CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

 

MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA

Referencia: Expediente No. 15866

Acta No.  30

 

Bogotá D.C., trece  (13) de junio de dos mil uno (2001).

 

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ NORSEN OSORIO URIBE contra  la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 13 de octubre de 2000 en el juicio seguido por el recurrente contra la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.

           

 

I-.  ANTECEDENTES   

        

JOSÉ NORSEN OSORIO URIBE demandó a la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. con el fin de obtener el reajuste de su pensión de jubilación, de sus mesadas adicionales e incrementos legales, previa indexación del último salario promedio devengado.

 

El fundamento de sus pretensiones se sintetiza así:

 

Prestó sus servicios a la demandada entre el 27 de julio de 1972 y el 14 de febrero de 1989. Como fue despedido sin justa causa después de haber laborado durante más de 15 años continuos para la empresa, ésta fue condenada al pago de la pensión sanción a partir del día en el cual cumpliera 50 años de edad. Desde noviembre de 1996 la corporación ha venido pagando la pensión “con base en el último salario devengado en el momento del retiro …”, sin que haya indexado o actualizado dicho valor “a fin de que dicho salario conservara su poder adquisitivo en términos reales o constantes” (fl.2).

 

Al contestar la demanda la Corporación se opuso a las referidas pretensiones y alegó que “no puede aplicarse … corrección monetaria a una prestación … que como ocurre en este caso, únicamente vino a nacer a la vida jurídica a partir del momento en que el actor cumplió los 50 años de edad”. Agregó que  “De ahí en adelante sí tiene derecho a los reajustes anuales señalados en la ley pero no le asiste razón al pretender que se le reconozca una corrección monetaria que no le corresponde” y propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, falta de título y de causa en el demandante,  pago, prescripción y cosa juzgada  (fl.57).

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá resolvió, mediante sentencia del 17 de septiembre de 1999, absolver a la corporación demandada de todas las peticiones incoadas en su contra (fl.67).

 

 

II-.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

 

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la anterior decisión en sentencia del 13 de octubre de 2000.

 

Estimó el ad quem que la determinación que adoptara el a quo se halla ajustada a los lineamientos de la sentencia de agosto 18 de 1999 proferida por esta Corporación, pues el caso en estudio es, precisamente, uno de los contemplados en tal providencia “al tratarse de una pensión sujeta a una condición, cual era la de cumplir los 50 años de edad, momento en el cual sería exigible el pago de la misma, en tanto se diera este requisito el demandante únicamente tendría una expectativa, la de poder llegar a esa edad para que naciera sus derecho, lo cual no dependía del empleador, el cual además, en forma inmediata, empezó a dar cumplimiento a la obligación impuesta …” (fl.362).

                                                                                                 

                            

       III-.  LA DEMANDA DE CASACION

 

Inconforme el demandante, pretende que la Corte case totalmente la sentencia impugnada  con el fin de que, en sede de instancia, revoque íntegramente “la proferida por el ad-quem” y condene a la corporación demandada conforme a las pretensiones de la demanda inicial.

 

 

Con tal propósito formula tres cargos por vía directa contra la sentencia del Tribunal, los que se estudiarán de manera conjunta dado que buscan el mismo derrotero.

 

            En el PRIMER CARGO acusa la interpretación errónea de los siguientes artículos: 1, 19, 24 y 50 del C.S.T.; 8º de la ley 153 de 1887; 178 del C.C.A.; 1494, 1611 a 1613, 1626, 1627, 1649, 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 2224, 2310 y 2311 del C.C.; 1 y 11 de la ley 6ª de 1945; 1º de decreto 2282 de 1989; 145 del C.P. del T.; 3º de la ley 10 de 1972; 5º del D.R.1160 de 1989; 14, 36, 117 y 143 de la Ley 100 de 1993; 42 del D.R. 692 de 1994 y 53, 230 y 373 de la Constitución Política.

