15538 Sala Penal 2000 [Corte Sup.De Justicia]

Proceso Nº 15538

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

SALA DE CASACION PENAL

 

 

 

 

 

Magistrado Ponente:

1. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO

Aprobado Acta Nro: 196

 

 

 

Bogotá D.C., martes veintiuno de noviembre del año dos mil.

 

 

 

VISTOS

 

Conforme con lo establecido en los artículos 234 y 235 del C. de P. Penal, se pronuncia la Sala acerca de la admisión de la demanda de revisión instaurada por el apoderado Judicial de  RAFAEL MARTÍNEZ PADILLA, contra quien el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja, Santander, en unión de otro procesado, profirió condena de 30 meses y 20 días de prisión en sentencia del 21 de mayo de 1998, término que igualmente le impuso a título de pena accesoria consistente en interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas, y multa en cuantía de $800.oo, al declararlo penalmente responsable del concurso de hechos punibles de falsedad en documento privado y estafa.  Dicha determinación fue confirmada con modificaciones por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga por la suya del 7 de septiembre del mismo año, al revisar por apelación el fallo de primer grado.

 

 

HECHOS

 

Fueron historiados por el fallador en la segunda instancia, de la siguiente manera:

 

“En la segunda quincena de julio del año de 1995 a la oficina del grupo de beneficios y servicios de Ecopetrol en Barrancabermeja, se presentaron los trabajadores JUAN CARLOS PAREJA PAREJA, ARISTIDES RODRÍGUEZ, WILLIAM ARIZA, AMADO NERVO MALAGÓN, CARLOS UPEGUI LATORRE, ALFONSO PLATA y ALFREDO SALAZAR, con el fin de indagar la razón por la cual se les descontó el valor del plan educacional cuando ellos no hicieron uso de ese plan, no se encontraban estudiando y por ende no se hallaban inscritos en ninguna universidad, presentando al efecto las respectivas constancias. Los descuentos se hicieron dado que a la referida empresa se allegó la documentación que acreditaba la vinculación de estos trabajadores a la universidad. Por las anteriores razones y al acreditarse que las órdenes de pago fueron falsificadas la empresa les pagó el descuento que se hizo indebidamente y se inició la pertinente investigación, estableciéndose en el curso de ella que Rafael Martínez Padilla se valió de RENE DE FEX DIAZ, con el fin de cobrar el valor que le correspondía por el referido descuento a ALFREDO SALAZAR DIAZ.”

 

Vinculados al sumario MARTÍNEZ PADILLA y De Fex Díaz en razón de los anteriores hechos, acusados y juzgados por los mismos, mediante sentencia de primero y segundo grados emitidos por las dependencias judiciales citadas en el introito de este proveído, se les impuso la condena de la que igualmente se hizo mérito.

 

 

LA DEMANDA DE REVISIÓN

 

Con invocación de la causal tercera estipulada en el Art. 232 del C. de P. Penal, pretende el accionante remover el fallo atacado con la argumentación de que al sentenciado MARTÍNEZ PADILLA se le sindicó y condenó en calidad de coautor por haber cobrado, previa falsificación del soporte documental pertinente, el importe de 7 planes educacionales de supuestos beneficiarios vinculados laboralmente a Ecopetrol, cuando lo cierto es que tal acción la ejecutó pero respecto de uno solo de esos planes, “el de ALFREDO SALAZAR, el cual cobró por solicitud expresa del mencionado trabajador.”

 

Para fundamentar su aserto, la demandante relaciona los nombres de tres testigos que dicen conocer lo verdaderamente acontecido en relación con los hechos objeto de juzgamiento, apartes de cuyas versiones rendidas extra-proceso resume a efecto de confrontarlas con los diversos medios de prueba examinados en las instancias ordinarias, luego de lo cual y previa crítica a la estimación probatoria realizada por los falladores, arriba a la conclusión de que al condenado es menester exonerársele de responsabilidad.

 

 

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

1. La acción de revisión procede contra sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada, dispone perentoriamente el Art. 232 del C. de P. Penal, y el escrito por cuyo medio se pretende su remoción no es de libre formulación, por cuanto el Art. 234 ibidem impone el cumplimiento de los presupuestos de forma y contenido allí relacionados, cuya inobservancia hace que la respectiva demanda resulte inidónea y por consiguiente su inadmisión es la consecuente declaración que ha menester hacer.

 

Entre las exigencias señaladas en el precepto citado en último lugar, su inciso final establece que con el escrito correspondiente debe acompañarse copia de los fallos de primero y segundo grados, “y constancia de su ejecutoria”, según el caso, cuya omisión, dado el carácter rogado de la acción, no le es posible enmendar de oficio a la Corte.

 

De una tal falencia, adolece la demanda de cuyo examen en su aspecto formal se ocupa la Sala, puesto que si bien la libelista arrimó como anexo de su escrito copias de los fallos producidos en las instancias ordinarias, olvidó aportar las constancias acerca de su ejecutoria, defecto este que impone su inadmisión a voces del Art. 235 ejusdem.

 

 

2. Al margen de lo anterior y en tratándose de la causal 3ª esgrimida por la demandante como motivo de revisión, tiene dicho la Corte que esta acción no es una instancia más a la cual acudir en demanda de un nuevo examen probatorio, como aquí se pretende, puesto que si el objetivo fundamental de la revisión es enmendar la injusticia material de un fallo -en el evento sub lite permitir la demostración de que ha sido condenado como responsable de un delito un inocente-, temas como el que se plantea en la demanda atinente a haber incurrido el encartado en un menor grado de responsabilidad al declarado en la sentencia, son ajenos a esta clase de impugnación.

 

 

Resulta pues un contrasentido, admitir que por lo menos el reo cometió una de las siete conductas punibles objeto del respectivo juicio de reproche, para en la parte conclusiva de la demanda pedir a través de lo que la demandante reputa como nuevas pruebas, “se exonere de responsabilidad a mi defendido”, situación esta que una vez más impone la inadmisión del correspondiente libelo.

 

 

En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal,

 

 

RESUELVE

 

         PRIMERO: Reconocer personería a la doctora Luz Esther García Acevedo como defensora del condenado RAFAEL MARTÍNEZ PADILLA, en los términos y para los efectos del poder conferido.   

 

SEGUNDO: Inadmitir la demanda de revisión que en representación del mentado reo instauró su defensora, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.

        

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

 

 

 

 

 

EDGAR LOMBANA TRUJILLO

 

 

 

 

FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL                        JORGE E. CÓRDOBA POVEDA

 

 

 

 

CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE                JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR                  ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

 

 

 

 

NILSON PINILLA PINILLA                         TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria