DEMANDA ELECTORAL - Corrección: cuando incluye nuevos cargos el plazo está sujeto a la caducidad de la acción. Reiteración de jurisprudencia / DEMANDA ELECTORAL - Corrección: para estos efectos son lo mismo hechos y cargos nuevos. Reiteración de jurisprudencia / DEMANDA ELECTORAL - Corrección: incompatibilidad con normas del Código de Procedimiento Civil porque no consideran la caducidad de la acción. Reiteración de jurisprudencia / DEMANDA ELECTORAL - Correcciones que deben hacerse dentro del término de caducidad de la acción electoral

Es cierto que en el proceso electoral procede la corrección de la demanda, en virtud de lo dispuesto por el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, pero debe precisarse que tal posibilidad está sujeta a que la corrección se efectúe antes de que quede en firme el auto que admita la demanda y que, en todo caso, la acción no haya caducado, si en la corrección se formulan cargos nuevos. (…) si la corrección de la demanda se limita a precisiones como serían “ampliar o suprimir medios de prueba” o “abundar en razones” frente a cada uno de los “cargos formulados”, su admisibilidad solo se supeditará a lo previsto en el artículo 230 del C.C.A., es decir debe presentarse antes de que quede en firme al auto que admita la demanda, que es el termino para corregirla. Por el contrario, si la corrección de la demanda abarca elementos que llevan a inferir una adición en aspectos importantes como: i) las pretensiones, ii) la causa petendi, iii) las partes o iv) “los cargos”, se hace necesario que no sólo se deba tener en cuenta lo previsto en el artículo 230 del C.C.A., sino también el término de caducidad de la acción.

NOTA DE RELATORIA: Sobre corrección de la demanda electoral, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 2 de octubre de 2008, Rad. 2007-00236, sentencia de 23 de marzo de 2006, Rad. 3906 y sentencia de 29 de junio de 2007, Rad. 3954-3964.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 230 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 136 NUMERAL 12

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejero ponente: MAURICIO TORRES CUERVO

Bogotá, once (11) de marzo de dos mil diez (2010)

Radicación numero: 23001-23-31-000-2007-00569-01

Actor: EDUARDO JOSE ALTAMIRANDA

Demandado: ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 12 de marzo de 2009 mediante la cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, negó la solicitud de nulidad de la elección del señor Edinson Rangel Aguas como Alcalde del Municipio de Montelibano  para el período 2008 – 2011.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda.

1.1.1. El señor Eduardo José Altamiranda ejerció la acción de nulidad electoral y solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo declaratorio de elección contenido en el Acta de Escrutinio de los votos para la Alcaldía de Montelíbano – Córdoba,  contenido en el formulario E-26AL, proferido por la Comisión Escrutadora Municipal  el 2 de noviembre de 2007, en donde se declaró elegido a Edinson Rangel Aguas como Alcalde del Municipio de Montelibano (Córdoba) para el período 2008 – 2011.

En criterio del actor se violaron los artículos 1, 2, 3, 29 y 40 (numerales 1 y 2) y 260 de la Constitución política, así como los artículos 1, 2, 114, 134, 135, 136, 163 y 164 del Código Electoral.

Lo anterior, porque a su juicio son falsos los registros electorales E-24 de las comisiones escrutadoras auxiliares correspondientes a los escrutinios mesa por mesa y consolidados zona por zona, así como el consolidado E-24 de todas las zonas generado por la Comisión Escrutadora Municipal.

Igualmente manifiesta el demandante que son falsas las actas de escrutinio de los jurados de votación E-14 de las mesas demandadas.

Señaló como mesas demandadas

La demanda relaciona  como hechos, los siguientes:

Primero: El día 28 de octubre de 2007 se celebraron en el territorio nacional las elecciones para gobernadores, diputados, alcaldes, concejos municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales.

Segundo: La Comisión Escrutadora Municipal declaró elegido para el cargo de Alcalde Municipal de Montelíbano al señor Edinson Rangel Aguas, por el Partido Liberal.

Tercero: El acto de declaración de la elección adolece de graves violaciones al sistema electoral previsto por el ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto en los escrutinios de los jurados de votación, los auxiliares y los municipales se computaron pliegos electorales viciados de nulidad, pues fueron fruto de maniobras ilícitas y fraudulentas por parte de los jurados, que tergiversaron la voluntad popular expresada en las urnas y que las comisiones escrutadoras no subsanaron.

Cuarto: Existen discrepancias entre el número de su fragantes  consignados en el registro de sufragantes – Formulario E-11 y las actas de escrutinio de los jurados de votación E-14 de las mesas demandadas.

Quinto: Los datos consignados  en el Formulario E-11, confrontados con el acta de escrutinio de los jurados de votación E-14 en las mesas demandadas, arrojan  que hay un número  mayor de votos que el de sufragantes,  por lo que los registros electorales  aparecen falsos  y constituyen  un fraude electoral.

Sexto: De la confrontación del total de sufragantes consignados  en los registros  de sufragantes  Formulario  E-11 con el acta de escrutinio – formularios E-14 y el Formulario E-24, se tiene  que hay un número  mayor de votos  que el de sufragantes, por lo que los registros  electorales aparecen falsos de manera ostensible, pues no coinciden con el total  de ciudadanos que ejercieron  el voto y que aparecen  relacionados  en el E-11, y en las actas generales de escrutinios auxiliares y municipales.

Séptimo: Los jurados de votación omitieron el procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 del Código Electoral, pues debieron introducir de nuevo las tarjetas en la urna, y después de moverlas para alterar su colocación, sacar a la suerte tantas tarjetas como votos fueron depositados en exceso, destruir las sobrantes, y proceder a dejar constancia de tal circunstancia.

Octavo: Se consignaron votos  en los formularios  E- 24 de las mesas demandadas, que no coinciden  con los votos  escrutados  en las actas de los jurados  de votación, excediendo  en sus totales  con el número de sufragantes relacionados  en el registro de sufragantes formulario E-11.

Noveno: Con el cambio del formato del acta de instalación – lista de sufragantes  y registro general de votantes E-11, formulario que no trae impreso el número  de cédulas  aptas para votar, los jurados de votación permitieron  la doble  votación de ciudadanos, la votación de personas cuyas cédulas de ciudadanía aparecen  canceladas por muerte, dadas de baja por pérdida de derechos políticos y que aparecen  registradas en el E-11 votando por los supuestos titulares.

Décimo: Como resultado de estudio de los documentos electores, igualmente se encontraron las siguientes irregularidades que convierten en falsos y apócrifos los registros electorales y que por tanto afectan  el acta de elección: i.- trashumancia electoral, los jurados no le dieron estricto cumplimiento las resoluciones de anulación de inscripciones, proferidas por el Consejo Nacional  Electoral, ni aplicaron  las notificaciones de altas y bajas firmadas por el Registrador Nacional; ii.-  Suplantaciones, los jurados de votación  permitieron  el voto de personas que suplantaron a los titulares de las cédulas de ciudadanía que aparecían en el censo  de mesa; iii.- Los jurados de votación permitieron el voto de ciudadanos que no figuraban  en el Censo de mesa E-10; iv.- Jurados de votación que sin ostentar la residencia electoral votaron  en la mesa donde ejercieron el cargo.

Decimoprimero: Los jurados de votación no cumplieron con el rito dispuesto en la Circular 136 de octubre de 2007, proferida por el Director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en relación  con la obligación de diligenciar el formulario E-11C, cuando  el votante  manifestara  “No saber firmar”, y no solamente no cumplieron  con la obligación  de observar tal requisito, sino  que en otros casos la casilla para la firma de votantes quedó en blanco, lo que significa la invalidez del voto por incumplimiento o violación del acto administrativo que impuso los requisitos para estas circunstancias.

1.2. Corrección de la demanda

Mediante escrito presentado el 18 de enero de 2008, el señor Eduardo José Altamiranda procedió a aclarar y corregir la demanda para “reforzar las pruebas que sustentan las pretensiones respecto de las mesas demandadas en el libelo inicial”.

En tal virtud, aclaró la designación de las partes y sus representantes,  el concepto de violación de las normas, señaló mesas en donde a su decir existen inconsistencias entre los formularios E-11 y E-14, mesas con registros E-24 apócrifos, mesas con suplantación de electores, mesas en las que se registró doble votación de una misma persona, mesas donde aparecen votando personas fallecidas, casos de cédulas dadas de baja por pérdida de derechos políticos y doble cedulación, mesas con votantes cuyas cédulas habían sido dadas de baja por mala elaboración, mesas con votantes cuyas cédulas estaban en custodia, mesas donde votaron personas no inscritas, que no estaban habilitadas para votar y cuyas cédulas no estaban en el censo de mesa, mesas donde no se cumplieron los requisitos establecidos por la Circular 136 de 2007, proferida por el Director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y mesas donde se configuró trashumancia electoral, acompañado de un análisis jurídico.

También aclaró el concepto de violación del cargo séptimo contenido en la demanda, y solicitó como pruebas oficiar a varias dependencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que remitieran con destino al expediente, certificaciones y copias de documentos. (Fls 62 a 103, C - 9)

1.3. Contestación de la demanda.

El apoderado del demandado, dentro del término de ley contestó la demanda. Respecto de los hechos dijo que algunos eran ciertos, algunos eran falsos, otros eran simples afirmaciones o manifestaciones de la parte demandante y respecto de otros se atenía a lo que resultare probado en el proceso.

Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que las actas de escrutinio generadas dentro del proceso electoral realizado el 28 de Octubre del 2007. en la cual se declaró elegido  como Alcalde del Municipio de Montelíbano al señor EDINSON RANGEL AGUAS no son nulas, toda vez que los registros electorales (sustento de aquella) no son falsos o apócrifos; estos reflejan la voluntad del elector conforme al principio de la eficacia del voto consagrada en el numeral 3 del artículo 1 del Código Electoral.

Afirmó que el actor plantea supuestos fácticos que solo existen en su mente, y que carecen por tanto de un sustento legal, razón por la cual no procede la declaratoria de nulidad de la elección que se solicita.

Recalcó que la acción de nulidad electoral está instituida para garantizar la expresión de voluntad en las urnas, más no para accionar temerariamente solo porque los resultados sean adversos al candidato, como afirmó pretende el demandante en el presente proceso. Solicitó entonces que se sancione esta temeridad.

Además de responder a los hechos y pretensiones de la demanda, planteó tres excepciones de fondo:

1. Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones: las pretensiones de la demanda entrañan una inocultable contradicción ya que, en algunas de ellas se manifiestan irregularidades y falsedades cometidas por funcionarios, jurados de votación, registrador y delegados del registrador incluidos por supuesto los escrutadores, y en otra se ordena la realización de nuevos escrutinios.

Lo que debió haberse solicitado era la nulidad de los comicios electorales y la realización de nuevas elecciones.

2. Rechazó de plano de la adición y modificación de los nuevos cargos expuestos por el actor en escrito con fecha enero 18 del 2008, porque disfraza afirmaciones y formulaciones de cargos planteándolos como adición de pruebas. Al actor le está vedado modificar o adicionar cargos cuando el término de caducidad de la acción haya operado, como ocurre en este caso.

3. La genérica, que a pesar de no alegarse resulte

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó al Tribunal decretar la correspondiente condena en costas contra quien ha acudido sin fundamento válido ante esta jurisdicción. (Fls 105 a 112, C - 9)

1.4. Intervenciones.

1.4.1. El apoderado del Registrador Nacional del Estado Civil, pidió aclarar el pronunciamiento  de fecha 18 de diciembre del 2007, por medio del cual se vinculó en calidad de parte a la Nación- Organización Electoral-Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, porque la acción electoral debe dirigirse contra el acto administrativo declaratorio de la elección. (Fls 115  y 116, C - 9)

1.4.2. Mediante auto de catorce (14) de abril del 2008, se ordenó tener como parte interviniente al señor Germán Antonio Salazar Díaz, con fundamento en el Art.235 del  C.C.A. (Fls 201 – 202, C – 9)

El señor Salazar Díaz prohijó tanto las pretensiones, como  los hechos y las pruebas allegadas por el accionante, y se centró particularmente en la invalidez de los votos por ausencia de los requisitos señalados en la Circular 136 de 2007 de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  (Fls 144 a 181, C - 9)

1.5. Alegatos de conclusión.

1.5.1. El demandante reiteró todos los argumentos jurídicos presentados en la demanda original y en el escrito de corrección, adicionalmente reafirmó los cargos que cuantifican las irregularidades que se presentaron en el proceso electoral conducente a la elección del señor EDINSON RANGEL AGUAS, como Alcalde del Municipio de Montelíbano.(Fls 530 a 573, C-9)

1.5.2. El apoderado del demandado solicitó que se desestimen los cargos presentados y consecuencialmente se nieguen todas las pretensiones de la demanda.

Por otro lado afirmó que aunque resultaran probados como falsos o apócrifos los 993 votos relacionados en los diferentes cargos, quedan a favor de su representado 1966 votos válidos, lo que significa que la incidencia de los votos falsos carece de trascendencia al no poder cambiar el resultado de la elección del Alcalde de Montelíbano, Córdoba.(Fls 577 a 584, C - 9)

1.5.3. El apoderado de la Registraduría Nacional solicitó nuevamente la exclusión en este proceso de la entidad como parte demandada, puesto que ella actúa en los procesos electorales en calidad de operador administrativo, correspondiéndole la organización, dirección de las elecciones y la estricta contabilización de votos obtenidos por cada candidato para de esta forma dar a conocer la voluntad soberana y definitiva del pueblo.

El acto administrativo acusado a través de la acción de nulidad electoral, afecta únicamente a los ciudadanos declarados elegidos y  por esta razón son ellos los que deben ser tenidos como parte del proceso o demanda instaurada.

Si se declara la nulidad solicitada, las funciones de la Registraduría radicarían en facilitar nuevamente las condiciones técnicas y humanas para llevar a cabo una nueva elección popular.

Solicitó que se eximiera de cualquier responsabilidad resultante a la Registraduría Nacional del Estado Civil.(Fls 574 a 576, C- 9)

1.6. Concepto del Ministerio Público en primera instancia.

El Procurador 33 judicial II en lo Contencioso Administrativo, luego de realizar un análisis de los cargos, manifestó que solamente 113 votos eran susceptibles de nulidad

En consecuencia solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, puesto que “ninguno de los cargos imputados alcanzó el mérito de prosperar lo suficientemente para alterar el resultado electoral plasmado en el acto acusado (…) toda vez que la cantidad de votos susceptibles de nulidad (113) no tienen la entidad para superar la diferencia de 2.959 votos que hubo entre el titular de la elección demandada con el contendor electoral que le siguió en votos.” (Fls 586 a 600, C - 9)

1.7. Sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante sentencia del 12 de marzo de 2009, negó las pretensiones de la demanda, declaró que no prosperaba la excepción de indebida acumulación de pretensiones, y declaró probada la excepción propuesta de rechazo de plano de la adición de la demanda, y en consecuencia la de caducidad de la adición de la demanda.

Frente al primer cargo, es decir que “lo consignado en los registros electorales  E-11 y las actas de escrutinio de los jurados  de votación  de las mesas demandadas  difieren respecto del total  de ciudadanos  que votaron  y el total de votos  del formulario E 14”, encontró el Tribunal, que hecho el respectivo cotejo, resulta que  el número de votos registrados en el formulario E-14, es superior al número de electores registrados en el formulario E-11 y por consiguiente se desprende que las irregularidades anotadas por el demandante son ciertas, lo que arroja una diferencia de 71 votos entre estos dos formularios. Sin embargo, en aplicación del principio de eficacia del voto, estimó que no había lugar a declarar la nulidad de la elección ya que esta inconsistencia  no supera la diferencia del resultado electoral que es de 2.959 votos entre el candidato demandado con el segundo.

En cuanto al segundo cargo, referido a  mesas afectadas con “apocrificidad”  en los registros E-24, el a quo estableció la existencia de irregularidades  en  3 mesas, lo que implicó que se “declaran inválidos tres votos.”

En lo que respecta al cargo de suplantación de electores, el Tribunal le negó prosperidad, toda vez que  la mayoría de los casos corresponden a errores en que incurrieron los jurados de votación  en la anotación de los números de las cédulas de ciudadanía. Consideró que el error se pudo presentar porque en los actuales formularios, no viene preimpreso el número de la cédula de ciudadanía, sino que al jurado  le corresponde  la tarea de anotar el  nombre y apellidos conjuntamente al número de cédula de ciudadanía del votante.

Sobre  la  doble votación de una misma persona, el juzgador de primera instancia afirmó que basta con revisar las constancias dejadas por los jurados sobre las mesas correspondientes (formularios E-11, E-14 y E -24), para comprobar que salvo en dos casos, el doble registro de los votantes en el formulario E-11 obedeció a un error de los Jurados de Votación al hacer tales asientos, el cual fue advertido a tiempo, impidiéndose la configuración de falsedad en los registros. Anotó además el Tribunal, que los cargos adicionados no fueron objeto de estudio pues a la fecha de su presentación la acción se hallaba caducada.

En lo atinente al quinto cargo, es decir la votación de personas fallecidas, el Tribunal observó que sólo existe certeza respecto de la utilización de la cédula de ciudadanía de un ciudadano, y de los demás cupos numéricos citados no fue posible llegar a tal conclusión, porque de los E-11 y demás pruebas actuantes en el proceso se evidenció que los números de cédula aparecen  asignados   a otras personas, diferentes a las mencionadas en la demanda.

Respecto al cargo consistente en  la votación de personas con cédulas dadas de baja  por pérdida  de derechos políticos  y mala elaboración, el a quo  estimó que al proceso no se aportó plena prueba de la anomalía citada, como debió haberse hecho conforme  al artículo 177 del CPC aplicable por remisión del artículo 267 del CCA, el cual indica que le incumbe a las partes  probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico  que ellas persiguen.

Sobre la votación de personas  no inscritas  ni habilitadas para votar, cuyas  cédulas no están en el censo de mesa (E- 10), la sentencia de primera instancia afirma que salvo para 7 casos, “Revisados  los Formularios E-11 o Lista y Registro de Votantes de cada mesa de votación denunciada, con la lista de sufragantes de cada mesa (E-10), se encontró que los nombres allí consignados, sí les correspondía votar en las  mesas donde lo hicieron” y que “se puede colegir que hubo un error de los jurados al transcribir el número de cédula de los sufragantes y por consiguiente son de recibo las mismas razones tenidas en cuenta para decidir en el tercer cargo,  pues lo que se vislumbra es un error, y no se cuenta con otros elementos de juicio, para afirmar que hubo una falsedad.”

Por último, anota que de los cargos adicionados no se efectuó examen, porque respecto de ellos la acción había caducado a la fecha de su presentación.

Finalmente,  para el caso de los votos inválidos por ausencia de los requisitos  señalados  en la Circular  136 de octubre de 2007 proferida  por el Director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, el juzgador de primera instancia consideró que si la persona que deposita el voto, realmente corresponde al titular  de la cédula de ciudadanía registrada en el E-10, y sufragó libremente dentro del marco legal, la ausencia de este requisito, no puede ser considerada como una falsedad, y por otro lado, este hecho   por si solo, no está consagrado como causal de nulidad del voto.  Es decir, la falta de firma  en el Formulario E-11C no presupone la falsedad del voto, lo cual solamente se puede predicar cuando se haya demostrado un fraude.

Todo lo anterior llevó al Tribunal a  concluir:

“Haciendo un resumen de los cargos planteados en la demanda, la Sala observa que, luego del estudiar estos y no encontrar en ellos el mérito  suficiente  para alterar  el resultado  electoral plasmado  en el acto acusado, según la teoría de eficiencia del voto1, se concluye que se deben negar las pretensiones de la demanda, toda vez que la cantidad de votos susceptibles de invalidez, -que serían 84 al hacer la suma de los  votos declarados inválidos en todos los cargos- no tienen la entidad suficiente para superar la diferencia de 2.959 votos que hubo entre el titular de la elección demandada con el siguiente candidato a elección de alcalde del municipio de Montelíbano, que le siguió en número de votos. Por lo que en aplicación del principio de la eficacia del voto, no se ordenarán nuevos escrutinios.” (Fls 603 a 682, C - 9)

1.8. Apelación.

En su escrito de sustentación, el demandante sostuvo que ataca el fallo calendado el 12 de marzo de 2009, en cuanto la decisión de negar las pretensiones de la demanda  se sustentó en  abstenerse de valorar y estudiar  los cargos  consignados en la corrección de aquella, “bajo el entendido de que se presentó cuando el término de caducidad de la acción había caducado.”

Fundamentó el recurso en que según los pronunciamientos  de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en particular de lo expuesto  en el Auto de 5 de octubre de 2006, proferido en el proceso con radicación interna 4066, se desprende que el accionante, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo,  puede corregir la demanda, lo que implica  presentar nuevos argumentos, razones o pruebas.

El apelante entiende  como pruebas nuevas “todos aquellos casos de inconsistencias o falsedades  presentadas en las mesas demandadas en el escrito inicial.”

Considera el impugnante que el fallo de primera instancia debe ser revocado, y se debe disponer el análisis integral tanto de las pretensiones como de los hechos y “cuerpo probatorio allegados”, porque  dicha providencia “violó el debido proceso al negar la valoración de las nuevas pruebas consignadas en el escrito de corrección de la demanda, decisión que afectó finalmente las súplicas o pretensiones de la demanda”. (Fl 693 a 695, C - 9)

1.9. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Según el informe secretarial de 2 de septiembre de 2009, durante el término de traslado para alegar, no hubo manifestación alguna. (Fl 715, C - 9)

1.10. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia.

El señor Procurador Séptimo delegado ante el Consejo de Estado, rindió su concepto en los siguientes términos:

En primer lugar, llama la atención sobre el carácter rogado de la Justicia Contenciosa Administrativa, en virtud de lo cual corresponde al actor determinar el marco del litigio tanto en lo jurídico como en lo fáctico, marco que en principio no puede ser modificado, en aras de salvaguardar la garantía constitucional del debido proceso y el derecho de defensa que le asiste al demandado.

Posteriormente presenta un cuadro comparativo entre las irregularidades  señaladas en la demanda inicial y las irregularidades que se adicionan en el escrito de corrección, para concluir que lo relacionado con la “trashumancia electoral es un hecho nuevo”, que por demás es cargo nuevo, y por ello considera debe revocarse la decisión de primera instancia de declarar probada la excepción de caducidad de todos los hechos propuestos en la corrección y adición de la demanda, salvo el referido a la trashumancia, “cargo que es nuevo”

Luego de examinar el asunto, concluye que  excluidas las irregularidades sobre trashumancia electoral, las irregularidades que deben ser consideradas ascienden a 776, las que aún en caso de prosperar en su totalidad, no tienen la entidad suficiente para modificar el resultado, ya que el alcalde elegido tuvo 14.214 votos y el candidato con la segunda votación obtuvo 11.255 votos.

Por todo lo anotado, la Procuraduría solicita confirmar el numeral primero de la decisión de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda. (Fls 698 – 714, C – 9)

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De acuerdo con los artículos 129 y 132 numeral 8 del C.C.A., en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Sala Plena de la Corporación, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de alcaldes de municipios que tengan más de setenta mil (70.000) habitantes, como es el caso del municipio de Montelíbano (Córdoba) cuya población, según el censo del DANE, es de 73.247 habitantes.

2.2. Caso Concreto.

1) El apelante centra la censura  al fallo de primera instancia “por la vulneración al debido proceso”, porque la providencia del a quo considera que no procedía el  estudio  de los cargos  consignados en la corrección de la demanda, “bajo el entendido de que se presentó cuando el término de caducidad de la acción había caducado.” (sic)

De la lectura del recurso se observa que no censura las decisiones del tribunal sobre los cargos formulados en la demanda y que fueron objeto de análisis en la sentencia; no manifiesta inconformidad alguna al respecto las irregularidades probadas o negadas salvo en lo concerniente a la negativa de “valorar las nuevas pruebas consignadas en el escrito de corrección  de la demanda”.

Sostiene que de los pronunciamientos  de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y en particular el Auto de 5 de octubre de 2006, radicación interna 4066, se desprende que el accionante, de acuerdo con el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo,  puede corregir la demanda, lo que implicaría  presentar nuevos argumentos, razones o pruebas. Razón por la cual el impugnante considera que la sentencia debe ser revocada y procede el análisis integral tanto de las pretensiones como de los hechos y “cuerpo probatorio allegados”.

Al respecto considera la Sala, que es cierto que en el proceso electoral procede la corrección de la demanda, en virtud de lo dispuesto por el artículo 230 del Código Contencioso Administrativo, pero debe precisarse que tal posibilidad está sujeta a que la corrección se efectúe antes de que quede en firme el auto que admita la demanda y que, en todo caso, la acción no haya caducado, si en la corrección se formulan cargos nuevos.

Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección:

“En pocas palabras, la tesis que se ha venido sosteniendo por esta Sala apunta a reafirmar el principio de la eventualidad o de la preclusión en el proceso electoral, de modo que el término de 20 días previsto en el numeral 12 del artículo 136 del C.C.A., se mantenga perentorio e improrrogable y no que por virtud del derecho procesal del accionante a modificar su demanda pueda introducir reproches no presentados con la demanda inicial.

Lo anterior, porque el artículo 230 ibídem, modificado por la Ley 96 de 1985 art. 66, reconoce al demandante el derecho a corregir su demanda “antes de que quede en firme el auto que la admita”, ejecutoria que de acuerdo con las circunstancias propias de las distintas notificaciones que se surten del auto admisorio de la demanda, puede llevar a la idea errada de que la corrección de la demanda habilita la posibilidad de formular nuevos cargos a pesar de que el término de caducidad de la acción se haya cumplido.

Pues bien, fue a raíz de una interpretación armónica entre los artículos 136 numeral 12 y 230 del C.C.A., que la Sala determinó que la corrección de la demanda, en tanto adicione nuevas imputaciones o cargos, debe presentarse antes de que se configure la caducidad de la acción, pues si se hace más allá de ese lapso el juez está en el deber de declarar probada la excepción y abstenerse de abordar su estudio, determinación que en cierta medida se explica en el inciso 3 del artículo 143 ibídem, modificado por el Dto. 2304/1989 art. 26 y por la Ley 446/1998 art. 45, que ordena rechazar de plano la demanda cuando haya caducado.”[2](Resalta la Sala)

En la sentencia del 23 de marzo de 2006, radicación 3906[3], se estimó que no era procedente estudiar “hechos nuevos” descritos en la corrección de la demanda, cuando ésta se presenta transcurrido el término de caducidad de la acción. Para este propósito, identificó como iguales las nociones de “hechos o cargos nuevos” (sin importar si se referían o no a nuevas mesas) por cuanto se adicionaron nombres y números de cédulas de personas que votaron estando excluidas del censo electoral del municipio de Buenavista – Córdoba. Además, porque se adicionaron otros nombres de personas suplantadoras de electores legítimos.

También se ha señalado por parte de la Sala:

´´(…) una lectura conjunta de los artículos 230 y 136 numeral 12 del C.C.A., sólo permite arribar a una conclusión en cuanto a la oportunidad de corrección de la demanda cuando las modificaciones están encaminadas a la inclusión de nuevos cargos, consistente en que la demanda es corregible con tal propósito, siempre que a la fecha de hacerlo la caducidad de la acción no haya operado, puesto que si tal suceso ya se presentó, a la parte demandante se le cierra toda posibilidad de extender los cargos o ampliar los casos inicialmente consignados en la demanda. De admitirse esta posibilidad se desnaturalizaría el proceso electoral, marcado por los principios de celeridad y seguridad jurídica, puesto que el término de caducidad (20 días) dejaría de ser perentorio e improrrogable para estar a discreción de los accionantes, quienes podrían bajo tal tesis corregir la demanda con nuevos cargos cuando legalmente la posibilidad de accionar ha cesado.”^[4] (Destaca la Sala).

La sentencia de 29 de junio de 2007, radicado 3954 – 3964[5],  expuso que no se puede hacer una integración normativa automática entre el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil, porque el artículo 89 de la última codificación trae términos distintos y permite modificaciones que no tienen en consideración la caducidad de la acción.

Dice el pronunciamiento que si la corrección de la demanda se limita a precisiones como serían “ampliar o suprimir medios de prueba” o “abundar en razones” frente a cada uno de los “cargos formulados”, su admisibilidad solo se supeditará a lo previsto en el artículo 230 del C.C.A., es decir debe presentarse antes de que quede en firme al auto que admita la demanda, que es el termino para corregirla.

Por el contrario, si la corrección de la demanda abarca elementos que llevan a inferir una adición en aspectos importantes como: i) las pretensiones, ii) la causa petendi,  iii) las partes o iv) “los cargos”, se hace necesario que no sólo se deba tener en cuenta lo previsto en el artículo 230 del C.C.A., sino también el término de caducidad de la acción (Art. 136 ibídem).

Para entender el contenido de esta decisión es necesario verificar que en el caso concreto se analizó:

1. a) Adición de un nuevo demandado en la corrección de la demanda que modificó la pretensión para que en el evento de que prosperara la nulidad, en el nuevo escrutinio no resultara elegido el segundo de la lista del representante a la Cámara.

1. b) Además, en lo que denominó “la causa para pedir”, la Sala encontró que la corrección de la demanda igualmente contenía “cargos o imputaciones” que no fueron presentados con la demanda inicial (lo que la llevó a afirmar que solamente podían ser estudiados en la medida que se hubieran formulado dentro del término de caducidad de la acción.)

2) En el caso en estudio, se observa que el actor adujo en la demanda inicial,  que la elección acusada incurrió en la causal de nulidad prevista en el numeral 2° del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo[6]; afirma que “Estudiada toda la documentación electoral tanto las actas y registros electorales de los jurados de votación como de las comisiones escrutadoras auxiliares y municipales encontramos las siguientes inconsistencias que materializan las falsedades y apocrificidades que contaminan tales actas y registros electorales” para lo cual concretó los cargos en las zonas, puestos y mesas que aparecen en los cuadros que abajo se transcriben.

Luego, mediante escrito radicado el 18 de enero de 2008 en la Secretaría del Tribunal, adicionó la demanda y señaló otros “casos nuevos”.

En la sentencia el Tribunal  dispuso la “invalidez” de 71 votos por diferencias entre los formularios E-11 y E-14,  “la invalidez” de 3 votos por “falsedad en los registros E-24”,  la no prosperidad del cargo de “suplantación de electores”, la “invalidez” de 2 votos por “doble votación de una misma persona”, la nulidad de 1  voto por el cargo de “votantes fallecidos”, no prosperidad del cargo  denominado ”cédulas dadas de baja por pérdida de derechos políticos y mala elaboración”, la “invalidez” de 7 votos por el cargo de “sufragantes no inscritos ni habilitados para votar, cédulas que no aparecen en el censo de mesa” y la no prosperidad del cargo de “votos inválidos por ausencia de los requisitos señalados en la Circular 136 de octubre de 2007 proferida por el Director de Censo Electoral de la Registraduría Nacional”

En síntesis, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda “toda vez que la cantidad de votos susceptibles de invalidez,-que serían 84 al hacer la suma de los votos declarados inválidos en todos los cargos- no tienen la entidad suficiente para superar la diferencia de 2.959 votos que hubo entre el titular de la elección demandada con el siguiente candidato a elección de alcalde…”

Se recalca que el objeto de la apelación no se dirigió contra  las decisiones del tribunal cuando analizó y decidió cada uno de los cargos, y su objeto se circunscribe en lo atinente a los casos y cargos adicionados  que no fueron examinados por la primera instancia por considerar que había caducado la acción cuando se presentaron.

3) Para facilitar la comparación del contenido de los dos escritos y verificar la existencia o no de cargos nuevos a renglón seguido se presentan los cuadros que reflejan los casos señalados en la demanda y luego los cuadros que contienen cargos y casos nuevos formulados en la adición.

1. Cargo: “Los registros consignados en los registros electorales E- 11 y las actas de escrutinio de los jurados de votación de las mesas demandadas difieren  respecto del total de ciudadanos  que votaron y el total de votos  del formulario  E-14”.

Para demostrarlo presentó el siguiente cuadro que compendia e identifica las mesas impugnadas:

Frente a este cargo, no se formuló adición alguna,

2. Cargo que denomina “Mesas afectadas con falsedad en los registros E-24”. En la demanda señaló los siguientes casos identificados por zona, puesto y mesa:

En el escrito de corrección sobre este cargo tampoco se señalaron nuevos casos.

3. Cargo “Suplantación de electores”. En la demanda se formuló de la siguiente manera:

En la adición se señalaron los siguientes 26 nuevos casos que se pueden verificar con la simple comparación de los nombres.

4. Cargo que identifica como “Doble votación de una misma persona” que presentó de la siguiente manera:

En la adición se relacionaron los siguientes 9 casos nuevos que se pueden verificar con la simple lectura de los nombres.

5. Cargo consistente en la votación de personas cuyas cédulas de ciudadanía se reportan como pertenecientes a personas fallecidas, y que el actor denomina “Votantes Fallecidos”; acusó las siguientes mesas y electores:

Con la corrección se adicionaron los siguientes 6 casos, según se comprueba con la comparación de los nombres y mesas señalados.

6. Cargo denominado “Bajas pérdida de derechos políticos”. En la demanda lo identificó así:

En  el escrito de adición se señaló 1 caso nuevo, como se nota a continuación:

7. Cargo denominado “Bajas por mala elaboración”, que lo mostró así:

La adición no señaló nuevos casos.

8. Cargo denominado “Cedulas en custodia que votaron”

Se trata en su totalidad de un nuevo cargo.

9. Cargo identificado como “Sufragantes no inscritos ni habilitados para votar. Cédulas que no están en censo de mesa”. La demanda señaló los siguientes casos:

Se presentaron los siguientes 54 casos nuevos, como aparece de la sola comparación de  nombres y cédulas.

10. Cargo denominado “Votos inválidos por ausencia de los requisitos señalados  en la circular  136 de octubre de 2007 del Director de Gestión electoral  de la Registraduría Nacional”, porque los jurados no diligenciaron los formularios E-11C, en aquellos casos en que el votante manifestaba no saber votar.

Afirma el actor que la Registraduría Nacional del Estado Civil creó el formulario E-11C para llevar el registro de personas que dicen no saber firmar, y que impone a los jurados verificar que en la cédula de ciudadanía exista la anotación “Manifiesta no saber firmar”, lo que obliga a los jurados diligenciar el mencionado formulario, anotando el orden que corresponde al votante, su número de cédula, sus nombres y apellidos, y una vez cerrada la votación firmarlo y depositarlo en un sobre dirigido a los claveros.

Señaló en la demanda los siguientes casos:

En  el escrito de corrección se adicionaron los siguientes 483 nuevos casos que se pueden verificar comparando los nombres.

11. Cargo denominado “Casillas del E-11 en blanco”. En la demanda se relacionaron los siguientes casos:

En la adición no se señalaron nuevos casos.

12. Cargo de “Trashumancia”.

Aunque la demanda dice que se configuró el fenómeno de trashumancia electoral y que “los jurados no le dieron estricto cumplimiento a las resoluciones de anulación de inscripciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral”, no identificó los casos concretos señalando zona, puesto, mesas y los presuntos trashumantes. Este cargo sólo fue formulado en el escrito de corrección de la demanda pues allí se identificó 235 casos. Como consecuencia el Tribunal no debía estudiarlo al haber operado la caducidad de la acción.

Así las cosas, en síntesis se verifica que en el escrito de corrección de la demanda aparecen identificados un total de  815 casos nuevos como se observa en el siguiente cuadro.

La jurisprudencia reiterada de la Sala, como se desprende del punto 2.2, ha sostenido que la concreción de nuevos casos de irregularidades que se identifican en la corrección de la demanda sólo son procedentes antes del término de caducidad, pero en este caso este término precluyó el 4 de diciembre de 2007 y la corrección fue presentada el 18 de enero de 2008, después del tiempo previsto en el artículo 136 del C.C.A.

Por otra parte, no sobra anotar que de los anteriores casos nuevos, 8 corresponden a nombres que se relacionan con mesas y cargos de violación de la ley formulados desde el inicio. Estos casos se discriminan así:

1. 4 por doble votación de un mismo elector:

1. 2 de sufragantes que no están en el censo de mesa:

1. 2 frente a quienes los jurados de votación no diligenciaron los formularios E-11 C.

Al efecto, adicionalmente se observa que se trata de 8 casos o irregularidades que en la hipótesis de que pudieran prosperar, es evidente que no tendrán incidencia o determinación sustancial que pueda modificar el resultado de la elección, por cuanto, como se dijo, las diferencias entre los candidatos  Edinson Rangel Aguas y Gabriel Alberto Calle  asciende a 2959 votos, y como el Tribunal halló probado tan solo 84 irregularidades, que sumadas a las que son objeto de estos comentarios arroja un total de 92, la elección mantiene su firmeza.

Finalmente, es necesario aclarar que la sentencia de 2 de octubre de 2008, que cita el concepto del Ministerio Público, en forma alguna autoriza que el demandante  que haya formulado un vicio en la elección que concreta en zona, puesto, mesa y elector, quede autorizado para adicionar la acusación frente a otro puesto o mesa. Allí se dice que frente al caso concreto demandado se puede hacer una mejor sustentación o formulación del mismo cargo. Por ello, como en el sub lite se demostró que se acusaron los vicios respecto de otros electores, puestos y mesas, después de la caducidad de la acción, la adición resulta extemporánea.

Por lo anterior, no prosperan los cargos, y el fallo deberá ser confirmado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMASE la sentencia de primera instancia dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.

SEGUNDO. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MAURICIO TORRES CUERVO                 SUSANA BUITRAGO VALENCIA

            Presidente

MARIA NOHEMI HERNANDEZ PINZON           FILEMON JIMENEZ OCHOA

           (Ausente en comisión)

1 La Sala reitera su jurisprudencia[1] en cuanto considera que solamente procede la nulidad de una elección popular cuando los votos irregulares inciden en el resultado electoral, en tanto que debe darse aplicación al principio de eficacia del voto válido, puesto que no es razonable que se declare la nulidad de una elección si de todas maneras el resultado electoral se mantiene. En tal virtud, la incidencia de los votos irregulares en el resultado electoral debe ser evaluado desde el punto de vista numérico respecto de la diferencia entre los sufragios obtenidos por el candidato ganador y el que le sigue en votación. Por lo tanto, si se demuestra la irregularidad de un número suficiente de votos para incidir en el resultado electoral, la nulidad debe decretarse y se ordenará la exclusión de todos los votos de cada mesa de votación y, posteriormente, se efectuará el nuevo escrutinio. (consejo de Estado sección Quinta, sentencia de fecha dos (2) de octubre de dos mil dos (2002), CP: Dario Quiñónez Pinilla)

[2] Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del  2 de octubre de 2008. Expediente 2007-00236- 01.

[3] MP. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá.

[4] Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2006. Expediente 4017.

[5] MP. Dra. María Nohemí Hernández

[6] (Fll 6, C - 9)