 

            En su demostración alega que la interpretación dada por el tribunal a las normas en cuestión “fue limitada y puntual”, cuando éstas en realidad “permiten que dentro de una interpretación extensiva de los principios de equidad, igualdad y justicia social, se evite el deterioro y la pérdida del poder adquisitivo del valor nominal de la primera mesada pensional”.

 

            Destaca que ha transcurrido un lapso importante entre el momento en que trabajador fue retirado de la empresa y aquél en el cual empezó a disfrutar efectivamente de la pensión, por lo que, de conformidad con los señalado en sentencia de agosto 1º de 2000 de esta Corporación, se impone el reconocimiento de la indexación.

 

            Transcribe igualmente apartes de la sentencia de fecha 13 de noviembre de 1991 que arguye “son los que determinan y delimitan el verdadero alcance y la interpretación de las normas aludidas”.

 

            Por lo demás advierte que si se paga el valor nominal de la obligación cuando se cumpla el hecho futuro de la edad, el trabajador “NO VA A RECIBIR EL MISMO VALOR DE LA PENSION LIQUIDADO SOBRE EL ULTIMO SALARIO DVENGADO, por cuanto este ha perdido su capacidad adquisitiva”, de modo que la indexación, lejos de corresponder a una indemnización no convenida entre las partes ni autorizada por la ley, estaría es permitiendo que la obligación se cumpla en su integridad, mientras que su exclusión “equivale, ni más ni menos, a trasladar al trabajador los riesgos y las pérdidas inherentes a la actividad económica del empleador, lo cual está expresamente prohibido …”.

 

            En los CARGOS SEGUNDO Y TERCERO acusa la infracción directa de los artículos 16 del C. S. T. y 11, 21, 36 y 151 de la ley 100 de 1993, la cual produjo, como consecuencia, la aplicación indebida de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 11 de la ley 6ª de 1945; 19 del C.S.T.; 8º del decreto 2351 de 1965; 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993; 1º del decreto 2143 de 1995; 1613, 1614, 1626 y 1649 del C.C.; 178 del C.C.A.; 831 del C. de Co.; 145 del C.P. del T. y 307 y 308 del C.P.C.

               

En su demostración, idéntica en ambos cargos, se duele de que el tribunal no hubiese hecho ninguna  alusión a la normatividad consagrada en la ley 100 de 1993 “debiéndolo haber hecho, por cuanto en el presente evento, se trata de una pensión legal causada en vigencia de la referida ley…” y arguye, en síntesis, que a partir de la entrada en vigor de la referida ley no existe razón alguna para negar la indexación a las pensiones legales por ella reguladas.

 

El opositor, a su turno,  afirma compartir “la nueva doctrina de la mayoría de los H. Magistrados, que consideran que el Sistema Legal Colombiano esta fundado en el cumplimiento de los requisitos esenciales de edad y tiempo de servicios con los reajustes periódicos de la pensión como ocurre en este caso particular en el cual la pensión sanción se reconoció judicialmente desde el principio con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios pero a partir del momento en que el actor cumpliera 50 años de edad…”.

 

Hace énfasis en que se trata de una pensión sanción y se remite a lo expresado por esta Corporación sobre el particular, en sentencia del 18 de agosto de 1999.

 

 

     IV-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

Como se indicó al iniciar el resumen de los cargos, por su identidad de senda y teleología, las tres acusaciones permiten su estudio conjunto por la Corte.

 

Advierte la Sala previamente que en el alcance de la impugnación, luego de afirmar que aspira a la casación total de la sentencia impugnada el recurrente solicita, de manera impropia, que, en sede de instancia, se revoque “ la proferida por el ad quem …”. A este respecto observa la Sala, como lo ha hecho en infinidad de oportunidades, que cuando  prospera el recurso extraordinario, la Corte, en tanto funge como tribunal de casación, procede a anular o infirmar la decisión de segundo grado sin que proceda, por sustracción de materia, revocar, modificar o confirmar  al propio tiempo lo resuelto en tal  decisión.

 

Aun cuando este defecto aisladamente considerado no conduce per se a la desestimación de los cargos, son reglas que por mandato legal debe atender quien acude ante la Corte de casación.

 

Ya en lo que respecta al fondo de la acusación se aclara que, tal como de antaño lo ha establecido esta Sala, la pensión restringida de jubilación por despido injustificado, también denominada pensión sanción, consagrada en la ley 171 de 1961 se causa al reunir los requisitos tiempo de servicios y el despido sin justa causa. La edad es tan solo un requisito para exigir su pago. En ese orden de ideas, no se discute en este proceso que el despido del actor  se produjo el 14 de febrero de 1989, conforme lo afirmó en su demanda, por lo cual, al ser él sin justa causa, en esa misma fecha se adquirió el derecho a la pensión sanción, esto es, el derecho se causó con antelación a la vigencia de la ley 100 de 1993. 

 

De tal modo, resulta claro que de conformidad con lo precisado por esta Sala en la referida sentencia del pasado 18 de agosto (Rad.11818) en punto de la procedencia de la indexación de la primera mesada pensional, no incurrió el tribunal en la violación de la ley que se le atribuye en los cargos.

 

 

En efecto, de conformidad con la jurisprudencia tradicional de esta Sala, para resarcir el daño emergente, procede la corrección monetaria de las obligaciones exigibles que por su naturaleza sean susceptibles de tal fenómeno por no existir otro mecanismo que permita recuperar total o parcialmente el detrimento del poder adquisitivo. Tratándose de pensiones de jubilación, si bien el derecho se causa con el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo  de servicios, para su exigibilidad es menester el retiro del servicio. Luego el perjuicio no se causa sin que haya deuda y mucho menos se puede indexar lo que legalmente no es exigible ni constituye un pago retardado.

 

Siguiendo ese criterio, si las normas reguladoras de la pensión de jubilación de los sectores particular y público establecieron que ésta equivale al 75% del promedio de los salarios  devengados durante el último año de servicios (art. 260 C.S.T.) o del salario promedio que sirvió de base para los aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33 de 1985), tales parámetros normativos no pueden  ser modificados por el juez actualizando su valor monetario, en tanto la Ley no lo autoriza.

 

Esa siempre fue la jurisprudencia de la Corte y del Consejo de Estado que no aceptó la indexación de la base salarial y  se mantuvo incólume durante más de 40 años hasta 1996, en que se varió por mayoría por la Sala Laboral de la primera Corporación, pero ahora se ha regresado a ella desde la memorada sentencia del 18 de agosto de 1999.

 

La única actualización de la base de liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de 1993, que para éstos efectos rige desde el primero de abril de 1994, sin que pueda aplicarse en forma retroactiva. Dicha Ley define con claridad y precisión la forma de liquidación, para la cual es indispensable tener en cuenta, no el salario del último año de servicios, sino el “Ingreso Base de Liquidación”, conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión . . . actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

 

No es dable entonces desconocer por vía de jurisprudencia tan claras reglas legales de liquidación de pensiones que todos los juzgadores están obligados a acatar.

 

En la citada decisión se definió el tema en los siguientes términos:                      

“…

“2. En Colombia existe un vacío legislativo, casi total, sobre el fenómeno de la indexación. Ello responde a la aceptación indiscutida de que el país se halla inserto en un ordenamiento jurídico de corte nominalista, sistema que, no obstante las dificultades que toda economía de mercado presenta, ofrece garantía de seriedad a la inmensidad de relaciones de orden patrimonial que a diario se suscitan en ella. A partir del descalabro producido por la primera gran guerra del siglo XX, legisladores y jueces de todas las latitudes se vieron en la imperiosa necesidad de morigerar el nominalismo acendrado de sus regímenes privados, con el propósito de restablecer el equilibrio perdido en las relaciones contractuales, de manera imprevista y repentina, por una hiperdevaluación de sus monedas. Sin embargo, ello no se hizo en forma generalizada. Y no se podía hacer así porque hubiera significado la adopción de un régimen “valorista” y, por contera, un grave retroceso hacia una sociedad de trueque ya superada, en donde la moneda carece de todo sentido.

