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RESOLUCION 074 DE 2011 - Establece apoyo económico destinado a quienes fueron damnificados directos por la ola invernal del 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011 / RESOLUCION 074 DE 2011 - Requisitos para acceder al apoyo económico / DAMNIFICADO DIRECTO - Concepto y presupuestos / DAMNIFICADO DIRECTO - Son los legitimados para recibir el apoyo económico ofrecido por el gobierno / APOYO ECONOMICO - Sólo si los órganos competentes acreditan y certifican la condición de damnificado directo, se le otorga al afectado el reconocimiento y pago del apoyo económico
En el sub examine, la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez reclama la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso, que consideró vulnerados por la UNGRD, el FOPAE y la SDIS. En consecuencia, solicitó que se ordene a esas entidades pagarle el auxilio de $1.500.000 aprobado por el gobierno nacional para atender a las familias directamente damnificadas por la emergencia invernal ocurrida en diciembre de 2011… En efecto, las condiciones para ser reconocido como damnificado directo se encuentran definidas con precisión en el parágrafo del artículo 1º de la Resolución 074 de 2011, que, valga decir, constituye el fundamento legal previamente establecido para que proceda el pago del apoyo económico que reclama la parte actora en el sub lite… no cualquier familia afectada podía acceder al subsidio, pues era necesario que los comités locales verificaran una serie de presupuestos especiales dirigidos a establecer qué familias tenían la calidad de damnificadas por la ola invernal. Por consiguiente, no todas las familias incluidas en el censo de afectados pueden considerarse como damnificadas. En el caso concreto, a partir de la revisión del acervo probatorio que obra en el expediente de tutela, la Sala observa que la demandante acreditó los requisitos exigidos para ser considerada como damnificada directa de la emergencia invernal acaecida en el territorio nacional a finales del año 2011. En efecto, conforme con lo dicho por el a quo, las pruebas documentales que obran en el expediente dan cuenta de: i) que el inmueble de la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez se encuentra ubicado en la manzana de afectación directa de las inundaciones, ii) que la vivienda fue evacuada y que sufrió daños, y iii) que los muebles y enseres sufrieron daños. La Sala también observa que la demandante es jefe del núcleo familiar, lo que equivale a ostentar la calidad de cabeza de hogar. Igualmente, se encuentra probado que el núcleo familiar de la demandante habitaba en el primer piso de la vivienda, así como también se demostró que la actora está incluida en la base oficial de registros de afectados por la inundación ocurrida en la localidad de Bosa el 6 de diciembre de 2011. Es claro, entonces, que la demandante cumple con los requisitos exigidos tanto en la Resolución 074 de 2011 como en la Circular del 16 de diciembre del mismo año y, por lo tanto, es beneficiaria del apoyo económico reclamado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS
Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013)
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04298-01(AC)
Actor: SANDRA HEIDY ROJAS BOHORQUEZ
Demandado: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA Y UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
La Sala decide la impugnación formulada por el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contra la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:
“1º. Tutélanse los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, mínimo vital e igualdad de la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez, identificada con cédula de ciudadanía 52.274.939, de conformidad con la motivación.
2º. Ordénase al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que en el término de ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a realizar el desembolso de la asistencia humanitaria de emergencia a que tiene derecho la actora, de acuerdo con la Resolución 74 de 15 de diciembre de 2011”.
ANTECEDENTES
- Pretensiones
La señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez presentó acción de tutela contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá (FOPAE) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), toda vez que consideró vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Con base en los anteriores hechos solicito proteger el derecho fundamental a la igualdad, al mínimo vital, debido proceso administrativo (sic).
- Como consecuencia de lo anterior pido que se ORDENE a las entidades demandadas, que en un término de 48 horas, proceda a cancelar el auxilio aprobado por el gobierno nacional en cuantía de UN MILLON (sic) QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) o la suma que legalmente corresponda o que adelanten los trámites administrativos necesarios para proceder a la adjudicación del subsidio.
- Igualmente solicito se tomen todas las medidas necesarias y urgentes para proteger mis derechos”.
- Hechos
De los hechos narrados en la tutela, son relevantes los siguientes:
Que la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez vive en la Calle 61 A sur No 100 A 47, manzana 10, casa 69, barrio Bosa El Recreo de Bogotá, inmueble que sufrió afectaciones directas por la ola invernal ocurrida el 6 de diciembre de 2011.
Según la demandante, el inmueble en el que reside se encuentra dentro del polígono de afectación establecido por el FOPAE. Que, sin embargo, a pesar de haber sido censada el 10 de diciembre de 2011 por la Secretaría de Integración Social de Bogotá, no la tuvieron en cuenta para la entrega del apoyo económico de $1.500.000, a diferencia de lo que ocurrió con los demás vecinos del conjunto, que sí lo recibieron.
Que, mediante acta suscrita el 16 de diciembre de 2011 por delegados de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, FOPAE, UNGRD y Fiduprevisora, se acordó el bloqueo de 6577 registros, incluido el pago a la actora. Que, de la revisión del censo oficial presentado y aprobado el 10 de febrero de 2012 por el Comité Distrital de Prevención y Atención de Emergencias, se logró verificar que la demandante está incluida.
Que la UNGRD le comunicó a la demandante que, aunque había sido incluida en el primer listado enviado por el FOPAE el 12 de diciembre, en el listado oficial enviado el 23 de diciembre de 2011 aparece excluida como beneficiaria del apoyo económico. Que esta decisión viola los derechos fundamentales de la actora, máxime si se tiene en cuenta que su situación económica es precaria.
La demandante reclama, además de los subsidios aprobados por el Distrito Capital, la suma de $1.500.000 por concepto de auxilio monetario aprobado por el gobierno nacional y financiado con “recursos del fondo de calamidades para atender a las familias damnificadas directas” de la segunda temporada de lluvias.
Que, confiada en el pago de los subsidios económicos prometidos por las entidades demandadas, la actora hizo préstamos para reponer “los enseres y muebles dañados por la inundación” y, como sus recursos económicos son escasos, el no pago de esas ayudas atenta contra el mínimo vital.
- Argumentos de la tutela
A juicio de la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez, las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso, por las razones que la Sala resumirá enseguida:
Que en la sentencia T-431 de 2011 la Corte Constitucional estableció que la afectación del derecho al mínimo vital no puede valorarse en términos cuantitativos, sino dentro de una perspectiva cualitativa. Es decir, que la vulneración puede presentarse cuando se advierta que las condiciones materiales no le permiten a la persona llevar una vida en condiciones dignas.
Que, en otro caso relacionado con subsidios destinados a los damnificados de la ola invernal, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de los demandantes, por no encontrar válidas las razones de las entidades demandadas para excluirlos como beneficiarios de las ayudas.
Que las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de la actora, habida cuenta de que estaba incluida en los listados de afectados por la inundación del 6 de diciembre de 2011 y que, por ende, tiene derecho a los subsidios otorgados por el gobierno nacional.
- Intervención de las entidades demandadas
4.1. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
El jefe de la oficina jurídica de la UNGRD se opuso a las pretensiones formuladas en la acción de tutela porque, según dijo, la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora. Para tal fin, adujo, en concreto, lo siguiente:
Que, mediante la Resolución 074 de 2011, modificada por la Resolución 002 de 2012, se materializó la voluntad política del señor Presidente de la República de otorgar un apoyo económico humanitario de hasta $1.500.000, a las familias que resultaron damnificadas por la segunda temporada invernal del año 2011. Que la resolución mencionada defirió en los CLOPAD[1] la competencia para diligenciar la planilla de apoyo económico y conformar el registro de damnificados. Que en Bogotá esa competencia la asumió el FOPAE[2].
Que, el 14 de diciembre de 2011, el FOPAE envió el primer registro de damnificados con derecho a recibir la ayuda económica prevista en la resolución 074 de 2011. Que, sin embargo, los pagos fueron suspendidos hasta tanto el FOPAE aclarara las inconsistencias detectadas, respecto de muchas personas que no cumplían con los requisitos para beneficiarse con la ayuda económica.
Que, el 16 de diciembre de 2011, se realizó una reunión entre funcionarios de la UNGRD, el FOPAE y la Secretaría de Integración Social de Bogotá, para evaluar las inconsistencias presentadas en los registros de familias damnificadas de la localidad de Bosa. Que, en la misma fecha, el FOPAE remitió a la UNGRD el listado, no consolidado, con 4723 registros correspondientes a los damnificados por la situación de emergencia en Bosa, sector El Recreo.
Que, mediante oficio del 23 de diciembre de 2011, el FOPAE remitió a la UNGRD el listado consolidado de los beneficiarios de la ayuda económica, con un registro de 15536, que es el oficial aceptado por la UNGRD.
Que, el 28 de febrero de 2012, el FOPAE remitió a la UNGRD un nuevo censo de 26988 afectados, que incumple con las directrices contenidas en las resoluciones 074 de 2011 y 002 de 2012, toda vez que incluyó a personas que no se encontraban en la manzana de afectación directa, así como a habitantes de segundos pisos y superiores en los que, por obvias razones, el agua no entró.
Que, por otra parte, la UNGRD está verificando, “caso a caso”, que las personas incluidas en el censo extemporáneo remitido por el FOPAE cumplan con los requisitos exigidos legales para acceder al apoyo económico. Que el hecho de estar incluido en el censo realizado por el FOPAE, no implica necesariamente tener la calidad de damnificado directo, “por lo que no todas las personas tienen el derecho de acceder al apoyo económico”.
Que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez porque “es de bulto la ausencia de motivo válido” para que la actora hubiera dejado pasar tanto tiempo entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales y la solicitud de amparo. Que, en consecuencia, la tutela es improcedente.
Que la acción de tutela “no es el mecanismo idóneo” para reclamar los apoyos económicos ofrecidos por el Estado, pues la vía adecuada para obtener el pago de ese tipo de perjuicios es acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que la acción de tutela adolece de falta de legitimación en la causa por pasiva porque no existe nexo causal, atribuible a la UNGRD, “entre el daño reclamado y el hecho generador imputado por el (sic) accionante”.
Que, por último, la demandante ya superó “la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegada”.
4.2. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE)
El apoderado del FOPAE se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, por las razones que enseguida se resumirán:
Que la vivienda de la demandante se encuentra en la base oficial de afectados por la inundación ocurrida el 6 de diciembre de 2011 en las localidades de Bosa y Kennedy.
Que, en todo caso, el FOPAE no tiene ningún tipo de competencia o responsabilidad frente a la entrega del apoyo económico ofrecido por la Presidencia de la República, que es pagado por la UNGRD. Que, por consiguiente, el FOPAE no tiene legitimación en la causa por pasiva en la presente acción de tutela.
Que, además, el FOPAE cumplió con la obligación de remitir a la UNGRD la base de datos oficial con el registro de damnificados directos de las inundaciones. Que la actora está incluida en el mencionado registro y que, por ende, ostenta la calidad de afectada.
Que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez porque han transcurrido más de 19 meses desde que ocurrió la emergencia invernal “y actualmente no existe ninguna condición que represente vulneración a los derechos fundamentales del (sic) accionante”. Que la demandante “no tiene limitación física o mental que impida su subsistencia mínima”, por lo que su situación no encaja en la figura del perjuicio irremediable.
