37101 Corte Suprema 2010 [Sala Laboral]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

 

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

Radicación No. 37101

Acta No. 05

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010).

 

 

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por LA NACIÓN –MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 18 de abril de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que  le sigue LUIS HUMBERTO BRACAMONTE PUPO.

 

I. ANTECEDENTES

 

Luis Humberto Bracamonte Pupo demandó a La Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-, para obtener la pensión de jubilación por despido injusto, a partir de 18 de diciembre de 2006, con el índice de precios al consumidor sobre el salario promedio de $1’040.861,oo, desde el 18 de diciembre de 2006 hasta el día del pago, con el 75% del salario promedio del último año de servicios, según la convención colectiva de trabajo 1996-1998, y los intereses moratorios.

En sustento de tales súplicas, afirmó que se vinculó transitoriamente al Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, mediante Resolución No. 01852 de 1976, y se posesionó el 31 de marzo de 1976; que ingresó nuevamente, como trabajador oficial, el 8 de enero de 1979, y permaneció hasta el 18 de julio de 1997; que estuvo afiliado a Sintraidema y le es aplicable el régimen convencional de 1996-1998; que el 18 de julio de 1997 le fue terminado unilateralmente y sin justa causa su contrato de trabajo; que a su desvinculación devengaba un salario promedio de $1’040.861,oo; que nació el 18 de diciembre de 1956 y le asiste derecho a la pensión de jubilación convencional por despido sin justa causa.

 

La Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- se opuso; dijo que el hecho 1 es cierto y aclaró que el actor se vinculó como empleado público; al 2, 5 y 9 adujo que son ciertos; al 3 que es cierto porque asumió las obligaciones del extinto IDEMA; al 4 y 5 dijo que es parcialmente cierto, porque el retiro del actor fue por causa legal debido a supresión del cargo; al 7 arguyó que no le consta; y al 8 que la petición fue radicada seis años después de la desvinculación. Invocó las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, ausencia de los requisitos para reconocer la pensión convencional, el despido del demandante responde a una justa causa, compensación, buena fe, prescripción y genérica (folios 102 a 107).

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 25 de enero de 2008, absolvió.

 

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

 

De la decisión apeló el demandante y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la revocó y, en su lugar, condenó a la demandada a pagar la pensión por despido injusto, indexada, en cuantía de $1’608.988,95, a partir de 18 de diciembre de 2006, y en lo demás la confirmó.

 

El ad quem explicó que la convención colectiva de trabajo del IDEMA y su sindicato (folios 27 a 86), en su artículo 138 (folio 74), estableció una vigencia de 2 años entre el 1 de mayo de 1996 y el 30 de abril de 1998, por lo que el 26 de septiembre de 1997, cuando terminó el contrato de trabajo del demandante en forma unilateral, esa convención estaba vigente.

 

Transcribió el artículo 98 de la convención (folios 58 y 59), y afirmó que el actor era trabajador oficial, que prestó sus servicios al IDEMA por más de 19 años (folios 2 y 102), que nació el 18 de diciembre de 1956 (folio 23), por lo que el 18 de diciembre de 2006 cumplió los 50 años de edad, quedando pendiente establecer si su despido fue injusto para que le asista derecho a la pensión prevista en el artículo 98, ibídem.

 

Añadió que para determinar si el despido fue injusto basta leer la comunicación de 18 de julio de 1997 (folio 18), en donde no se menciona justa causa alguna, de modo que sí fue injusto, y que en el hecho 3 de la demanda se aduce que estaba afiliado a SINTRAIDEMA, por lo que le es aplicable el régimen convencional (folio 1), hecho admitido por la demandada, por lo cual tiene derecho a acceder a la pensión convencional por despido injusto en monto de $780.645,75.

 

Indicó que la Corte Suprema de Justicia acogió un nuevo criterio para indexar la primera mesada pensional convencional, el cual ratificó en la sentencia de 31 de julio de 2007, radicación 29022, cuyo texto reprodujo, y agregó que el ingreso base de liquidación de la mesada pensional se actualiza tomando en cuenta la fórmula contenida en la sentencia de la Corte, de 13 de diciembre de 2007, radiación 31222, por lo cual al demandante le corresponde una pensión indexada, de $1’608.988,95, a partir de 18 de diciembre de 2006, y estimó que no es viable condenar por los intereses moratorios, por estar en discusión el derecho mismo a la pensión por despido.

 

 

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

 

Lo interpuso La Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- y con él aspira a que la Corte case la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del Juzgado.

 

Con esa intención propuso seis cargos, que fueron replicados, que la Corte estudiará en el orden en que fueron propuestos.

 

CARGO PRIMERO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por infracción directa los artículos 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 304 del Código de Procedimiento Civil, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6 de 1945.

 

Para su demostración, plasmada en un extenso alegato, que se resume, transcribe los artículos 145 y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el inciso segundo del 304 del Código de Procedimiento Civil, y afirma que en la sentencia del Tribunal se echa de menos el tema de la prescripción, propuesta como punto materia de la apelación, omisión grave y directa que muestra el desconocimiento de los mandatos señalados, lo cual incidió en la manera como se resolvió el derecho sustancial, que tiene sus fundamentos en los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y en el texto convencional.