 

“3. La indización o indexación siempre ha sido, sin lugar a dudas, una medida excepcional. Es la respuesta del derecho, legislado y jurisprudencial, al fenómeno de la “inflación”. Un mecanismo de revalorización de ciertas obligaciones dinerarias, cuyo objetivo es poner en equilibrio la ecuación económica gravemente desbalanceada por una fuerte pérdida del poder adquisitivo del peso, de la cual se beneficiaría al deudor de ella ante la consecuencial depreciación de su prestación, con claro detrimento del acreedor, quien en últimas se vería obligado, en virtud de unas reglas jurídicas nominalistas, a recibir un pago incompleto.

 

“El carácter relativo de la indexación emerge de una exigencia de la ley, a la cual el juez debe someterse en virtud del imperativo categórico contenido en el artículo 230 de la Constitución Política. La estructura del régimen general de las obligaciones impide que de manera indiscriminada los jueces, amparados en el principio de equidad, procedan a revalorizar cualquier obligación, porque ello iría en detrimento de la seguridad jurídica en las relaciones económicas menoscabándose toda convivencia social. El artículo 2224 del Código Civil, que no empece su ubicación metodológica tiene alcance general, es de un claro tenor y único sentido:  “Si se ha prestado dinero sólo se debe la suma númerica enunciada en el contrato”; en igual dirección apunta el canon 1627 ejusdem: “El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes” (negrillas de la Corte). Aquí subyace el basamento del nominalismo colombiano. La ley o los contratantes mismos, empero, pueden disponer cosa contraria; pero, de ninguna manera, se puede proferir una regla general por vía de doctrina contra esta preceptiva del orden jurídico vigente.  No se trata, pues, de un derecho de todos los acreedores, ni deviene en forma automática por el simple transcurso del tiempo, ni se predica de cualquier obligación, a menos que sea una exigencia legal, por venir expresamente ordenada en una regla de derecho vigente, verbi gratia, en asuntos de indemnización de daños (artículo 16 de la Ley 446 de 1998).

 

“4. Ahora bien, cierto es que el juez laboral, en tanto operador del derecho y realizador de la justicia del trabajo, no puede ser indiferente a lo que Bruce Ackerman denomina el “contexto de percepción social”, o conjunto de realidades de una comunidad determinada. A ello obedece la necesaria relectura de los textos legales y la toma de decisiones en consonancia con los nuevos fenómenos presentados en las intrincadas relaciones empresario-trabajador; porque un régimen jurídico como el colombiano, nacido en las entrañas del laissez faire, no puede servir de referente inexorable un siglo después, en presencia de una economía intervenida y un Estado protagónico cuyo fin es asegurar el bienestar social. Pero, este papel de la judicatura no puede llegar al extremo de pretender igualarse al legislador, en tanto la separación de los distintos poderes que en el Estado coexisten es presupuesto indispensable en la construcción de una democracia constitucional como la colombiana.

 

     “A partir de éste nuevo contexto de realidades económicas, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han dado paso bajo específicas circunstancias a la revalorización de algunas obligaciones dinerarias. Se ha reconocido, entonces, que la pérdida de poder adquisitivo del peso (depreciación), originada en una alza generalizada de los precios de bienes y servicios ofertados (inflación), exige una respuesta del derecho para compensar el desequilibrio del sinalagma contractual (indexación).

 

“5. Mas, existen aspectos puntuales sobre esta materia que en esta oportunidad la Sala de Casación Laboral precisa, a fin de rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado:

 

“a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario.  El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier hombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).

 

“Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente del daño emergente ocasionado al acreedor.

 

“b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho. Se propende con ello restablecer el equilibrio perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo. Ilustra lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo ésta, por definición del precepto en cita, una “indemnización”, no desvirtuada la mala fe y condenándose a ella, tórnase improcedente la indexación por haberse previsto una fórmula indemnizatoria propia.

 

“c) No se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes “de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”, según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1536 ib.). En segundo término, tampoco se revalorizan los derechos eventuales. Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura. Mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de obligación.

