 y 70), y de otro, la eficacia de los derechos fundamentales vulnerados al actor.

66 a 74 de esta providencia y, en segundo lugar, ordene la expedición del recibo de pago para los derechos de grado, de manera que permita al accionante realizar la cancelación de los mismos y, en efecto, obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

La Fundación Universitaria San Martín -FUSM-, vulneró el derecho fundamental del actor al debido proceso administrativo, y como consecuencia de lo anterior desconoció el contenido del derecho a la educación, al trabajo y a ejercer una profesión, al haberle negado la expedición del recibo para pagar los derechos de grado e impedirle obtener el título profesional en Medicina Veterinaria y Zootecnia, sobre la base de la ausencia de definición y motivación de la sanción (i) con sujeción a lo previsto en el régimen disciplinario del reglamento estudiantil y, (ii) la situación o vínculo jurídico que existe con el destinatario de la medida. Lo anterior, teniendo en cuenta que el accionante no puede ser tenido como estudiante matriculado, al haber culminado materias y haber cumplido requisitos de grado. Por lo anterior, desconoció la realidad del vínculo jurídico existente entre la FUSM y el tutelante como “egresado no graduado”.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

PRIMERO.- REVOCAR por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., el 24 de mayo de 2019, y por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 25 de junio de 2019, respectivamente, que resolvieron negar el amparo solicitado por el señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos del accionante al debido proceso administrativo, a la educación, a ejercer una profesión y al trabajo.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en esta sentencia, DEJAR SIN EFECTOS (i) la decisión adoptada por el Consejo Académico Extraordinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, en sesión del 5 de abril de 2018; (ii) la Resolución Rectoral No. 01 del 24 de julio de 2018 “Por la cual se impone una sanción disciplinaria al estudiante Cristian Alberto Sánchez Tusarma”; (iii) la Resolución Rectoral No. 04 del 28 de agosto de 2018, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición”; y (iv) el Acuerdo No. 09 del 24 de septiembre de 2018, “Por el cual se resuelve el Recurso de Apelación”.

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Fundación Universitaria San Martín que, en el término de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación de esta providencia, adopte una nueva decisión frente a la situación del señor Cristian Alberto Sánchez Tusarma, en la que se cumplan con los fundamentos jurídicos 60 a 76 de esta providencia.

CUARTO. – LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes y terceros intervinientes, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, a través del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C

Notifíquese, comuníquese, cúmplase.

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Magistrado Con aclaración de voto

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General

[1] Según consta en la copia de la constancia suscrita por el Secretario Académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, expedida el 23 de agosto de 2018. Folio 13 del cuaderno principal.

[2] Según consta en la copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el 10 de mayo de 2019, el actor es el presidente y representante legal de ASONAS, organización sin ánimo de lucro que fue constituida en junio de 2017 y tiene por objeto el desarrollo de actividades académicas, de asesoría y consultoría, así como de carácter investigativo en materia de educación superior a nivel nacional, entre otras. Folios 56 a 58 del cuaderno principal.

[3] Según se observa en la constancia expedida por miembros del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana N° Uno de la Policía Nacional, el 17 de enero de 2018, el actor, en compañía de otras cuatro personas, comparecieron a este comando para dejar constancia de los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018. En particular, manifestaron que la protesta se realizó porque los directivos de la FUSM, entre otras cosas, “1.No han rendido cuentas del periodo de su intervención de febrero de 2015 a febrero del 2017.// 2. La comunidad Academia [sic] no conoce los informes de auditoría, donde se evidencia los malos manejos administrativos y financieros. […]”. Folios 60 y 61 del cuaderno principal.

[4] Según consta en el memorando de fecha 30 de enero de 2018, el representante legal de la FUSM presentó dicha solicitud al considerar que el accionante (i) atentó contra el prestigio y el buen nombre de la institución, ya que el día de los hechos esta se encontraba desarrollando el proceso de admisión y matrícula; (ii) insultó e injurió a los directivos y personal administrativo de la FUSM; y (iii) obstaculizó el libre tránsito o acceso de los miembros de la comunidad académica a las instalaciones e impidió el normal desarrollo de las actividades. Folios 14 y 15 del cuaderno principal. Adjuntó como material probatorio tres declaraciones rendidas por funcionarios de la institución sobre los hechos ocurridos el 16 de enero de 2018. Folios 16 a 26 del cuaderno principal.

[5] Según consta en la copia del Acta No.162 del 5 de abril de 2018, el Consejo Académico Extraordinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, integrado por el Decano, la Secretaria Académica, el Coordinador de la Clínica e Investigación y la Coordinadora de Clínicas, se reunió con el fin de resolver sobre la queja disciplinaria presentada contra el accionante, para lo cual tuvo en cuenta como agravante “la queja presentada por miembros de la comunidad académica el día 28 de Febrero (sic) de 2017, en la cual evidencian que el [actor] fue irrespetuoso con (…) la Rectora de la Fundación en la reunión pública realizada en el auditorio de la institución frente a la comunidad académica.” En esta sesión, la Rectora de la institución se declaró impedida para participar en razón a que podría ser la siguiente instancia en el proceso disciplinario. Folios 27 a 29 del cuaderno principal.

[6] Folios 107 a 112 del cuaderno principal.

[7] Folios 113 y 114 del cuaderno principal.

[8] Folios 30 a 38 del cuaderno principal.

[9] Folios 40 a 53 del cuaderno principal.

[10] Folios 63 y 64 del cuaderno principal.

[11] Folios 71 y 72 del cuaderno principal.

[12] En ese sentido, manifestó en el escrito de tutela que “[l]a Autonomía Universitaria no puede transgredir el ordenamiento legal y constitucional hasta el punto de imponerme una SANCIÓN PERPETUA, que implica no acceder, de por VIDA, a ningún servicio prestado por la universidad y, en consecuencia, impedir mi graduación y obtener mi título profesional.” (Negrillas y mayúsculas en el texto original). Folio 8 del cuaderno principal. Además, como fundamento del derecho a la educación, citó apartes de las consideraciones realizadas por la Corte en las sentencias T-339 de 2008 y T-089 de 2019.

[13] Según consta en la copia del Acta de Audiencia Pública expedida por la Inspección 2 “D” Distrital de Policía de Bogotá D.C., el 29 de abril de 2019, el accionante, junto con las otras personas que participaron en la protesta, y el apoderado judicial de la FUSM decidieron conciliar sobre los hechos objeto de la querella, razón por la que la inspectora resolvió decretar la terminación de la acción de policía y archivar el proceso. Folios 54 y 55 del cuaderno principal.

[14] El accionante se refiere a la sentencia proferida por el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá D.C., el 2 de abril de 2018, mediante la que resolvió la acción de tutela presentada por Ricardo Bolaños, en su condición de representante legal de la FUSM, contra el señor Sánchez Tusarma (accionante en el presente proceso de tutela), con el fin de que este rectificara las manifestaciones realizadas contra la FUSM. El juez de la causa negó el amparo solicitado al considerar que el accionado actuó en ejercicio de su derecho de participación ciudadana y dentro del ámbito de protección de la libertad de expresión. Folios 73 a 81 del cuaderno principal.

[15] Mediante oficio del 5 de noviembre de 2019, la Secretaría General de esta Corte remitió al despacho del magistrado sustanciador los informes que allegaron las partes en respuesta al auto de pruebas.

[16] El accionante aportó copia de la citación al Consejo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que le remitió esa misma dependencia, el 27 de abril de 2017.

[17] El señor Ricardo Bolaños Peñaloza allegó la Escritura Pública No.1323 de la Notaria 20 de Bogotá D.C., mediante la que le fue conferido poder general, amplio y suficiente para representar legal y judicialmente a la FUSM. Folio 305 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio,

[18] Folios 199 a 277 del cuaderno del proceso administrativo de carácter disciplinario.

[19] La accionada adjuntó copia de la queja presentada contra el accionante por miembros de la comunidad académica, el 28 de febrero de 2017, advirtiendo que respecto de esta “no se surtió ningún trámite adicional a ser considerada como una reiteración de la conducta del disciplinado.” Frente a esta conducta, la institución educativa sancionó al actor con una amonestación privada, de acuerdo a lo registrado en el oficio del 16 de abril de 2018, mediante el que el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia le dio traslado a la Rectora de la FUSM del proceso disciplinario en contra del accionante. Folios 44 y 62 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[20] Folios 279 a 296 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[21] Folios 297 a 304 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[22] La Sala de Selección Número Ocho de la Corte resolvió seleccionar para revisión el proceso de la referencia, con fundamento en el criterio objetivo de la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y, el criterio subjetivo de selección de urgencia de proteger un derecho fundamental.

[23] Corte Constitucional, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548 de 2015, y T-317 de 2015.

[24] Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. (…)”.

[25] El inciso segundo de la norma precitada, establece: “El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”.

[26] Ver sentencias T-568 de 2006, T-951 de 2005, T-410 de 2005, T-162 de 2018, entre otras.

[27] Mediante sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C., el 8 de mayo de 2018, y sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el 19 de junio de 2018.

[28] Al regular la acción de tutela, la Constitución establece quiénes son los legitimados para interponerla. Establece al respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (Subrayado fuera del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en la causa por activa, de la siguiente forma: “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos” (Subrayado fuera de texto original).

[29] Decreto 2591 de 1991, artículo 42: “La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: || 1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación […]”. Ver también, Constitución Política, Art. 67.

[30] Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992.

[31] Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2009.

[32] La idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera general, sin consideración a las circunstancias particulares del asunto sometido a conocimiento del juez. En otros términos, no es posible afirmar que determinados recursos son siempre idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones sin consideración a las circunstancias del caso concreto.

[33] Corte Constitucional, sentencia T-089 de 2019.

[34] De igual modo, a esta conclusión han arribado diferentes Salas de Revisión de la Corte, al resolver de fondo acciones de tutela en esta materia, sin haber realizado un análisis expreso del requisito de subsidiariedad. Corte Constitucional, sentencias T-550 y 720 de 2012, entre otras.

[35] Corte Constitucional, sentencia C-003 de 2017.

[36] El inciso 3º del artículo 67 de la Carta Política indica que la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de prescolar y nueve de educación básica. Por su parte, el inciso 4º de la misma disposición prescribe que “[l]a educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlo.”

[37] “Artículo 26. || (1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. || (2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. || (3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

[38] Instrumento ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 del 26 de diciembre 1968. El artículo 13 establece: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. || 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: || a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; || b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; || e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. || 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. || 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”. Respecto de este artículo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares de las Naciones Unidas produjo la Observación General No. 13 relativa al derecho a la educación, citada profusamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

[39] Instrumento ratificado por el Estado colombiano mediante la Ley 319 del 20 de septiembre de 1996. El artículo 13, establece: “Derecho a la Educación || 1. Toda persona tiene derecho a la educación. || 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. || 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: || a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; || b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria, técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; || d. se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria; || e. se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales. || 4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente. || 5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes”.

[40] Corte Constitucional, sentencia C-376 de 2010, reiterada en la sentencia T-434 de 2018, entre otras.

[41] Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2016.

[42] Corte Constitucional, sentencia T-807 de 2003. Esta providencia reiteró la postura expuesta en la sentencia T-002 de 1992 y, a su vez, esta orientación fue recientemente retomada por las sentencias T-476 de 2015 y T-091 de 2019.

[43] Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2019.

[44] Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2019.

[45] Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2016, reiterada por la sentencia T-434 de 2018.

[46] Corte Constitucional, sentencias T-533 de 2009, C-520 de 2016, T-434 de 2018, T-106 de 2019

[47] En sentencia T-533 de 2009, la Corte precisó que “(...) aunque el artículo 67 de la Constitución prevé que la educación es obligatoria para los niños y niñas entre los 5 y los 15 años, esta referencia debe ser entendida hasta los 18 años, ya que según el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño - ratificada por Colombia por medio de la Ley 12 de 1991- la niñez se extiende hasta los 18 años.”

[48] En ese mismo sentido, en la sentencia T-434 de 2018, la Corte concluyó que “el derecho a la educación implica para el Estado: (i) su reconocimiento como derecho fundamental e inherente a la persona y un servicio público cuya prestación es un fin esencial; (ii) su provisión gratuita y obligatoria en el nivel básico de primaria; (iii) su priorización como servicio público de manera que todas las personas hasta de 18 años accedan a, al menos, un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria; y (iv) su prestación accesible y permanente, con el suficiente cubrimiento a nivel nacional y territorial.”

[49] Corte Constitucional, sentencias T-156 de 2005 y T-106 de 2019, entre otras.

[50] Corte Constitucional, sentencia T-106 de 2019.

[51] Corte Constitucional, sentencia T-974 de 1999, reiterada por la sentencia T-089 de 2019.

[52] Corte Constitucional, sentencia T-473 de 1993 y la sentencia T-091 de 2019.

[53] El inciso primero del artículo 69 de la Constitución consagró la autonomía universitaria en los siguientes términos: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. En desarrollo de dicho postulado constitucional, la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio de educación superior, dispuso en su artículo 28: “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.”

[54] En este punto, el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 establece el campo de acción de dichas instituciones educativas en virtud de la autonomía universitaria, a saber: “La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos.|| b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. || c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos. || d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. || e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. || f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. || g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.”

[55] Corte Constitucional, sentencias T-356 de 2017 y T-106 de 2019.

[56] Corte Constitucional, sentencia T-277 de 2016, reiterada por la sentencia T-089 de 2019.

[57] Corte Constitucional, sentencia T-281A de 2016, reiterada por la sentencia T-700 de 2017.

[58] En las sentencias T-917 de 2006, T-705 de 2008 y T-423 de 2013, la Corte señaló que, en virtud del principio de autonomía universitaria, los entes universitarios pueden establecer reglas con el fin de gobernar las relaciones dentro del ente de educación superior, no obstante, éstas deben ser claras “sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción”.

[59] Corte Constitucional, sentencia T-492 de 1992, reiterada por la sentencia T-720 de 2012.

[60] Estas reglas fueron sistematizadas en la sentencia T-301 de 1996, en el contexto de la imposición de unas sanciones disciplinarias por parte de una institución de educación superior. Esta posición ha sido reiterada por las sentencias T-457 de 2005, T-550 de 2012, T-720 de 2012 y T-089 de 2019.

[61] Corte Constitucional, sentencia T-089 de 2019.

[62] De manera expresa, la Corte ha determinado que “Si durante el proceso disciplinario adelantado en contra de un estudiante, la institución educativa no llegase a cumplir con alguno de los presupuestos contemplados para la garantía del derecho al debido proceso, la sanción impuesta quedaría sin validez al afectar gravemente el derecho fundamental a la educación y al debido proceso”.Corte Constitucional, sentencia T-700 de 2017.

[63] Ibídem. En lo referente al criterio de la proporcionalidad en la valoración de los hechos y la consecuente graduación de la sanción, cabe resaltar lo dispuesto en la sentencia T-423 de 2013. En esta ocasión, la Corte concedió el amparo del derecho a la educación y al debido proceso de los accionantes que demandaron la Universidad del Pacífico al considerar vulneradas sus garantías fundamentales. La Universidad canceló el semestre a los estudiantes por haber entrado a paro indefinido y no retornó los dineros pagados por concepto de matrícula. Al respecto, este Tribunal consideró que, en tanto la educación es un derecho fundamental, las medidas que lo limiten deben cumplir con los postulados de “razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.” En el caso concreto, concluyó que la restricción al derecho a la educación había sido “desproporcionada” porque desincentivaba la libertad de expresión y asociación de los estudiantes, quienes habían reclamado de manera pacífica la mejor calidad del servicio de educación. En ese orden, estimó cuestionable la actuación de la accionada por exceder el ámbito de la autonomía universitaria.

[64] Folio 31 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[65] La Resolución Rectoral y los decisiones que la confirmaron, determinaron que en virtud de la sanción mencionada: “(...) el señor Cristian Alberto Sánchez no podrá renovar su matrícula estudiantil para ninguno de los programas académicos ofrecidos por la Fundación Universitaria San Martín, en cualquiera de sus Sedes Presenciales y Centros de Atención Tutorial, perdiendo su calidad de estudiante de esta institución de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 5 del Reglamento Estudiantil y por tanto no podrá acceder a ningún servicio prestado por la Fundación”.

[66] El artículo 88 del Reglamento estudiantil establece: “Inicio de la sanción disciplinaria. La acción disciplinaria se iniciará de oficio, a solicitud de docente o empelado administrativo o por queja debidamente fundamentada.” El artículo 89 continúa: “Procedimiento para sancionar. Para garantizar los derechos del estudiante, cuando se le inicie una acción disciplinaria se observará el siguiente procedimiento: a) Conocida la comisión de una falta, el Decano o Director del programa académico procederá a establecer si el hecho constituye una falta contemplada en el presente reglamento.|| b) Si concluye positivamente y por la falta leve hay lugar a amonestación privada o pública el Decano procederá en consecuencia.|| c= Si se considera que se configura un hecho o falta grave, se abrirá proceso disciplinario. Para esto, mediante escrito se notificará al estudiante la apertura del proceso indicando en el mismo los hechos que sustentan la apertura, la posible falta imputable y su sanción, así como las pruebas que acrediten la ocurrencia de los hechos”.

[67] Folio 50 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[68] Las faltas imputadas al accionante fueron las siguientes: “a) Incumplir los deberes contemplados en este Reglamento. || b) Irrespetar a directivos, docentes, empleados administrativos, estudiantes, de acción, de palabra o de cualquier otra forma.|| c) Atentar contra el prestigio, el buen nombre o la imagen de la institución.|| d) Realizar actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres, los principios y la filosofía promulgados por la Fundación.|| e) Retener (…) a docentes, estudiantes, empleados administrativos y autoridades de la institución.|| f) Obstaculizar el libre tránsito o acceso de los miembros de la comunidad académica a las instalaciones o impedir el normal desarrollo de las actividades.|| i)Causar daño o usar indebidamente las edificaciones, instalaciones, elementos y recursos de la institución.”

[69] Folios 46 y 47 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[70] Ob. Cit.

[71] El artículo 90 del Reglamento estudiantil prescribe: “El estudiante tendrá derecho a presentar descargos y a pedir la práctica de pruebas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado de los cargos.”

[72] Folios 51 a 58 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[73] El artículo 91 del Reglamento estudiantil establece: “(…) Contra el acto de cancelación de matrícula proferido por el Rector procede el recurso de reposición y el de apelación al Plenum.”

[74] Continúa el artículo 12 del Reglamento Estudiantil: “(...) c) Estar a paz y salvo por todo concepto y no presentar sanción disciplinaria vigente que se lo impida.|| d) Entregar la certificación de afiliación a una [EPS] (…) || e) Actualizar la información personal. || f) Firmar el acta de matrícula.”

[75] El artículo 78 del Reglamento estudiantil prescribe: “La sanciones aplicables a los estudiantes según la gravedad de la falta son: a) Amonestación privada || b) Amonestación pública || c) Matrícula condicional || d) Suspensión de matrícula || e) Cancelación de matrícula.”

[76] La interpretación sistemática del parágrafo del artículo 71 y del artículo 78 del Reglamento estudiantil conduce a concluir que las sanciones disciplinarias pueden imponerse a los estudiantes y a los “egresados no graduados”. Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 2 y 10 del mismo estatuto académico, es dado afirmar que, a este último grupo, solo pueden aplicarse las sanciones que sean compatibles con la naturaleza de su vinculación con la universidad.