 

Arguye que el derecho pensional no prescribe, pero que se debe distinguir entre la pensión prestación y la pensión como consecuencia de despido, eventualmente, injusto, sancionatorio, es decir, accesorio, por lo que es necesario diferenciar “el término prescriptivo para la calificación judicial de la causa injusta y el término prescriptivo de la pensión de jubilación”, y que “la prescripción que se invoca es la referida al término para obtener declaración judicial del supuesto de hecho que genera la consecuencia indemnizatoria.”

 

LA RÉPLICA

 

Sostiene que la censura confunde la prescripción de las acciones que emanan de las leyes sociales, que es de tres años, con la imprescriptibilidad de las prestaciones pensionales.

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Se observa que en este cargo la censura se orienta a demostrar que el Tribunal se equivocó al no examinar el tema de la prescripción.

Es cierto que en la parte resolutiva del fallo impugnado nada se dijo sobre la excepción de prescripción, pero para solucionar esa irregularidad ha debido acudir la parte demandada a lo dispuesto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, norma que consagra el remedio procesal para cuando no existe un pronunciamiento sobre alguno de los extremos del pleito. Pero no lo hizo así y al sustentar el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primer grado guardó silencio sobre el particular, de modo que el juzgador de segundo grado no estaba obligado a estudiarlo; por manera que la acusación debió enderezarse a acreditar que correspondía el examen de ese asunto, aspecto que no era susceptible de plantearse por la vía de puro derecho, por la cual viene encauzado el ataque. Recuerda la Corte que el recurso extraordinario de casación no es el estadio oportuno para corregir situaciones que cuentan con mecanismos de solución de los que debe hacerse uso en las instancias.

 

Aparte de ello, en el cargo también se afirma que la acreditación del despido injustificado, como fuente del derecho pensional sancionatorio, debe ser sometido a la jurisdicción dentro del término general prescriptivo establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

No le asiste razón al impugnante, porque de antiguo y en muchísimas sentencias, que han consolidado una jurisprudencia sólida y pacífica,  esta Sala de la Corte ha explicado que la declaración de la forma como ha sucedido un hecho, en este caso el despido, no puede verse afectada por el fenómeno prescriptivo. En la sentencia del 6 de febrero de 1996, radicación 8188, se dijo:

 

               “De los "hechos" que  fundamentan la pretensión que se hace valer en juicio sólo cabe predicar su existencia o inexistencia, lo cual sucede también con los "estados jurídicos" cuya declaratoria judicial se demande -como los que emanan del estado civil de las personas-, respecto de los cuales adicionalmente se puede afirmar que se han extinguido. La jurisprudencia ha dicho que la pensión de jubilación genera un verdadero estado jurídico, el de jubilado, que le da a la persona el derecho a disfrutar de por vida de una determinada suma mensual de dinero. Por eso ha declarado la imprescriptibilidad del derecho a la pensión de jubilación y por ello la acción que se dirija a reclamar esa prestación puede intentarse en cualquier tiempo, mientras no se extinga la condición de pensionado, que puede suceder por causa de la muerte de su beneficiario. "Del estado de jubilado se puede predicar su extinción, mas no su prescripción", dijo la Corte (Cas., 18 de diciembre de 1954). También la ley tiene establecido que la prescripción es un medio de extinguir los derechos, con lo cual los efectos de ese medio extintivo de las obligaciones no comprende los estados jurídicos, como el de pensionado.

 

 

                   “La recurrente no cuestiona esos postulados, pero dice que no existe la "posibilidad perpetua de que judicialmente se reconozca la existencia de un hecho y de que puedan deducirse las consecuencias legales de ese hecho mediante la imposición de las condenas consiguientes a quien se pruebe que fue el autor del hecho que haya perjudicado a otro" y que por ello la ley ha señalado plazos concretos para el ejercicio eficaz de las acciones judiciales.

 

                   “La posibilidad de demandar en cualquier tiempo está jurídicamente permitida por ser consustancial al derecho subjetivo público de acción. La prescripción extintiva por tanto, no excluye tal derecho porque dentro de ella, dentro del proceso y presuponiendo su existencia, le permite al juez declarar el derecho y adicionalmente declarar que se ha extinguido -como obligación civil, mas no natural- por no haberse ejercido durante cierto tiempo.

 

                   “Es claro, en consecuencia, que cualquier persona en ejercicio de la acción -entendida como derecho subjetivo público- puede demandar en cualquier tiempo que se declare judicialmente la existencia de un derecho que crea tener en su favor. El derecho público también se manifiesta en el ejercicio del derecho de excepcionar.

 

 

                   “Los hechos que le dan fundamento a una pretensión, por ser imprescriptibles, deben ser admitidos o rechazados por el juez antes de pronunciarse sobre la excepción correspondiente por lo cual, tratándose de la acción que se promueva para que se declare que el despido se ha producido con o sin justa causa, de manera legal o ilegal, no puede concluir con una decisión inhibitoria. El derecho que la ley le atribuya al hecho, debe ser declarado por el juez antes de pronunciarse sobre su extinción, pues ese derecho corresponde al ámbito de las obligaciones civiles y aún cuando, como tal, se haya producido su extinción por cualquiera de los medios ordinarios que la ley establece (pago, transacción, confusión, compensación, prescripción etc.), subsistirá la obligación del deudor como obligación puramente natural.

