CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE :    EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

 

 

Referencia: Expediente No. 34967

 

 

Acta No. 07

 

 

Bogotá D.C., nueve (09) de marzo de dos mil diez (2010).

 

 

Dentro del proceso ordinario laboral que JOSÉ BENIGNO OVALLE TORRES le sigue al BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACIÓN, esta Sala de Casación, mediante sentencia del pasado 31 de marzo de 2009, CASÓ PARCIALMENTE la dictada por el Tribunal Superior de Bogotá el 26 de septiembre de 2007, en cuanto a la fórmula aplicable  para efectos de la indexación de la primera mesada pensional.

Para mejor proveer, en sede de instancia, se ordenó por Secretaría, librar oficio a la demandada, para que certificara la base de liquidación para aportes a la seguridad social  del demandante correspondiente a los últimos 10 años de servicios (entre el 1º de julio de 1984 y el 30 de junio de 1994).

 

Recibida la documentación respectiva, procede la Sala a proferir la siguiente,

 

DECISIÓN DE INSTANCIA

 

Conforme a la decisión adoptada, para efectos de determinar el ingreso base de liquidación de la pensión debidamente indexado, se tomará el promedio actualizado del salario base de liquidación correspondiente a los 10 últimos años, teniendo en cuenta la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación semestral, recibidos por el trabajador durante dicho periodo según la certificación allegada por la demandada, incorporada al proceso según el auto visible al folio 60. La  actualización se hace  a la fecha de la pensión con base en la variación anual del IPC (DANE). Y el promedio se establece ponderando la participación de cada uno así: se multiplica cada salario – ya actualizado – por el número de días que lo devengó y se divide en el total de días (Numero de Días para IBL).  A ese resultado se le calcula el 75%, obteniendo así el valor de la pensión.  Lo cual arroja el siguiente resultado:

 

 

 

Así las cosas, la Corte en sede de instancia, revocará parcialmente el fallo del Juzgado en cuanto al monto de la primera mesada pensional, en razón de la fórmula utilizada para, calcular la indexación del ingreso base de liquidación, para en su lugar, fijar dicha mesada en la suma de  DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRE CENTAVOS, $2.546.059.83.

 

Costas en las instancias a cargo de la parte demandada.

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de instancia, REVOCA PARCIALMENTE los ordinales primero y segundo del fallo proferido por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 10 de mayo de 2007, en el proceso adelantado por BENIGNO OVALLE TORRES, y, en su lugar, CONDENA al BANCO POPULAR S.A a: 1) La demandada deberá reajustar  el valor de la primera mesada de la pensión de jubilación reconocida al actor, a la suma de

$2.546.059.83, junto con los reajustes de ley y 2) Reconocer y pagar la suma de $96.614.689.81, por concepto de mesadas pensionales dejadas de pagar desde el 6 de octubre de 2005 hasta el 28 de febrero de 2010; y confirma en lo demás.

 

 

Costas de las instancias a cargo de la parte vencida.

 

 

Eduardo  López Villegas

 

 

 

 

elsy del pilar cuello calderón         GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Javier Osorio López                FRANCISCO  JAVIER  RICAURTE  GÓMEZ

 

 

 

 

CAMILO TARQUINO  GALLEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO DEL

 

MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

 

 

Magistrado Ponente: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

 

Rad: 34967

 

No comparto los criterios utilizados por la Sala para actualización del ingreso base de liquidación de la mesada pensional, pues estimo que no puede tomarse para ello el promedio de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios, si se tiene en cuenta que existe una norma legal que consagra un mecanismo de actualización diferente.

 

En mi opinión, en tratándose de pensiones como la debatida en el presente juicio, esto es, de servidores públicos beneficiarios del régimen de transición pensional, debe actualizarse el ingreso base de liquidación de  la prestación, pues a esos servidores les resulta aplicable el  inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que ha sido claramente corroborado por las normas que han reglamentado el aludido régimen transitorio, particularmente el artículo 1º del Decreto 813 de 1994, en cuanto, al delimitar el campo de aplicación, precisa que “…será aplicable a las pensiones  de vejez y jubilación de todos los trabajadores del sector                              privado, de los servidores públicos, de los trabajadores independientes y de los afiliados obligatorios o facultativos del Instituto de Seguro Social”.