[77] Por esta razón, carece de relevancia para la solución del caso el argumento expuesto por la institución accionada en la contestación de la acción de tutela, en cuanto a que “llama la atención del claustro universitario como por parte del accionante se hace uso inadecuado de la condición de estudiante (…)”. Esto, porque, presuntamente, en un principio este había invocado la condición de estudiante, pero con la presente acción de tutela afirmó que no pertenecía a la comunidad estudiantil para el momento que se desarrollaron los hechos. Folio 94 del cuaderno principal.

[78] En la siguiente tabla se sintetiza las sanciones disciplinarias consagradas en el Reglamento de la FUSM y los sujetos que pueden ser destinatarios de las mismas.

Régimen disciplinario FUSM
Sanción	Definición reglamentaria	Estudiante	Egresado No Graduado
Amonestación privada	Puede ser efectuada verbalmente o mediante comunicación escrita. (Lit. a, art. 78 y art. 79)	Aplicable	Aplicable
Amonestación pública	Será efectuada por resolución motivada (Lit. b, art. 78 y art. 80)	Aplicable	Aplicable
Matrícula condicional	“Sanción que consiste imponer circunstancias especiales de tipo académico o de bienestar universitario, para la renovación de la matrícula del estudiante hasta por tres (3) periodos lectivos, por la sanción impuesta. (…)” (Lit. c, art. 78 y art. 81)	Aplicable	Inaplicable
Suspensión de matrícula	“Sanción consistente en la no autorización de renovación de la matrícula hasta por dos (2) periodos lectivos, según amerite la falta. (…)” (Lit. d, art. 78 y art. 82).	Aplicable	Inaplicable
Cancelación de matrícula	“Es la máxima sanción aplicada por la institución a un estudiante y consiste en la no renovación de las matrículas para ninguno de sus programas académicos.” (Lit. e, art. 78 y art. 83)	Aplicable	Inaplicable

[79] En concreto, la Resolución Rectoral No.1 del 24 de julio de 2018, señaló: “Así las cosas, al haberse calificado como gravísima la falta por el Decano de la Facultad y siendo ratificada por el Consejo Académico de la Facultad dicha calificación y considerando procedente la aplicación de la máxima sanción establecida en el Reglamento Estudiantil al estudiante, por el daño ocasionado a la Institución, la reiteradas violaciones al Reglamento Estudiantil, el irrespeto a las autoridades de la institución y la retención indebida e injustificada de los funcionarios de la misma, la Rectora (…) RESUELVE. PRIMERO. SANCIONAR [al accionante], con la CANCELACIÓN DE MATRÍCULA”. En igual dirección, lo hace la institución en la Resolución que resolvió el recurso de reposición y en el Acuerdo que dio respuesta al recurso de apelación. Folios 184 y 193 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

[80] Los artículos 78 y 83 del Reglamento interno de la FUSM definen la cancelación de matrícula como “la máxima sanción disciplinaria aplicada por la institución a un estudiante”, que “consiste en la no renovación de las matrículas para ninguno de los programas académicos”.

[81] Sobre el particular, el artículo 59 del Reglamento Estudiantil dispone: “Título. Es el reconocimiento del grado académico que la Fundación expide a nombre del Estado colombiano para acreditar la idoneidad de la formación profesional del graduado. Para hacerse merecedor de un título, el estudiante regular deberá cumplir con todos los requisitos previstos en el Plan de Estudios del programa académico y se debe hacer constar en un diploma y en un acta de grado (…)”. Por su parte, el artículo 60 establece que el Plenum debe reglamentar todo lo referente a los requisitos de grado y el proceso de grado.

[82] Según consta en la copia de la constancia expedida, el 23 de agosto de 2018, por la Secretaria Académica de la FUSM. Folio 65 del cuaderno principal.

[83] Folios 44 y 62 del cuaderno del proceso administrativo de carácter sancionatorio.

T-087/20 Corte Constitucional

II. CONSIDERACIONES

A. COMPETENCIA

III. DECISIÓN

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