 

 

                   “Los razonamientos anteriores muestran que siempre existe la posibilidad jurídica de demandar, en cualquier tiempo, que se declare la manera de ser o de haberse producido el despido de un trabajador, como que se trata de un hecho al cual la ley le señala determinadas consecuencias jurídicas, las que, en nuestro sistema se han concretado en la indemnización económica, el reintegro, el pago de salarios dejados de percibir y la pensión proporcional de jubilación. No es por ello aceptable sostener que el sistema legal cierre la posibilidad jurídica de que judicialmente se reconozca después de cierto tiempo la existencia de un hecho del cual dependan consecuencias legales.

 

 

                   “El ejercicio del derecho subjetivo público de acción que se haga valer en un caso concreto para obtener que el juez declare que el despido se ha producido de manera ilegal o sin justa causa sólo se agota cuando el juez declara si tal despido realmente ha ocurrido o no. La connotación que tenga el despido es una calificación jurídica, pero ni siquiera sobre ella cabe predicar la prescripción, pues esta solo es predicable de las obligaciones -civiles-, que son las que se extinguen cuando el derecho no se ha ejercido dentro de cierto tiempo. Como adicionalmente el hecho del despido, el tiempo de servicios durante el término legal y el capital de la empresa, generan en el caso de las pensiones de jubilación un estado jurídico imprescriptible, el juez no encontrará fundamento legal alguno en las normas sobre prescripción para sostener que la calificación del despido ha debido intentarse dentro del mismo término trienal que establece la ley para reclamar la indemnización por despido injusto y sobre esa base declarar la extinción del derecho a la jubilación.

 

Por ende, el cargo se desestima.

 

CARGO SEGUNDO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal por interpretación errónea de los artículos 90 y 150, numeral 7 de la Constitución Política, 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, y de la Ley 6 de 1945.

 

Para su demostración, explica lo que estimó el Tribunal sobre los artículos 47, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 y de la Ley 6 de 1945, y dice que no puede aceptar tal manera de interpretar esos textos legales porque en su literalidad subyacen motivos poderosos, no explícitos, que legitiman su alcance, y que siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, y que distinguen entre la causa o modo legal de terminar un contrato y la causa o modo justo de hacerlo.”

 

Aduce que el primero es el modo legal, causa que legitima el cierre de empresas del Estado y la desvinculación de sus servidores, por haber cumplido todos los requisitos legales para su clausura, según el literal f) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, y que el segundo, modo justo, según la Corte Suprema de Justicia, coincide con los supuestos de alguno de los literales de los artículos 48 y 49 del referido decreto, que califica las justas causas para terminar los contratos de los trabajadores oficiales, por lo que esa calificación de justa o injusta debe obtenerse, no sólo de examinar las normas jurídicas, sino de otras fuentes, por lo que no es razonable limitar como taxativas las señaladas en los mencionados preceptos legales, ni que un motivo legal no deba ser concebido como motivo justo para extinguir un contrato de un trabajador oficial; que el cierre de empresas públicas realizado según los procesos legales es un motivo justo de terminación de vínculos de servidores de la entidad suprimida, por ser un motivo constitucional y legal.

 

Transcribe el artículo 90 de la Constitución Política y afirma que si una entidad pública se liquida por orden del legislador o de su facultado extraordinario, con arreglo a los preceptos jurídicos, se está en situación de “juridicidad”, y si por ello los particulares sufren perjuicio, por ese solo motivo no puede ser calificado como “antijurídico”, pues, de no ser calificado, el Estado no estaría obligado a indemnizar, dado que los principios constitucionales como primacía del interés público sobre el particular, solidaridad y cargas públicas según las cuales los particulares deben soportar ciertas circunstancias adversas en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, previstos en el artículo 2, ibídem, lo cual “significa que cuando el Estado suprime entidades públicas, por este solo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquier otra persona que se vea afectada por la determinación del cierre.”

 

LA RÉPLICA

 

Transcribe la sentencia de la Corte, de 29 de marzo de 1996, radicación 8247, y dice que la desvinculación contractual puede ser legal, pero no constituye justa causa, por lo cual es indemnizable.

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se relacionan los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, como violados por interpretación errónea, se cumple el requisito exigido por el literal a) del numeral 5 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la morigeración introducida por el numeral 1 del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, que establece que “Será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.”

 

Recientemente esta Sala de la Corte en la sentencia del 12 de noviembre de 2009, radicado 36458, al dar respuesta a un cargo en casación en un proceso en que también era recurrente la aquí demandada, y en el que planteó argumentos jurídicos similares a los ahora expuestos, expresó lo que a continuación se transcribe, que es suficiente para dar respuesta al ataque:

 

“En efecto, de tiempo atrás esta Sala de la Corte, para efectos de la procedencia de la pensión restringida de jubilación o pensión sanción, ha diferenciado los modos legales o generales de terminación del contrato de trabajo, de las justas causas para que el empleador de manera unilateral extinga el vínculo jurídico.

 

“Esa diferenciación la ha llevado a concluir que se trata de conceptos que, aunque afines, son diferentes porque tiene cada uno de ellos connotaciones particulares, pues los modos de terminación del contrato corresponden a los eventos que de manera general dan lugar a la terminación del contrato de trabajo, mientras que las justas causas son los hechos o actos que autorizan al empleador a que haga uso de uno de esos modos legales: la decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo, esto es, el despido. De tal suerte que la circunstancia de que un contrato de trabajo termine por razón de la existencia de un modo legal de extinción, no significa que esa terminación se haya producido con justa causa, en la medida en que éstas corresponden a uno solo de los modos legales y, aparte de ello, se encuentran taxativamente establecidas en la ley.

 

“Así, en la sentencia del 16 de diciembre de 1959, publicada en Gaceta Judicial No. 2217-2219 Tomo XCI, página 1212, consideró esta Sala lo que a continuación se transcribe:

 

“No cabe la menor duda que la pensión de jubilación establecida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo obedece a un propósito de protección especial para el trabajador que, después de quince (15) años de servicios, es despedido sin justa causa. Inclusive el propio artículo utiliza la palabra especial para distinguir esta prestación de la ordinaria por veinte (20) años de servicios.

 

“Dentro de tal criterio de protección, es lógico pensar que la noción de justa causa no debe entenderse en el sentido lato en que la entiende el recurrente porque, de esa manera, prácticamente dejaría de tener operancia positiva la norma comentada. Esto no exige ninguna compleja demostración, ya que la tesis extrema del impugnador, o sea, que por justa causa de despido deben entenderse no sólo las previstas en los artículos 62 y 63 Ibídem sino también los modos del artículo 61, es un punto de vista que presenta el notorio inconveniente dé que deja sin posibilidad de aplicación al artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, por la sencilla razón de que en los tres preceptos primeramente mencionados están comprendidos todos los casos en que, de acuerdo con la legislación positiva laboral, se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Como se ve, esa interpretación conduce al resultado negativo de convertir en nulo e impracticable el artículo que consagra la pensión especial. Y, naturalmente, no, debe ser ese el recto entendimiento de la norma cuestionada puesto que con él se produce su completa parálisis jurídica. No se trata, pues, de un problema de filosofía del derecho, ni de sutilezas jurídicas de difícil aprehensión, sino simplemente de darle al texto legal su sentido dinámico y proteccionista. Este no puede ser otro que entender, cuando el artículo 267 habla de justa causa, que son las justas causas señaladas en los artículos 62 y 63 y no otras, porque a las otras formas de terminación contractual no les da la ley esa denominación y, por lo que se ha dicho ante, es decir porque se llegaría a cobijar dentro del concepto de justa causa todos los cabos de desvinculación contractual, con lo cual jurídicamente nunca, el trabajador con más de 15 años de servicios y menos de 20, tendría la posibilidad de disfrutar del derecho a la pensión jubilatoria especial”.

 

“Aun cuando el anterior criterio fue expuesto en relación con normas del Código Sustantivo del Trabajo, la diferenciación que allí se efectuó sobre los modos legales y las justas causas resulta procedente respecto de las normas que gobiernan la terminación del contrato de trabajo de los trabajadores oficiales. Así lo corrobora el criterio expuesto por la Sala en la sentencia de la Sección Primera del 27 de octubre de 1995, radicación 7762, que fue acogido en la que sirvió de apoyo al Tribunal, y en la que, refiriéndose en concreto a las normas que en el cargo se citan como equivocadamente apreciadas, se dijo lo siguiente:

 

“Concretamente este cargo, que la censura orienta por la vía directa parte del hecho no discutido de que el contrato ficto sub—examine terminó por decisión del empleador, mediante causa legal; y acusa la aplicación indebida de los preceptos indicados en la proposición jurídica, pues considera que a ese modo de fenecer el vínculo laboral no puede atribuírsele la ausencia de causa justa.

“Ya se vio al estudiar los cargos primero y tercero que no se controvierte el hecho de que la desvinculación del señor Dulce Ibarra obedeció a que la labor por él desempeñada fue suprimida con motivo de la reestructuración de la Caja Agraria mediante los decretos 2138 de 1992 y 619 de 1993, en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Carta Política. Y son innumerables los casos en los cuales la Corte ha hecho clara diferenciación entre el despido autorizado legalmente y el despido con justa causa, admitiendo que no siempre el primero obedece uno de esos determinados motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como son, para el caso del trabajador oficial, las que establecen los artículos 16, 48y 49 del Decreto 2127 de 1945 y no otras, porque a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa forma de denominación.

 

“Se infiere de lo anterior que, cuando se hace referencia al despido sin causa justa, no se excluye al que se opera, por decisión unilateral del empleador, con autorización legal distinta a la que establece las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa. De tal suerte que aun cuando, para el sector oficial, el artículo del Decreto 2127 de 194 establece los modos de finalización del vínculo laboral, únicamente constituyen justa causa, como ya se expresó, los consagrados en los artículos 16, 48 y 49 del mismo decreto, aludidos también en el literal g) del citado artículo 47”.

 

“El anterior discernimiento fue reiterado, entre muchas otras, en la sentencia del 1 de abril de 2008, radicado 32106, en los siguientes términos:

 

“Para la Sala, es claro, que la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, con fundamento en el Decreto 1773 de 2004, expedido por el Gobierno Nacional y mediante el cual se ordenó la disolución y liquidación de la empresa demandada, constituye un despido legal pero injusto, que necesariamente debe ser objeto de reparación, a través de la indemnización correspondiente; pues pese a estar autorizado legalmente, derivado de un proceso de liquidación de la entidad, es evidente que esa circunstancia no se encuentra erigida como una justa causa de despido. Tal situación es la que se desprende de la lectura de los artículos 61 y 466 del C.S.T., subrogados por los  artículos 5º y 66, respectivamente, de la Ley 50 de 1990. 

 

“En diferentes oportunidades la Corte ha establecido la clara diferencia que existe entre el despido autorizado legalmente y, el despido con justa causa, en la medida en que no siempre el primero obedece a uno de esos motivos específicos que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento de la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”, como, para el caso del trabajador oficial, son las que establecen los artículos 16, 48, y 49 del Decreto 2127 de 1945, y para el particular el artículo 62, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, pues a los demás modos de terminación del contrato de trabajo no les da la ley esa especial denominación.

 

“Así las cosas, el despido sin causa justa, no necesariamente excluye al que opera por decisión unilateral del empleador, con autorización legal distinta a la que establece las justas causas de despido, porque no se puede equiparar la legalidad de la terminación del vínculo con el despido precedido de justa causa”.

 

“No encuentra esta Sala que la interpretación que, desde sus inicios como parte de la Corte Suprema de Justicia, le ha otorgado a la diferencia entre los modos legales de terminación del contrato y las justas causas de despido, no se acompase con las actuales construcciones científicas del derecho, como lo pregona el censor, pues, por el contrario, parte de la base esencial del objetivo protector de las normas laborales en materia de terminación del contrato de trabajo y, en particular, del criterio jurídico según el cual el trabajador no puede verse afectado por situaciones empresariales ajenas a su voluntad, como la liquidación de la entidad para la cual presta sus servicios.

 

“No desconoce la Corte que fenómenos como el de la extinción jurídica de la empresa justifican plenamente la terminación del contrato de trabajo y de ahí que la ley, en este caso el artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, consagre ese hecho como motivo de finalización del vínculo laboral. Mas ello no significa que esa terminación, con amparo en la ley, no dé lugar al surgimiento de algunos derechos para el trabajador, derivados, precisamente, de la culminación de la relación de trabajo por razones que no le son oponibles y que le impiden la consolidación de otros derechos laborales, como el de la pensión de jubilación.

 

“Se sostiene en el cargo que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas y que si una entidad pública se cierra con arreglo a los preceptos jurídicos, se está ante una situación de juridicidad, de tal modo que cuando el Estado suprime entidades públicas, por ese solo hecho no está obligado a reparar el perjuicio que sufren sus servidores o cualquiera otra persona.

 

“En relación con ese argumento, debe precisar la Sala que es cierto que la supresión de una entidad pública no puede ser considerada como un hecho antijurídico. Pero, una cosa es que se estime que ese hecho es ajustado a la ley y otra, distinta, que no constituya una de las justas causas para terminar el contrato de trabajo, que, ya se dijo, son solamente aquellos hechos catalogados expresamente como tales por la ley, que justifican el despido del trabajador.

 

“Por lo demás, si bien el artículo 90 de la Constitución Política establece una condición de antijuridicidad para que el Estado responda patrimonialmente, ello no significa que solamente esté obligado a hacerlo en casos en que el hecho o acto sea antijurídico, o que no pueda hacerlo en otros eventos, en los que cause un perjuicio, no obstante la legalidad de su actuación.

 

“Con todo, importa precisar que las inquietudes que plantea el cargo han sido ya resueltas, de antiguo, por esta Sala. En la sentencia del 16 de septiembre de 1958, publicada en Gaceta Judicial No. 2202 Tomo LXXXIX página 238 y 239, se explicó por la Corporación:

                    “12.— La cláusula de reserva es una manera legal de terminar el contrato de trabajo, pero no es una causa justa, en el sentido preciso atribuido por la ley a ciertos motivos específicos y determinados que, en el orden de la justicia, sirven de fundamento a la extinción unilateral del contrato y que se denominan “justas causas”. Existe una diferencia sustancial entre aquél y “modus” extintivo del contrato que la ley acoge y estas causas, establecidas por los  artículos 62 y 63, que la ley expresan califica de justas.

 

“Podría objetarse que todo lo legal es justo, y que por consiguiente siendo legal la manera en que se termina el contrato de trabajo, según el artículo 48; esa manera también será justa. Tal tesis equivale a asumir una de las posiciones extremas que surgen, dentro del campo filosófico, al tratar de establecer el paralelismo o discrepancia entre lo legal y lo justo, en el vastísimo ámbito de las relaciones entre el derecho natural como categoría de justicia y el derecho positivo como ley. Sin profundizar en materia tan ardua, es menester afirmar que en el ordenamiento jurídico positivo existen normas que se desvinculan del jusnaturalismo no por ser francamente opuestas a éste sino por ser indiferentes. Es un desideratum que la ley positiva rija no sólo  las relaciones fundamentales dentro del espíritu de la justicia natural, sino que también regule las situaciones indiferentes a ella, u obscuras, en cuya fijación estén interesados el bien común o la conveniencia social.

“En todas estas situaciones consideradas indiferentes o por lo menos de difícil acomodo a la idea de la justicia, el legislador ocurre a la equidad y ordena al juzgador que, por su parte, al aplicar la ley, también ocurra a ella. (Artículo 18, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 5º, Ley 153 de 1887).

 

“Ya se dijo atrás que la cláusula de reserva es una manera, pero no es una causa.  Es sabido que la manera es el modo como se rige una situación jurídica, en tanto que  la causa es el antecedente de hecho o de derecho que produce esa situación. La causa se confunde en este caso con la noción móvil determinante.

“El legislador acogió la manera preavisada de concluir una relación contractual de trabajo a término indefinido, inspirado por un criterio de equidad, en una cuestión en la cual el acomodamiento de la idea pura de justicia resulta difícil sobre manera en vista de la complejidad de la materia, y en que, precisamente por tal dificultad, determinaría injusticias una regulación demasiado asaz elástica, al tiempo que era necesario legitimar situaciones decisivamente vinculadas a la conveniencia social. En punto a la terminación con preaviso del artículo 48 la ley sanciona y legitima el “modus” o manera, pero no hace referencia alguna a la causa. En cambio en la terminación unilateral de los artículos 62 y 63 la ley hace especial énfasis sobre la causa (aunque también señala la manera), lo cual destaca aún más la distinción entre la una y la otra”.

 

Por cuanto la Corte no encuentra razones para variar el criterio jurisprudencial de que da cuenta la sentencia arriba memorada, el cargo no prospera.

CARGO TERCERO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por aplicación indebida los artículos 2 y 48 de la Constitución Política, 1, 2 literal e), 5, 8, 11 inciso 2 y 283 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, 6, 8, 11 y 17 de la Ley 38 de 1989, reformada por la Ley 179 de 1994.

 

Dice que el ad quem estimó mal la convención colectiva de trabajo.

 

Critica al Tribunal por haberle dado validez y plenos efectos jurídicos al artículo 98 del acuerdo convencional 1996-1998, por aplicación del numeral 2 del artículo 7 del Decreto 1848 de 1969 y el inciso 3 del artículo 283 de la Ley 100 de 1993, y dice que ese juzgador aplicó indebidamente las normas que gobiernan el sistema de seguridad social en pensiones, de la Ley 100 de 1993, que constituyen derechos mínimos para los trabajadores oficiales, y también el inciso 3 del artículo 283, ibídem, que copia; explica el contenido del artículo 48 de la Constitución Política y transcribe el artículo 8 de la Ley 100 de 1993, respecto del cual plasma un discurso jurídico que luego extiende a la Ley 38 de 1989, reformada por la Ley 179 de 1994.

 

 

 

LA RÉPLICA

 

Sostiene que la demanda involucra de manera indiscriminada argumentos de violación de la ley por la vía directa, como de la indirecta, y que la Corte Suprema de Justicia ha dicho con reiteración que cuando se cuestiona la convención colectiva de trabajo se debe atacar el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo expresó en la sentencia de 16 de septiembre de 2008, radicación 32458, de la que transcribe un breve fragmento, y copia también algunos pasajes de las sentencias de 28 de mayo de 1987, que no identifica con número de radicación, y de 3 de abril de 2008, radicación 29907

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Importa anotar que ha sido reiterativa la Corte en precisar que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o por no haber sido apreciadas, como aquí acontece, le es imperativo al impugnante exponer de manera clara qué es lo que ellas acreditan, en contra de lo inferido por el Tribunal, y cómo incidieron tales fallas en el yerro evidente denunciado, demostración que ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial.

Se advierte lo anterior, por cuanto la censura no cumple con tal carga procesal, pues los que enuncia como errores fácticos en este cargo no tienen esa índole, en cuanto involucran razonamientos estrictamente jurídicos, como lo son, en su orden, determinar si la estipulación convencional en que se apoyó el Tribunal produjo efectos jurídicos; las consecuencias de lo establecido en el artículo 283 de la Ley 100 de 1993; los propósitos de esa ley; los efectos de la organización de la seguridad social como sistema y el correcto entendimiento del numeral 2 del artículo 7 del Decreto 1848 de 1969; así como los alcances del principio de sujeción de la ley al presupuesto.

 

Desde luego, esas cuestiones no guardan ninguna relación con las pruebas del proceso y, por lo tanto, no pueden ser elucidadas en un cargo claramente orientado por la vía de los hechos, en la que no proceden análisis jurídicos como los equivocadamente propuestos.

 

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

 

CARGO CUARTO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal por aplicación indebida de los artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y 177, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, y la Ley 6 de 1945.

 

Dice que fueron mal estimados el texto convencional, artículo 98, y el comunicado de 18 de julio de 1997 que le avisa al demandante la terminación del contrato de trabajo, y que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

 

“1. Dar por probado, sin estarlo, el supuesto de hecho del artículo 98 de la convención colectiva que el actor tomó como fundamento de su pretensión pensional.

 

“2. En consecuencia, dar por probada, sin estarlo, la existencia de la obligación pensional.”

 

Afirma que esos errores fueron provocados por aplicar defectuosamente los artículos 47, 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945 y de la Ley 6 de 1945.

 

Explica que a ese convencimiento llegó el ad quem por haber apreciado mal la comunicación de 18 de julio de 1997, al entender que era necesario para configurar una causa justa de despido que se invocara en ella el motivo que inducía a la terminación del contrato.

 

Estima que el Tribunal aplicó indebidamente los artículos 48 y 49 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, porque supuso como ocurre en el derecho privado, que el empleador está obligado a manifestarle al trabajador oficial, en el momento de la desvinculación, la causa por la cual le termina el contrato, porque el referido decreto no estableció esa formalidad, por lo que al carecer la comunicación de la motivación, no constituye elemento esencial de la justa causa cuando de trabajadores oficiales se trata.

 

Añade que quienes laboraban en el IDEMA en la época en que fue  clausurado de manera definitiva, entre ellos el actor, sabían por haber sido un hecho notorio que los servidores de la entidad quedarían cesantes, y como tal no requiere de prueba, como lo establece el artículo 177 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que “ha de entenderse que el demandante supo perfectamente el motivo por el cual su contrato llegaba a su fin”, y que el Tribunal debió entender que el cierre de una empresa pública como el IDEMA constituye justa causa para el despido.

 

LA RÉPLICA

 

Sostiene que involucra de manera indiscriminada argumentos de violación de la ley por la vía directa, como de la indirecta, y que la Corte Suprema de Justicia ha dicho con reiteración que cuando se cuestiona la convención colectiva de trabajo se debe atacar el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo expresó en la sentencia de 16 de septiembre de 2008, radicación 32458, de la que transcribe un breve fragmento, y copia también algunos pasajes de las sentencias de 28 de mayo de 1987, que no identifica con número de radicación, y de 3 de abril de 2008, radicación 29907

 

VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Pese a que denuncia la equivocada apreciación de dos medios de convicción, en realidad el discurso del recurrente es de naturaleza jurídica, en cuanto centra su argumentación en que el Tribunal concluyó que “…era necesario para que se configurara una justa causa de despido, el que se invocara en ella el motivo que inducía a la terminación del contrato, motivo que no podía ser otro que alguno de los contemplados en el artículo 48 del Decreto Ley 2127 de 1945” y más adelante asevera que el Tribunal supuso que el empleador oficial está obligado a manifestarle al trabajador en el momento de terminar el contrato la causa por la cual lo termina, lo que no se halla establecido en el Decreto Reglamentario 2127 e 1945, y que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo no se aplica a los trabajadores oficiales.

 

Para la Corte es claro que esos razonamientos son de orden jurídico y, por lo tanto, ajenos a la cuestión de hecho del proceso, de modo que no pueden ser ventilados en un cargo que se dice dirigido por la vía indirecta.

 

El cargo no prospera.

CARGO QUINTO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por infracción directa el artículo 90 de la Constitución Política.

 

Para su demostración, transcribe el artículo 90 de la Constitución Política y afirma que el Tribunal no lo aplicó ni reparó en que la prosperidad o no de la indemnización solicitada en la demanda, no es otra que la pensión del artículo 98 de la convención, por lo que debió enjuiciarla no desde la perspectiva de los artículos 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945 sino desde el referido canon constitucional, pues ignoró el deber que tenía el actor de probar el daño concreto que sufrió con relación a la pensión convencional, y que aquél fue contrario al ordenamiento jurídico, sin que se pueda suponer que llegará en el futuro sino que él se haya materializado, como lo expresó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia de 24 de junio de 2008, radicación 2000-01141.

 

Insiste en que si no existe prueba en el plenario, ni de lo uno ni de lo otro, el Estado no puede ser obligado a reparar, y que los preceptos del decreto mencionado y el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, no tienen prelación ni derogan el artículo 90 de la Constitución Política.

LA RÉPLICA

 

Sostiene que el cargo en ningún momento, para demandar los beneficios de una convención colectiva, es necesario probar el “daño pensional irrogado por la terminación unilateral de su contrato…” como lo dijo el casacionista, por lo cual no incurrió el Tribunal en los errores que le endilga la censura, puesto que era beneficiario de la convención, tenía la calidad de trabajador oficial y su contrato terminó de modo injusto.

 

VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Se sostiene en el cargo que, de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución Política, se ha debido probar que el despido fue injusto y que el demandante sufrió un daño. Con esa argumentación el recurrente deja de lado que lo demandado en el proceso fue una prestación consagrada en una convención colectiva de trabajo y no la indemnización de un daño antijurídico ocasionado por el Estado, y que los supuestos de hecho exigidos por la norma  convencional que consagra ese derecho son el despido sin justa causa, (que se acreditó, conforme se expresó anteriormente), y el tiempo de servicios, requisito respecto del cual nada se dice en este ataque.

 

Lo dicho es suficiente para desestimar el cargo.

 

CARGO SEXTO:

 

Acusa a la sentencia del Tribunal de violar por aplicación indebida los artículos 469 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

Señala como pruebas mal estimadas la convención, artículo 1, que establece un derecho de representación para afiliados al sindicato como para no afiliados que no renuncien expresamente a sus beneficios; la contestación de la demanda, acápite 1, a los hechos, numeral 3, por referencia al hecho 3 de la demanda; y el artículo 98 de la convención.

 

Dice que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

 

“1. Estimar que la representación establecida en el artículo 1 de la convención colectiva invocada como fundamento de las pretensiones de la demanda, en cabeza del sindicato, por referencia a los afiliados o no afiliados que no renuncien a los beneficios convencionales, es prueba suficiente para acreditar la afiliación al sindicato o la extensión de la convención colectiva a no afiliados.

 

“2. Estimar que la aceptación que hizo la entidad demandada, en la contestación a la demanda, sobre la afiliación del demandante al sindicato es prueba suficiente demostrativa de esta afiliación.”

 

Arguye que esos errores condujeron a una aplicación defectuosa de los artículos 2142, 2149 y 2162 del Código Civil, con referencia al artículo 1 de la convención, y los artículos 469 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo y 98 de la convención.

 

Dice que la afiliación a un sindicato no se puede presumir, sino que debe probarse, así como la extensión de la convención a todos los trabajadores, como lo expresó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 24 de enero de 1985, que no identifica con número de radicación, y de la que transcribe su texto, para luego explicar que el mandato puede llevar o no la representación, como lo asevera el artículo1262 del Código Civil.

 

Indica que para los afiliados a un sindicato de trabajadores el acto de apoderamiento se produce por el hecho mismo de la afiliación, como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, y que para los no afiliados la regla de la representación no puede extenderse, si se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 2149 del Código Civil, por lo que esos modos deben probarse, pues “Aún la aceptación verbal exige prueba de ella”, por lo que su aceptación en la contestación de la demanda, del hecho expresado en ella, de que el demandante pertenecía al sindicato, no es prueba fehaciente.

 

LA RÉPLICA

 

Sostiene que involucra de manera indiscriminada argumentos de violación de la ley por la vía directa, como de la indirecta, y que la Corte Suprema de Justicia ha dicho con reiteración que cuando se cuestiona la convención colectiva de trabajo se debe atacar el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo expresó en la sentencia de 16 de septiembre de 2008, radicación 32458, de la que transcribe un breve fragmento, y copia también algunos pasajes de las sentencias de 28 de mayo de 1987, que no identifica con número de radicación, y de 3 de abril de 2008, radicación 29907

 

1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Poniendo en duda la representatividad del sindicato que suscribió la convención colectiva de trabajo que aplicó el Tribunal y la afiliación del actor a ese sindicato, el recurrente en el fondo cuestiona que el actor haya sido beneficiario del convenio colectivo. Pero al exponer sus argumentos deja de lado que el Tribunal no sólo se basó en el artículo 1 de la susodicha convención, que establece la representación de la organización sindical, sino también y principalmente en que “… en el hecho 3 de la demanda (fl.1) se afirma que el actor ‘Durante el tiempo de servicios prestados al INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO IDEMA siempre como trabajador oficial estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Idema SINTRAIDEMA por lo tanto le es aplicable el régimen convencional’ para los años 1996  a 1998, y que ese hecho fue admitido por la demandada quien asumió las obligaciones del extinto IDEMA (entidad empleadora del actor)”.

 

Esa conclusión del Tribunal pretende ser rebatida con exóticos argumentos jurídicos, según los cuales era necesario que el actor confiriera un mandato expreso para que pudiera entenderse representado por el sindicato, que, además de equivocados porque la ley no exige esa representación expresa para efectos de la negociación y contratación colectivas, dejan incólume la conclusión eminentemente fáctica del fallador, porque no demuestran que fuera desacertada, en cuanto se ajusta a lo que confesó la demandada.

 

En efecto,  en el hecho tercero de la demanda se afirmó: “Durante el tiempo de servicios prestados al INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO ‘IDEMA’, siempre como trabajador oficial, estuvo afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Idema ‘SINTRAIDEMA’, por lo tanto le es aplicable el régimen convencional y en consecuencia acreedor a todos los beneficios convencionales vigentes establecidos paras los periodos correspondientes y específicamente para los años 1.996 a 1.998”. A lo cual se respondió: “Es cierto y se aclara que mi representada asumió las obligaciones del IDEMA, entidad empleadora del hoy demandante”.

 

No encuentra la Corte admisible la conducta de la enjuiciada que, sin ninguna razón, y pese a que aceptó sin ambages que el actor era beneficiario de la convención colectiva, discuta ahora en casación ese hecho.

 

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 18 de abril de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por LUIS HUMBERTO BRACAMONTE PUPO contra LA NACIÓN -MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-.

 

Como hubo oposición, las costas del recurso extraordinario se imponen a La Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-.

 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE   AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

 

 

 

 

 

 

GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA

 

 

 

 

 

 

 

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN                                     EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS                 

 

 

 

 

 

LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ                                 FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ

 

 

 

 

 

 

CAMILO TARQUINO GALLEGO