 

Pero el citado inciso 3º en cuestión preceptúa que el ingreso que debe tomarse en cuenta para establecer la cuantía de la pensión de jubilación de los beneficiarios de tal sistema transitorio a quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, “será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, actualizado anualmente  con base en el índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

 

En mi criterio, la citada disposición legal consagra dos mecanismos para el cálculo del ingreso base de liquidación: 1) Tomar el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para que el beneficiario de la transición adquiera el derecho a la pensión, ó, 2)  Tomar el promedio de lo cotizado en todo el tiempo, en caso de ser este promedio superior. Entonces, si ante la falta de cotización o de salarios después de la vigencia del régimen pensional de la Ley 100 de 1993, como aquí aconteció, no es posible obtener un promedio de lo percibido en el tiempo que hiciera falta para adquirir el derecho, pues no habría sumas que calcular, ello indica que el promedio de lo cotizado en todo el tiempo será necesariamente superior y por tal razón debe acudirse a ésta forma de cálculo, porque por obvias razones no es posible utilizar la otra. Con todo, en ambos casos debe indexarse el promedio obtenido.

 

Por lo tanto, si la norma arriba comentada establece con claridad un procedimiento para obtener el ingreso base de liquidación de pensiones del régimen de transición en casos como el aquí debatido, estimo que es improcedente acudir al mecanismo utilizado por la Sala.

 

Con todo, aún de no acogerse la anterior solución, opino que la Sala en precedentes oportunidades ha ofrecido interpretaciones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993  que se ajustan más al espíritu de esa disposición y que considero tienen aplicación para el caso materia de análisis . Así lo hizo en la sentencia del  29 de noviembre de 2001 (Radicado 15921), que juzgo necesario transcribir en lo que es pertinente:

 

 “Ahora, la exégesis que por su parte propone el atacante implica en casos como el presente en que no hay coincidencia entre el momento de reunión de los requisitos y el retiro del servicio, que la fecha de entrada en vigencia del sistema sirve en principio para establecer el período faltante para adquirir el derecho, vale decir, es una simple medida de tiempo, ya que la contabilización de los aportes para liquidar la prestación debe hacerse desde la fecha a partir de la cual se hace efectivo el reconocimiento hacia atrás hasta completar el lapso inicialmente determinado.

 

“Dicho en otros términos, es preciso realizar dos operaciones: primero establecer cuántos días, contados desde el 1 de abril de 1994, faltaban al trabajador para reunir los requisitos y, segundo, trasponer luego esa medida o número de días a la fecha del retiro y empezar a contar hacía atrás las sumas devengadas hasta agotar dicho lapso, cuyo promedio actualizado constituiría el IBL para liquidar la pensión.

 

“Ese entendimiento, estima la Corte, es el que consulta el verdadero espíritu de la ley y se ajusta cabalmente a su tenor literal, en tanto acata su exigencia de tomar en consideración únicamente el tiempo faltante para adquirir el derecho y no otro; así mismo, cumple con el principio de tener en cuenta hasta la última semana cotizada para efectos de liquidar la pensión, situación que no ocurriría si llegara a entenderse que solamente sería dable contabilizar las semanas cotizadas o los ingresos devengados hasta el día de cumplimiento de todos los requisitos, lo cual implicaría evidentemente una tremenda injusticia al dejar por fuera cotizaciones efectivamente realizadas, en desmedro de los intereses del aportante, quien realizó unos pagos que no van a tener incidencia en el monto final de su pensión, solución que iría en contravía de principios básicos de la seguridad social, como aquel de que ‘a mayor cotización, mayor pensión’, axioma que resulta congruente - además- con otro principio propio de esta disciplina jurídica, concretamente el de la proporcionalidad.

 

“De manera que la única hermenéutica que permite acompasar el categórico mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 en el sentido de que el ingreso base de liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición que les faltare menos de diez años para adquirir el derecho será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, con la regla general que dispone tomar en cuenta hasta la última semana cotizada para liquidar la pensión, es la que se dejó descrita, de donde se colige, como atrás se manifestó, que inicialmente hay que determinar cuántos días, contados a partir de la entrada en vigencia del sistema (abril de 1994) faltaban para adquirir el derecho y esa unidad de tiempo trasponerla después a la fecha de la última cotización o del último salario devengado y empezarlo a contar de ahí hacía atrás, hasta completarla"

 

 

Insisto en que la anterior intelección merece ser tomada en consideración nuevamente por la Sala.

 

Fecha ut supra.

 

 

 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA