CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

Rad. No.34936

Acta No. 38

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil diez (2010).

 

 

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada de la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 27 de abril de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido a la recurrente por GERARDO ESTANISLAO ARCOS GARZÓN.

 

ANTECEDENTES

 

En lo que interesa al recurso extraordinario, el demandante promovió el proceso para obtener la actualización de la base salarial que devengaba al momento de la desvinculación, con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE a febrero 1 de 2004, cuando se hizo exigible su Pensión de Jubilación Convencional; pagar el ajuste de la mesada pensional devengada desde la citada fecha, con los incrementos anuales y primas semestrales; la indexación de las sumas debidas desde su exigibilidad hasta el pago, los demás derechos ultra y extra petita, y las costas.

 

Expuso que laboró al servicio de la demandada entre el 1 de febrero de 1971 y el 27 de junio de 1999; luego de más de 28 años de servicios la Caja le reconoció pensión de jubilación convencional a partir del día 1 de febrero de 2004, a través de la Resolución No. 02993 del 10 de febrero de 2004; que la base salarial tenida en cuenta al momento de liquidar la pensión, fue el promedio del salario devengado durante el último año de servicios, sin actualizarlo con base en el I.P.C. certificado por el DANE; que por escrito del 23 de mayo de 2006, solicitó a la demandada se indexara la primera mesada pensional, la cual fue negada en comunicación del 8 de junio del citado año (folios 8 a 26).

 

La Caja Agraria, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones; alegó la improcedencia de la indexación por cuanto la entidad ha cumplido con la obligación del incremento anual que señalan las disposiciones constitucionales y legales desde el reconocimiento, además porque en la convención colectiva no está previsto ajuste o indexación alguna; aceptó los hechos relativos a la relación laboral y sus extremos temporales, el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional y la reclamación administrativa; propuso como excepciones “inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, pago, inexistencia de morosidad, presunción de legalidad, falta de causa, prescripción, caducidad, compensación, buena fe, no configuración del derecho al pago del I.P.C., ni de indexación o reajuste alguno”.  (folios 67 a 82).

 

La primera instancia terminó con sentencia del 27 de noviembre de 2006, mediante la cual, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., condenó a la demandada “a reajustar el valor de la primera mesada pensional reconocida a favor del demandante GERARDO ESTANISLAO ARCOS GARZÓN, mediante Resolución No. 02993 de 2004, a la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 43/100 MCTE. ($1.169.814,43) junto con los respectivos reajustes de ley”, igualmente dispuso cancelar las diferencias entre las sumas pagadas por concepto de pensión de jubilación y las realmente causadas atendiendo al valor real de la aquí ajustada, junto con sus incrementos a partir del 1º de febrero de 2004, dejó las costas a cargo de la demandada.

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

 

Al decidir la apelación de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., mediante sentencia del 27 de abril de 2007, confirmó la del a quo, en cuanto a las condenas impuestas respecto del señor Arcos Garzón, las costas la dejó a cargo de la demandada.

 

El ad quem precisó que:

 

“Ahora en relación al Señor GERARDO ESTANISLAO ARCOS, es claro que siendo su natalicio el día 1 de febrero del año 1949, gozaba del régimen de transición de la ley 100 de 1993 esto es, su pensión en principio se regularía por los parámetros de la ley 33 de 1985, 20 años de servicio continuo o discontinuos y 55 años de edad, de manera que visto el acto administrativo de reconocimiento de la pensión, se extrae que se otorgó en vigencia de la ley 100 de 1993, al llegar a la edad legal, aplicable al Señor ARCOS GARZÓN para acceder a la pensión, cumpliendo igualmente los 55 años de edad en vigencia del sistema general de pensiones, así que atendiendo los razonamientos expuestos para dilucidar el caso del Señor NUÑEZ FUENTES, entre otros, fallos de casación laboral de 8 de mayo del año 2003 radicación No. 200119 (sic), 7 de marzo de 2003 radicación 19327, ha de concluirse que al corresponder la pensión reconocida al Sr. ARCOS GARZÓN a una de estirpe legal, causada en vigencia de la ley 100 de 1993, procede ajustar el ingreso base para liquidar la pensión, siguiéndose en este aspecto la confirmación del fallo impugnado, en cuanto ordenó a la Caja Agraria a pagar al Señor GERARDO ESTANISLAO ARCOS GARZÓN el reajuste aludido”.

 

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurso presentado por el apoderado del demandante se declaró desierto por no allegarse la demanda (folios 63 y 65).

 

La demandada pretende se “CASE PARCIALMENTE la sentencia IMPUGNADA en cuanto confirmó los numerales 1, 2, 7  y 8 de la decisión del A quo quien condenó a la demandada a pagar al demandante GERARDO ESTANISLAO ARCOS GARZÓN las diferencias resultantes entre las sumas pagadas por la entidad demandada a título de mesadas por concepto de pensión de jubilación y las sumas realmente causadas por tal concepto y a las costas procesales. En sede de instancia, si así procede, la H. Corporación se servirá revocar la decisión de Primera Instancia absolviendo a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de todas las pretensiones demandadas”, con tal propósito formula 3 cargos, replicados oportunamente, los cuales se estudiaran de manera conjunta, por permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

 

PRIMER CARGO

 

Acusa la sentencia impugnada “por haber incurrido en violación indirecta por aplicación indebida de los artículos 177 del C.P.C.; 18 de la Ley 794 de 2003 que modificó el artículo 183 DEL c.p.c.; 12 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 25 del C.P.L.; 14, 21 y 36 de la ley 100 de 1993; 31, 61, 65, 77, 83 y 210 del C.P.L., que con llevaron la aplicación indebida de los artículos 8 de la ley 153 de 1887; 1 y 11 de la ley 6 de 1945; 19, 1, 4, 50, 467, 468, 470 y 471 del C.S.T.; 1 de la ley 33 de 1985; en relación con los artículos 41 y 42 del Decreto 692 de 1994; 1613 a 1618, 1626, 1627, 1649, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 2310, y 2311 del C.C.; 178 del C.C.A, 831 del CC; 145 del C.P.T.; 180, 186, 191, 306, 307, 308, 488 del C.P.C.; artículos 10, 11, 33 de la ley 100 de 1993”.

Como errores evidentes de hecho, señala:

“1.- No dar por demostrado que el demandante NO allegó al proceso los medios de pruebas relacionados con los índices de devaluación monetaria”.

“2.- No dar por demostrado estándolo que el juez de primera instancia en audiencia del 2 de noviembre de 2006 limitó los pruebas a los documentos allegados a dicha fecha por las partes”.

“3.- No dar por demostrado estándolo que el juez de primera instancia declaró la confesión de los demandantes sobre los hechos de la contestación de la demanda y el fundamento de excepciones”.

“5. (sic) Dar por demostrado sin estarlo que la pensión reconocida por la entidad demandada al actor fue de estirpe legal”.  

 

Aduce que los errores fueron producto de apreciar errádamente el libelo de demanda (folios 8 a 26); escrito de contestación de demanda (folios 67 a 82); acta de audiencia de fecha 2 de noviembre de 2006 (folio 297 a 299 del proceso) y Resolución 02993 del 16 de febrero de 2004 de reconocimiento de pensión a Gerardo Arcos Garzón (folios 91 a 94).

 

Señala como prueba dejada de apreciar, la declaratoria de confesión de los demandantes a los hechos de la contestación de la demanda y fundamento de las excepciones (folios 297 a 299).

Al sustentar la acusación indica que no discute que el señor Arcos Garzón laboró para la Caja por más de 20 años hasta el 27 de junio de 1999 y que se le reconoció pensión a partir del 1º de febrero de 2004; afirma que no se incluyó certificación del DANE sobre la devaluación de la moneda; que no se tuvo en cuenta la confesión aplicada sobre los hechos de la contestación de la demanda y que tampoco se analizó que la pensión reconocida al actor fue de carácter extralegal, situaciones con las que se demuestran los protuberantes errores cometidos por el Tribunal.

 

SEGUNDO CARGO

Acusa la sentencia “de violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 16 de la Ley 446 de 1998, 8 de la Ley 153 de 1887, 307 del Código de Procedimiento Civil, 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, 1 de la ley 33 de 1985, en relación con los artículos 1, 4, 13, 14, 50, y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 53 de la Constitución Política, y 14, 21, 117, 35, 142, y 143 de la Ley 100 de 1993, 1 y 11 de la ley 6 de 1945”.

 

Expresa que no ataca los supuestos de hecho de la sentencia, concretamente el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 1 de febrero de 2004 por haber cumplido 55 años de edad y 28 de servicios; afirma que las normas escogidas por el ad quem para fulminar la condena de indexación, no corresponden al caso toda vez que las mismas hacen referencia a pensiones legales, situación que difiere de la extralegal reconocida al demandante y sobre las pensiones convencionales no existe norma que consagre la actualización del IBL.

TERCER CARGO

Acusa la sentencia “por violación directa, en la modalidad de interpretación errónea de los siguientes preceptos legales y sustantivos: artículo 8 de la ley 153 de 1887; 19, del C.S.T.; 14, 21, 33, 36 de la ley 100 de 1993; 41 y 42 del Decreto 692 de 1994; por la aplicación indebida del artículo 1| de la ley 33 de 1985; en relación con los artículos 1, 11 y 49 de la ley 6 de 1945; 19 del Decreto 2127 de 1945; 1, 4, 13, 50, 467, 468, 470 y 471 del C.S.T.; 1613, a 1617, 1626, 1627, 1649, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 2310, y 2311 del C.C.; 178 del C.C.A., 831 del C.C.; 145 del C.P.T. y 306, 307, 308 y 488 del C.P.C. artículos 10 de la ley 100 de 1993, artículo 1 de la ley 62 de 1985, artículo 1 del D.R. 1158 de 1994 que modificó el Decreto 691 de 1994, 27 del Decreto 3135 de 1968; 68, 74 y 75 del Decreto 1848 de 1969”.

 

Dada la vía escogida, anota que tampoco ataca los supuestos de hecho de la sentencia entre ellos el reconocimiento de la pensión a partir del 1 de febrero de 2004, la cual en su sentir, tiene fundamento en un acuerdo convencional en el que no se pactó la indexación de la primera mesada; que el actor cuando se retiró no cumplía los requisitos convencionales para la prestación, tan sólo tenía una mera expectativa pero no un derecho adquirido; que el ad quem no podía considerar la pensión del actor como legal, además debió atender los criterios expuestos en la sentencia 11818 del 18 de agosto de 1999 de esta Sala y que “Debió situarse el debate de la indexación de la pensión de jubilación en el régimen general de las obligaciones, concluyendo que no es aplicable la indización en tratándose de una obligación que no ha sido incumplida sino por el contrato debidamente atendida y actualizada, sin que exista mora en el cumplimiento de la misma”, recalca que en materia de pensiones extralegales no existe legislación para actualizar la primera mesada, copió apartes de la sentencia de esta Sala 28430 del 29 de junio de 2006.

RÉPLICA

 

Sostiene que el recurso debe cumplir con las exigencias mínimas de técnica en su planteamiento, y que el primer cargo presenta deficiencias tanto en la proposición jurídica como en la demostración del mismo; frente a los cargos segundo y tercero, se remite a sentencias de esta Sala de Casación en las que se ratificó el criterio frente al tema de la indexación de la primera mesada pensional, copió apartes de la radicada 35004 del 3 de diciembre de 2008 y del 5 de agosto de 2008 sin precisar su numero.

 

SE CONSIDERA

 

El Tribunal encontró procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión, con fundamento en que la misma es de estirpe legal, causada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Esa naturaleza del derecho pensional reconocido al actor, como lo señala la censura, es desacertado, puesto que desde la demanda inicial se adujo que era convencional y así lo admitió la Caja, de donde resulta fundado el cargo enderezado para acreditar el desatino.

 

Sin embargo, no hay lugar a casar la decisión acusada, puesto que en instancia la Sala llegaría a igual conclusión de ser procedente la actualización de la base salarial, según el criterio adoptado por la Sala desde la sentencia de fecha 31 de julio de 2007, radicación 29022, en la que señaló que la naturaleza de la pensión: legal o extralegal, carecía de incidencia para efectos de la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, si fue reconocida en vigencia de la Constitución Política de 1991, pues dicha actualización resulta pertinente; criterio reiterado, entre otras, en las sentencias del 5 de mayo y 4 de noviembre de 2009, radicaciones 32535 y 39898, respectivamente.

 

En consecuencia, aunque el cargo de la vía indirecta resultó fundado, no prospera, como tampoco los otros propuestos.

Sin costas por resultar fundada una acusación.

 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 27 de abril de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso adelantado por GERARDO ESTANISLAO ARCOS GARZÓN contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO EN LIQUIDACIÓN.

 

Sin costas en el recurso extraordinario.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVA­SE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA                                  EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ                             CAMILO TARQUINO GALLEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACLARACION DE VOTO

Del Magistrado Eduardo López Villegas

 

 

Radicación:     34936

 

Demandada: CAJA AGRARIA EN LIQUIDACIÓN

 

Magistrada Ponente: ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

 

La diferencia del criterio que me lleva a aclarar mi voto, es: a) en cuanto a la naturaleza de la pensión para efectos de la indexación pensional; b) y en cuanto a si el instituto de la pensión convencional o voluntaria, queda cobijada por las normas constitucionales o legales que disponen la actualización monetaria de la primera mesada pensional; y más específicamente, si está comprendido en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

 

1. La indexación que en el sub lite se reclama procede en cuanto la pensión de jubilación es legal y partir del momento que se configure como tal; ciertamente, su otorgamiento anticipado y por el tiempo que se adelanta, es convencional; pero cuando se cumple la edad de ley, bajo el supuesto de que cumplió los años de servicio, es pensión legal, y justamente a partir de entonces, es que ha de tener el tratamiento que se le concede a las de ese género.

La fuente normativa de la que proviene un derecho es un elemento valioso pero no suficiente para determinar su naturaleza, ya fuere constitucional, legal, convencional o reglamentaria, por cuanto, como acontece con frecuencia, el mismo derecho puede ser materia de regulación en varias de ellas; en estos casos, se impone  por el principio de la jerarquía normativa, la de mayor rango; así entonces, el derecho a la pensión de jubilación en los términos previstos en la ley no pierde su naturaleza legal, por ser objeto de regulación convencional; y cuando esto sucede y modifica uno de los elementos esenciales de la pensión, al lado de la naturaleza legal, surge la convencional y respecto a lo que esta se mejora de aquella.

 

La pensión de jubilación es una prestación ante la contingencia social de la vejez, constituida por dos elementos esenciales: el de la edad, aquella que ley  asume como la del promedio de la población con vigor vital;  y el  haber trabajado el número suficiente de años, también señalados por la ley.

 

La modificación de algunos de los elementos constitutivos de la pensión, y sólo de ellos, bien sea anticipando la pensión a edad más temprana, u otorgándola por menor tiempo de servicios, tienen capacidad de modificar la naturaleza legal de la pensión de jubilación y convertirla en convencional, pero sólo en cuanto a lo que vaya más allá de lo estipulado en la ley.

La pensión de jubilación así modificada no puede ser íntegra o únicamente convencional; de serlo aflorarían consecuencias inadmisibles, como la de poder ser materia de negociación colectiva, la existencia del derecho, o la desmejora de los factores que la integran por debajo del mínimo legal; o la de que el pensionado convencional tendría derecho a reclamar la pensión que se entendió modificado, y gozar de ambas, por cuanto, siendo distintos, no se puede oponer que con el pago de aquella se cumple con esta.

 

La obligación del pago de la pensión de jubilación se origina en el mandato del legislador de encomendarle transitoriamente a los patronos la protección de vejez de sus trabajadores, mientras el Estado organizaba los instrumentos institucionales para asumir la prestación directa de ese servicio público de  seguridad social, como lo define la Constitución Política de 1991. La  subrogación pensional, mediante la cual el Estado releva a los patronos de las obligaciones pensionales, obra, justamente porque entre las pensiones de empresa, legales, voluntarias o convencionales,  y las de seguridad social se da una identidad de naturaleza, sin la cual no tendría justificación el que el sistema de seguridad social asumiera obligaciones las que, de otra manera, tendrían meramente el carácter de privado.

 

A la naturaleza de prestación de seguridad social común para todas las pensiones, se le adiciona la dimensión convencional, por los beneficios que mejoran el mínimo legal, los que no  pueden tener una magnitud con tal que tengan la virtualidad de desfigurar la institución pensional, y por los que, como pueden responder a motivos del empleador diferentes a la de la obligación ex lege, los beneficios tienen un tratamiento diferente en materia de subrogación, de manera que el Instituto de Seguros Sociales no asuma la mayor prestación, por el lapso entre la menor edad y la de ley, o el valor que excede el de la de vejez. 

 

Así, entonces, las pensiones convencionales que se otorgan con anticipo a la edad de ley, pierden la condición de pensiones de naturaleza mixta, por desaparecer el  beneficio convencional y obrar en ellas sólo la legal, ciertamente es axiomático que las pensiones legales de jubilación son las que se reconocen a partir de que el trabajador haya satisfecho los requisitos de ley.

 

Y la adopción de este criterio responde a la proporcionalidad que debe guardar la ley en la imposición de cargas a los ciudadanos, en nuestro caso, no haciendo más onerosa la obligaciones de seguridad social  a algunos patronos y por razón de haber cumplido con su deber de la mejor manera no limitándose a lo legal, sino ofreciendo una protección mas amplia; y guarda coherencia con el principio de unidad y universalidad de las prestaciones que esta Sala viene aplicando reiteradamente, para resolver las controversias que se suscitan en torno al proceso del tránsito del sistema prestacional directo del patrono, al de la seguridad social.

 

1. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 le ordena al legislador definir los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, este mandato es respecto a las pensiones que caen bajo la órbita de éste, esto es, las de carácter legal.

 

Ciertamente, el artículo 260 de del C.S.T., la Ley 33 de 1985, la Ley 100 de 1993, de las que la Sala ha inferido el derecho del pensionado a la indexación de la primera mesada pensional, de conformidad con la interpretación que de ellas ha de hacerse según la sentencia de exequibilidad C 862 de 2006, o del texto expreso de la última, es respecto a las pensiones de origen legal.

 

El único régimen a que está sujeta la determinación del monto de las pensiones voluntarias o convencionales es aquél que haya ofrecido el empleador o hubieran acordado las partes; las reglas de liquidación contenidas en la fuente normativa o extra legal respectiva, debe respetarse por el juzgador tal como quedaron consagradas por quienes le dieron fuerza al acto jurídico de creación del beneficio, porque la Ley avala en ese escenario el valor de la manifestación libre de su voluntad.

Si el ofrecimiento del empleador o el acuerdo conciliatorio o el convencional no previeron la indexación de la primera mesada para la fecha en que ésta se iba a recibir, no es posible llegar a ella por criterios interpretativos y de integración con las normas que regulan las pensiones legales, únicas respecto de las cuales gravita el deber constitucional de mantener el poder adquisitivo de las mesadas; y ello es así por cuanto es sobre las pensiones de jubilación y de vejez, - y no las extralegales-,  que la ley erige la cobertura del riesgo de la vejez; las voluntarias y extralegales, son una protección que supera ese mínimo legal, cuya configuración corresponde al empleador o a las partes, pudiendo incluso, como suele acontecer, que se brinden para antes de que acaezca el riesgo de la senectud.

 

Efectivamente, las pensiones extralegales no están cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puesto que éste es el mecanismo previsto para   hacer compatibles con el Sistema General del Pensiones los regímenes legales anteriores. Carece de sentido pretender su aplicación respecto de aquellas pensiones voluntarias o convencionales de las cuales no pueden ser trasladados ni sus fondos, ni sus cargas, a las entidades que administran el Sistema General de Pensiones.

 

De esta manera, sigue vigente lo que respecto a pretensiones como las del sub examine ha reiterado la Sala en numerosas sentencias, en los siguientes términos: 

 

“Es un principio angular del orden económico y jurídico, el que las obligaciones valen en todo respecto de conformidad con su tenor, y el cual puede ser modificado sólo por la ley en casos especiales, como reza el artículo 1627 del Código Civil; por ello, excepcionalmente y por mandato expreso del legislador puede ser impuesta la  corrección monetaria de las obligaciones, ya fueren de origen legal o convencional.” [Sentencia del primero (1) de agosto de dos mil seis (2006), radicación 28504].

 

 

La coherencia de esta postura, o de la contraria, se pone a prueba cuando se ha de definir la naturaleza de la pensión para definir, por ejemplo, su compatibilidad con la de vejez; y se rompe cuando se acomoda a conveniencia, según las circunstancias; de convencional para recibir dos pensiones; y de equipararlas a las legales para resolver sobre la indexación. 

 

1. La Sala finalmente acudió, para reforzar su posición, al argumento de que no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, con uno con a arreglo a una convención, porque, valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación lo padece tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a ser más onerosa una obligación pensional sino a mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo envilecimiento. ¡Haberlo dicho primero!. De ser esta razón válida sería suficiente, y estaría de demás el que el legislador hubiera ordenado o no la indexación, y el afán de la jurisprudencia de la Sala de hallar la ley que la dispone para las de carácter legal.

 

No guarda coherencia una jurisprudencia que en casos acude a principios que hacen superflua cualquier disposición, y en otros, a inquirir sobre la norma que señala el derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

 

 

Fecha ut supra

 

Con todo respeto,

 

 

 

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS