CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil nueve (2009)

 

Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00293-00(AC)

 

Actor: LUIS MORALES MARTINEZ

 

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA

 

 

Referencia: ACCION DE TUTELA

 

 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta por el señor LUIS MORALES MARTINEZ, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

 

 

I. ANTECEDENTES

 

El señor LUIS MORALES MARTINEZ, actuando mediante apoderado, presentó demanda, en ejercicio de la acción de tutela, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por considerar que vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia del 16 de enero de 2009, por medio de la cual se revocó el numeral 4º de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, que había declarado nulo el acto de elección del Alcalde del municipio de San Zenón (Magdalena), para el periodo constitucional y legal 2008 – 2011.

 

 

HECHOS

 

Indica el demandante que el 28 de octubre del 2007 se realizó la elección de Alcalde, para el periodo 2008 – 2011, en el municipio de San Zenón (Magdalena).

 

Aduce que como resultado del sufragio resultó electo el señor Roberto Carlos López Chávez.

 

Señala que demandó la nulidad del acto administrativo que declaró la elección del señor López Chávez y que el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, en sentencia del 29 de julio del 2008, profirió fallo que le fue favorable.

 

Manifiesta que dicha providencia fue impugnada y que en sentencia del 16 de enero de 2009 el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo de primera instancia.

 

Argumenta que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena constituye una vía de hecho por cuanto adolece de graves defectos sustantivos y fácticos.

 

Declara que el juez de segunda instancia desconoció las pruebas anexadas en copia en razón de no haber estado  “autorizadas por notario”, situación que desconoce palmariamente los artículos 251 a 254 del C.P.C. y que implica el hecho de que se incurriera en un erróneo e inadecuado apoyo e interpretación de las pruebas al momento de proferir la sentencia del 16 de enero del 2009.

 

 

1. PRETENSIONES

 

Solicita el demandante que:

 

1. Se revoque la sentencia del 16 de enero de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se revocó el aparte pertinente de la sentencia del 29 de julio de 2008, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, que declaró nulo el acto de elección del señor Roberto Carlos López como Alcalde de San Zenón y en su lugar se le otorgue plena validez al aparte pertinente, de la sentencia de primera instancia, que declaró nulo el acto de elección de marras.

 

1. DEFENSA

 

El Tribunal Administrativo del Magdalena da respuesta oportuna a la demanda.

 

Precisó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional explica minuciosamente la procedencia de tutelas frente a providencias judiciales cuando se está en presencia de una vía de hecho.

 

Considera errónea la afirmación del actor de considerar que existen defectos fácticos en la sentencia de segunda instancia por cuanto es imperativo que la providencia del 16 de enero del 2009 fue adecuadamente motivada.

 

Sostiene que restarle valor a las copias autenticadas por notario es acatar los lineamientos de la ley que indican que los documentos públicos deben ser autenticados por el jefe de la oficina administrativa de donde provienen los libelos.

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Dicha acción se establece como mecanismo subsidiario, es decir, que sólo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

 

En el presente asunto la parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con la sentencia del 16 de enero de 2009.

 

Es claro entonces que la demanda se dirige a obtener la pérdida de efectos de una sentencia de fondo, de tal suerte que la acción de tutela resulta improcedente.

 

En efecto, sobre la procedencia de la acción de tutela para controvertir providencias, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que no es viable, pues se quebrantaría entre otros, el principio de la cosa juzgada, autonomía judicial y seguridad jurídica.

 

En efecto la Corte Constitucional en el fallo T-173 del 17 de marzo de 1999, con ponencia de la Magistrada Martha Victoria Sáchica Méndez consideró lo siguiente:

 

“2. Improcedencia de la acción de tutela como una instancia adicional para revisar los fallos proferidos dentro de los procesos promovidos en ejercicio de acciones de cumplimiento

 

 

Ahora bien, la Ley 393 de 1997 que desarrolló el artículo 87 superior, dispuso que esta acción se puede interponer por cualquier persona en primera instancia, ante los jueces administrativos y en segunda instancia, ante el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.  No obstante, precisó que mientras entran en funcionamiento dichos juzgados, conocerán inicialmente de la acción los Tribunales Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado.

 

 

… de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 393 de 1997, para el trámite de la acción de cumplimiento solamente está prevista la posibilidad de que existan dos instancias, así :

 

(…)

 

En consecuencia, una vez agotadas ambas instancias es decir, debidamente ejecutoriada y en firme la sentencia del Consejo de Estado si hubo apelación, o la del Tribunal Administrativo si no la hubo, adquiere fuerza jurídica de cosa juzgada, sin que exista por lo tanto posibilidad alguna de invocar recurso o instancia adicional.

 

…

 

 

De lo anterior se deduce que, agotado el procedimiento y el trámite propio de una acción de tutela o de una de cumplimiento, e igualmente de una acción popular o de grupo, la providencia adoptada por el juez del conocimiento cuando no admita recursos conforme a las reglas propias de su jurisdicción, hace tránsito a cosa juzgada y no podrá ser objeto de recurso alguno ni de otra acción para efectos de dejarla sin piso, y de esa manera, evadir su cumplimiento.

 

En efecto, estima la Corte que atenta contra el correcto, adecuado y eficaz funcionamiento y acceso a la administración de justicia, la utilización incorrecta de los distintos mecanismos de protección de los derechos creados por la Carta del 1991, toda vez que el constituyente fue preciso y claro al disponer que cada uno de ellos cumple una finalidad y un objetivo específico y concreto, por lo que no pueden utilizarse de manera indiscriminada para lograr un fin particular que atenta contra su esencia y naturaleza y que entraba el funcionamiento de la administración de justicia.

 

De esta manera, cuando se ha agotado el procedimiento fijado por La Constitución y la ley para la protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela, no puede invocarse otro de los mecanismos de protección, como la acción de cumplimiento o las populares o de grupo, para tratar de dejar sin efecto la decisión del juez de tutela, cuando ella no es favorable o conveniente para quien la invocó, así como tampoco a la inversa, pretender por la vía de la acción de cumplimiento obtener el amparo de derechos fundamentales.

 

(…)

 

En ese orden de ideas, estima la Sala que no puede convertirse a la tutela en el instrumento, ya no sólo para revivir instancias agotadas o recursos que se vencieron por el transcurso del tiempo y la negligencia de su titular o para sustituir al juez ordinario, sino también para crear una nueva instancia o controvertir la sentencia adoptada en un proceso especial y particular como el de cumplimiento, cuando la decisión resulta desfavorable a los intereses de su titular.

 

…

 

En consecuencia, al ser improcedente el amparo solicitado, esta Sala se abstendrá de  entrar a examinar los hechos aducidos por el demandante para sustentar la presunta indebida e irregular interpretación dada por las autoridades judiciales accionadas, por lo que con fundamento en las consideraciones anteriores, habrá de confirmarse el fallo que se revisa en los términos consignados en esta providencia.”. (Resalta la Sala).

 

 

Igualmente, la Corte Constitucional, que en sentencia C-543 de 1992 señaló:

 

“No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. (…) Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias. (...) Se comprende en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando este medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela pues al tenor del artículo 86 de la constitución dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció  los recursos de que disponía. Pero, claro está,  si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a  las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (Art. 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los  mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción”. (Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-543 de 1992. M. P. José Gregorio Hernández Galindo).

 

Vale la pena señalar que la Sala Plena del Consejo de Estado, inclusive antes de la expedición de la providencia transcrita, había mantenido invariable el criterio de la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[1].

 

Sin embargo, la misma Corte Constitucional elaboró la tesis de la vía de hecho como excepción a la improcedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, tesis que fue aplicada por esta Sala en numerosas oportunidades, hasta el 29 de junio de 2004, fecha en la cual la Sala Plena del Consejo de Estado concluyó que la acción de tutela no procede de manera alguna contra las decisiones judiciales, so pena de suplantar al juez competente, usurpar la función pública de administrar justicia y atentar contra el principio de autonomía de los jueces[2].

 

A continuación se transcriben apartes de dicho lineamiento jurisprudencial:

 

“3. El Juez de Tutela no puede suplantar al competente.

 

“El juez de tutela, en ningún caso puede ejercer una función suplantadora de otro juez, y mucho menos cuando éste obra en ejercicio de mandatos constitucionales y con el propósito de salvaguardar la ley de leyes dentro de un especial marco de competencia constitucional. Y esto es apenas consecuencia de precisos ordenamientos superiores. En efecto, si bien es cierto que toda persona está facultada para incoar la acción que consagra el artículo 86 de la C.P., cuando sus derechos fundamentales constitucionales han sido vulnerados o se encuentran amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, caso en el cual, si la solicitud elevada debe prosperar, la correspondiente sentencia se proferirá en el sentido de que la autoridad actúe o se abstenga de hacerlo, no es menos evidente que este tipo de pronunciamiento no puede dirigirse a un Juez de la República en relación con su función de administrador de justicia, por resultar imposible jurídicamente impartirle órdenes a fin de que dirima un conflicto de intereses o litigio judicial en determinado sentido. Y al juez de tutela, a menos que resuelva incurrir en violación manifiesta de la Constitución, le está vedado, asimismo, dictar sentencia de reemplazo porque con ello suplantaría al juez competente y, por ende, le usurparía su función pública; conducta merecedora de reproche a la luz de normas especializadas del ordenamiento jurídico. Y es que, como se dijo antes, el fallo de tutela no puede salirse del límite fijado en el artículo 86 de la C.P., que consiste en mandar que el funcionario acusado “actúe o se abstenga de hacerlo”; orden de la que no son pasibles los jueces porque con ello se quebrantaría el artículo 228 de la C.P., el cual prescribe que el funcionamiento de la administración de justicia es autónomo ya que en virtud de tal autonomía los jueces, sometidos como están al imperio de la ley (artículo 230 del la C.P.) dirimirán las contiendas luego de realizar una labor interpretativa de las normas jurídicas, tomando como criterios auxiliares de su actividad judicial la equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina.

 

“...

 

“De lo expuesto se desprende que la tutela, a la luz de la Constitución y la ley, no puede instaurarse contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, amén de que ello conduce a que la administración de justicia se concentre a la postre, en la Corte Constitucional y sea ésta la que diga la última palabra en las distintas áreas del derecho cuyo conocimiento incumbe a otras Cortes, ... En otras palabras: con la acción de tutela contra sentencias judiciales y con el efecto que se acaba de aludir se transgrede de modo mayúsculo el mandato contenido en el artículo 228 de la C.P. que señala como característica de la Administración de Justicia el hecho de que su funcionamiento sea desconcentrado, lo que impone el respeto a las normas de competencia, sobre todo cuando éstas son de origen constitucional como la del Consejo de Estado para decidir las demandas de pérdida de investidura.

 

“...

 

“Si, pues, los artículos 11, 12 y 40 del decreto 2591 de 1.991, que abrían el espacio para que la tutela pudiera instaurarse contra los pronunciamientos de los jueces que pusieran fin a un proceso, fueron declarados inexequibles en su totalidad y por ende desaparecieron del mundo jurídico, tal como quedó explicado en los apartes del fallo C-543 de 1.992 que se transcribieron antes, resulta inadmisible, por constituir enorme desaguisado, que se siga permitiendo la tutela contra providencias judiciales con el inconsistente argumento de la infalibilidad de la Corte Constitucional; ...

 

“...

 

“Y en el fallo C-543/92, que constituye también cosa juzgada constitucional, se dijo que “…la misma idea de justicia sugiere la de un punto definitivo a partir del cual la sentencia no pueda ser modificada. Habiéndose llegado a él, una vez agotados todos los momentos procesales, concluidas  las instancias de verificación jurídica sobre lo actuado y surtidos, si eran procedentes, los recursos extraordinarios previstos en la ley, no puede haber nuevas opciones de revisión del proceso, en cuanto la posibilidad de que así suceda compromete en alto grado la prevalencia del interés general (art. 1º C.N.) , representado en la necesaria certidumbre de las decisiones judiciales” (Magistrado Ponente: Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda).

 

En sentido similar y con base en el anterior lineamiento, esta Sala en sentencia AC-00308 del 9 de julio de 2004 precisó que la tesis de la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales tiene por finalidad la salvaguarda del principio de la seguridad jurídica. Sin embargo, en esa misma oportunidad, aclaró que dicho principio no constituye un valor absoluto, de manera que no pueden desconocerse otros valores de similar importancia en un Estado Social de Derecho como la paz, la convivencia pacífica o la existencia de un orden social justo so pretexto de la protección del referido principio de la seguridad jurídica[3].

 

Dicha tesis ha sido acogida por esta Sala. Sin embargo, de manera excepcional, ha aceptado la procedencia de la tutela contra providencias judiciales en casos de violación del derecho de acceso a la administración de justicia[4] cuando la persona afectada no tuvo siquiera la oportunidad de ingresar al proceso, pues en este caso no se quebranta la cosa juzgada ni la seguridad jurídica que caracterizan a las providencias judiciales que han puesto fin a un proceso, entendiendo la cosa juzgada como aquella que da a los fallos ejecutoriados el carácter de inmutables, intangibles, indiscutibles y obligatorios que, por lo mismo no pueden ser modificados.

 

En el presente caso, es claro que la demandante no está de acuerdo con la sentencia del 16 de enero del 2009, adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, lo cual no constituye una situación excepcional que de lugar a conceder el amparo de los referidos derechos fundamentales.

 

De acuerdo con la tesis planteada anteriormente se impone negar por improcedente la tutela reclamada, pues se repite, se pretende el examen de una sentencia dictada en un proceso instaurado en ejercicio de la acción de nulidad electoral

 

Por lo anteriormente expuesto, la Sección Primera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

 

FALLA

 

 

PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia del 16 de enero de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez días (10) siguientes a la ejecutoria del presente fallo.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en sesión celebrada en la fecha precitada.

 

 

 

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO           MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Presidente

 

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN     RAFAEL E. OSTAU  DE  LAFONT PIANETA

 

 

 

 

 

 

[1] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 3 de febrero de 1992 dictada en el expediente N°AC-015. M.P. Dr. Luis Eduardo Jaramillo.

[2] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de junio de 2004, dictada en el expediente AC-10203, Actora: Ana Beatriz Moreno Morales. M. P. Doctor Nicolás Pajaro Peñaranda.

 

[3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 9 de julio de 2004, proferida dentro del expediente No. 2004-00308, Actor Inés Velásquez de Velásquez, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. En el mismo sentido, ver sentencia de la misma fecha y ponente, expediente N°2004-0019-02, actor: William Enrique Salleg Taboada.

 

[4] Ibídem.