4.3. Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá (SDIS)
El apoderado de la SDIS pidió desestimar la acción de tutela presentada por la actora, y que se declare que la entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados, por los motivos que la Sala se permitirá resumir a continuación:
Que, de conformidad con el Plan Distrital de Atención de Emergencias[3], la SDIS “identificó y registró a las personas (núcleos familiares) afectadas y entregó ayudas alimentarias de emergencias (sic)”. Que, igualmente, entregó kits de aseo, con el fin de evacuar las aguas, limpiar los predios afectados y prevenir cualquier episodio de insalubridad. Que, con estas acciones, la SDIS cumplió la misión que le correspondía según el Plan de Emergencias de Bogotá.
Que la SDIS incluyó al grupo familiar de la demandante en el registro o censo de afectados[4] por la emergencia invernal y que, por tal motivo, le hizo entrega de un kit de aseo y de la ayuda humanitaria de emergencia. Que los demás auxilios consistentes en: subsidio de arrendamiento, bono por valor de un millón quinientos mil pesos y exoneración de pago de impuesto predial, no corresponden a las funciones ni a la misión de la SDIS.
Que es cierto que la demandante fue incluida, junto con su núcleo familiar, en el censo o registro de afectados por la emergencia invernal y que, por ende, la SDIS le entregó un bono para comprar alimentos.
Que la SDIS no vulneró el derecho a la igualdad de la demandante, toda vez que le brindó, en forma oportuna, la misma ayuda que les entregó a los demás afectados por la emergencia invernal de diciembre de 2011. Que tampoco se conculcó el derecho al mínimo vital, pues las ayudas de emergencia “no son un modo de vida”, sino auxilios que sirven de paliativos cuando se presentan emergencias naturales.
Que la SDIS cumplió oportunamente con todas y cada una de las obligaciones que le impone el Sistema Distrital de Emergencias, por lo que no se puede acusar a la entidad de vulneración del derecho al debido proceso.
Que, por último, la tutela solicitada por la demandante no cumple con el requisito de la inmediatez porque “no se promovió dentro de un plazo razonable”, sino después de que transcurrieron más de diecisiete meses desde que ocurrió la emergencia invernal. Que, en consecuencia, la acción de tutela presentada por la actora es improcedente.
- Providencia impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 31 de julio de 2013, tuteló los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso administrativo de la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez, por las razones que la Sala pasa a resumir:
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 074 de 2011, modificada por la Resolución 002 de 2012, “para ser beneficiario del apoyo económico creado por el Gobierno Nacional”, es necesario: i) tener la condición de damnificado directo de la segunda temporada de lluvias del año 2011, esto es, ser una familia residente en una vivienda afectada al momento del evento, por haber sufrido daño directo en el inmueble y/o bienes muebles al interior del mismo y ii) estar incluido en el registro “elaborado por el comité distrital para la prevención y atención de emergencias (sic)” o por el FOPAE[5], en el caso de los damnificados residentes en Bogotá.
El tribunal concluyó que la demandante satisface los requisitos establecidos por la UNGRD para ser destinataria de la asistencia económica humanitaria ordenada en la Resolución 074 de 2011, por cuanto “de las pruebas documentales incorporadas en el expediente se desprende que la accionante y su grupo familiar residen en el área que resultó afectada por la segunda temporada de lluvias ocurrida en la ciudad de Bogotá los días 6 y 7 de diciembre de 2011”. Que, además, en el censo de emergencias se observa que “la actora y su núcleo familiar reside(n) en la manzana que resultó directamente afectada por el desastre invernal y, que los muebles y enseres que se encontraban en el interior de su vivienda sufrieron daños como consecuencia de ese suceso”.
- Impugnación
El apoderado de la UNGRD impugnó la providencia de primera instancia, en los términos que la Sala resumirá a continuación:
Que la sentencia impugnada es contraria a derecho porque encontró vulnerados, sin que se hubiera probado, los derechos fundamentales de la demandante. Que, además, la acción de tutela es improcedente para obtener el pago de “sumas líquidas de dinero (del) Estado”, dado que la propiedad no es un derecho fundamental.
Que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez porque “no existe un motivo válido” para que no se haya presentado oportunamente. Que, además, en el presente caso ya se superó “la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegada”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el mecanismo de defensa judicial ordinario debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En el sub examine, la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez reclama la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y al debido proceso, que consideró vulnerados por la UNGRD[6], el FOPAE[7] y la SDIS[8]. En consecuencia, solicitó que se ordene a esas entidades pagarle el auxilio de $1.500.000 aprobado por el gobierno nacional para atender a las familias directamente damnificadas por la emergencia invernal ocurrida en diciembre de 2011.
Previo a iniciar el estudio del caso concreto, vale la pena decir que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la demandante, según lo relatado en el escrito de tutela, amerita que el análisis del requisito de inmediatez no sea tan riguroso. Así mismo, cabe anotar que el perjuicio presuntamente causado a la actora es actual e inminente, debido a que el censo de damnificados directos no se ha consolidado por las inconsistencias que, según la propia UNGRD, se han detectado frente a la inclusión de personas que no cumplen los requisitos exigidos para obtener el apoyo económico de $1.500.000 otorgado por el gobierno nacional. Es decir, en el sub lite se cumplió con el requisito de la inmediatez[9].
Precisado lo anterior, se advierte que la solicitud de la parte actora tiene sustento en el principio constitucional de la solidaridad y en la especial protección que el Estado debe brindar a las personas que se encuentran en condiciones de indefensión y debilidad manifiesta.
En efecto, la Constitución Política establece los deberes sociales del Estado frente a las víctimas de desastres naturales y la solidaridad como una pauta de comportamiento tanto para las autoridades públicas como para la sociedad, en general. Este mandato se encuentra en el preámbulo y en el artículo 95 constitucional[10].
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-1125 de 2003[11], señaló:
“(…) En esta medida, en el caso de personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del acaecimiento de un desastre, el principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben concurrir a la protección de este bien jurídico (…)”.
Entonces, si no existe duda en cuanto a que el Estado y la sociedad deben protección a los afectados por fenómenos naturales, tampoco puede existir duda de que las omisiones de las autoridades públicas y demás encargados de brindar socorro, ayuda, entrega de subsidios y demás mecanismos de estabilización socioeconómica a dichos afectados, son circunstancias justiciables por vía de la acción de tutela, en la medida en que están comprometidos principios y derechos de rango constitucional; aunada a la urgencia y gravedad que supone el hecho de ser afectado por una calamidad natural.
Como se vio, el a quo concluyó que la UNGRD vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante, en consideración a que esa entidad le negó el pago del auxilio económico previsto en la Resolución 074 de 2011, a pesar de que cumple con los requisitos establecidos para tal fin.
La Sala advierte que existe confusión respecto del alcance que se les da a las expresiones “afectado” y “damnificado directo”. Es evidente que tanto la parte actora como el FOPAE, no hacen ninguna distinción entre esos dos conceptos, a pesar de que la Resolución 074 de 2011 establece criterios claros para diferenciarlas. En efecto, las condiciones para ser reconocido como damnificado directo se encuentran definidas con precisión en el parágrafo del artículo 1º de la Resolución 074 de 2011, que, valga decir, constituye el fundamento legal previamente establecido para que proceda el pago del apoyo económico que reclama la parte actora en el sub lite.
Para abordar el caso concreto, es preciso hacer una breve descripción del funcionamiento y los requisitos previstos para acceder al subsidio económico otorgado a las familias damnificadas por la temporada de lluvias del segundo semestre de 2011.
De acuerdo con la Resolución 074 del 2011 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres[12], el gobierno nacional dispuso subsidios para atender a las “familias directamente damnificadas” por la segunda temporada de lluvias que se presentó en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 1° de septiembre y el 10 de diciembre de 2011. En concreto, el subsidio ascendía a la suma de $1.500.000 por cada familia damnificada.
En la primera fase, los CLOPAD (Comités Locales para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres), encabezados por las alcaldías municipales, debían realizar un censo de las familias damnificadas por la ola invernal. Para que una familia fuera inscrita en el censo de damnificados, los CLOPAD debían verificar los siguientes presupuestos[13]:
“1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda temporada de lluvias, periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
- Habitar el primer piso de la vivienda afectada.
- Estar registrado en la Planilla correspondiente, avalada por los CLOPAD y CREPAD.
- Presentación de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma.
- Cada jefe de hogar deberá registrarse una sola vez en la planilla” (se destaca).
En la segunda fase, el respectivo CLOPAD enviaba el censo de familias damnificadas a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada de coordinar el pago del apoyo económico a cada una de esas familias.
El concepto de damnificado directo se definió claramente en la Resolución 074 de 2011. De modo que, para que una familia fuera considerada como beneficiaria del apoyo económico de $1.500.000 ofrecido por el gobierno nacional, debía reunir las siguientes condiciones[14]:
“Entiéndase por concepto de damnificado directo para efectos de la presente resolución lo siguiente: Familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento del evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo, ocasionado por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional” (se destaca).
Como se viene de leer, no cualquier familia afectada podía acceder al subsidio, pues era necesario que los comités locales verificaran una serie de presupuestos especiales dirigidos a establecer qué familias tenían la calidad de damnificadas por la ola invernal. Por consiguiente, no todas las familias incluidas en el censo de afectados pueden considerarse como damnificadas.
En el caso concreto, a partir de la revisión del acervo probatorio que obra en el expediente de tutela, la Sala observa que la demandante acreditó los requisitos exigidos para ser considerada como damnificada directa de la emergencia invernal acaecida en el territorio nacional a finales del año 2011. En efecto, conforme con lo dicho por el a quo, las pruebas documentales que obran en el expediente dan cuenta de[15]: i) que el inmueble de la señora Sandra Heidy Rojas Bohórquez se encuentra ubicado en la manzana de afectación directa de las inundaciones, ii) que la vivienda fue evacuada y que sufrió daños, y iii) que los muebles y enseres sufrieron daños.
La Sala también observa que la demandante es jefe del núcleo familiar[16], lo que equivale a ostentar la calidad de cabeza de hogar. Igualmente, se encuentra probado que el núcleo familiar de la demandante habitaba en el primer piso de la vivienda[17], así como también se demostró que la actora está incluida en la base oficial de registros de afectados por la inundación ocurrida en la localidad de Bosa el 6 de diciembre de 2011[18].
Es claro, entonces, que la demandante cumple con los requisitos exigidos tanto en la Resolución 074 de 2011 como en la Circular del 16 de diciembre del mismo año y, por lo tanto, es beneficiaria del apoyo económico reclamado.
Lo anterior es suficiente para desestimar los argumentos esgrimidos en el escrito de impugnación. En consecuencia, la Sala confirmará la providencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales de la demandante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
- CONFÍRMASE la sentencia impugnada.
- ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ
Presidente de la Sección
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA
HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS
JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ
[1] Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres.
[2] Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.
[3] Adoptado mediante decreto distrital No. 332 de 2004 y resolución No. 004 de 2009 del Departamento de Prevención y Atención de Emergencias.
[4] Como núcleo familiar No. 26442.
[5] Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.
[6] Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
[7] Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá.
[8] Secretaría Distrital de Integración Social.
[9] En ese sentido ver sentencia T-163 de 2013 de la Corte Constitucional.
[10] “Artículo 95. (…)
Son deberes de la persona y del ciudadano:
(…)
- Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
(…)”.
[11] M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[12] “Por la cual se destinan recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011”.
[13] Ver Circular del 16 de diciembre de 2011 del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1250.
[14] Parágrafo del artículo 1º de la Resolución 074 de 2011.
[15] Ver folio 26.
[16] Ver folio 27.
[17] Se trata de una casa de un piso, como consta a folio 26.
[18] Ver folio 7.
Publicado Por: junio 18, 2015