 

      “6. Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en fallos de mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el empleador, obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación. Lo dicho se funda en las siguientes razones:

 

“a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales para su existencia: 1) el cumplimiento de una cantidad pre-establecida de cotizaciones o de un determinado número de años de labores, según se estuviera, o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2) el advenimiento de la edad señalada en la ley para obtenerla. Quien, como en el caso del actor, ha satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.

 

“Sostienen algunos que en el caso antes referido hay más bien un derecho sometido a condición suspensiva; pero, en rigor jurídico, se trata de un derecho in nuce, por cuanto en la relación jurídica condicionada el derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos se hallan en estado de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su esencia y no requerido para su constitución. El derecho eventual y su obligación correlativa, en cambio, nacen a la vida jurídica en el momento en que se completan los requisitos exigidos en la ley o en el contrato; tal es el caso de los derechos del nasciturus, o el del asignatario (Código Civil, art. 1215), o el de los esposos (art. 1771 y ss, ib.), los del constituyente de una hipoteca (art. 2441, ib.), y, en materia laboral,  entre otros,  los del trabajador con derecho  a la pensión de   invalidez  (art. 39 ley 100/93),  de  vejez (art. 33 ibídem), de  jubilación (art. 260  C S T), por aportes (art. 7º  ley 71/88), de sobrevivientes, para no citar más.

 

“Muchos doctrinantes van más allá, pues consideran que en el caso de que sólo se haya satisfecho uno de los componentes vitales para la la existencia del derecho a obtener la pensión, lo que hay es una mera expectativa. Esto implica, por supuesto, la posibilidad de negociación y renuncia de parte del trabajador de su esperanza de adquirir un derecho fundado en una norma  vigente, e incluso de modificación o extinción mediante ley de lo que hasta entonces no era un derecho por falta de los presupuestos  materiales o de hecho.

 

“En cambio, en tanto derecho eventual, el empleador o la entidad de previsión, deudor futuro de la pensión que se le reclamaría en caso de completarse  los elementos requeridos para su existencia, sabe  que hay  una “expectativa de derecho”  y no una  “mera expectativa”,  expresiones  que no se deben confundir, como no lo hace la doctrina ni la ley, en la medida en que la primera comprende los derechos condicionales y los eventuales, que por su especial naturaleza confieren al futuro titular (de cumplirse la condición suspensiva, en los primeros, o  completarse los elementos faltantes, en los segundos) posibilidades jurídicas de administración, conservación y disposición (artículos 575,  1215 y 1547 a 1549 del Código Civil). 

 

“b) Así pues, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la ley impone, conforme a los parámetros en ella señalados, y el derecho correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque mientras el derecho eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o mejor, un derecho en perspectiva, esto es, en vías de adquirise; pero, jamás, un derecho adquirido.

 

“c) La obligación surgida a la luz del derecho es la indicada en la ley, esto es, la mesada pensional, para cuyo cálculo el legislador dispuso, de manera expresa, factores matemáticos precisos. No existe, pues, vacío legal alguno al respecto y, por lo mismo, no le cabe al juzgador apartarse de lo preceptuado en las normas vigentes, según cada caso, por cuanto sería asumir una conducta contraria a su claro tenor literal, so pretexto de decidir en equidad que, valga decirlo, sigue siendo criterio auxiliar en la resolución de los conflictos. No existe, en consecuencia, laguna legal que llenar con los principios generales del derecho, y tanto es ello así, que  desde la década del sesenta se dispusieron mecanismos para conjurar el deterioro real de las pensiones, hasta llegarse a la actualización anual con base en el salario mínimo legal, en la Ley 71 de 1988, mejorada con la fórmula consagrada en la Ley 100 de 1993.

 

“d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es, se completan los elementos requeridos para su existencia. Y sólo entonces se podrá exigir la mesada reconocida, entendiéndose, desde luego, que el acreedor de ella deberá estar retirado del servicio, en la medida en que esta sí es una condición de la cual pende la exigibildad de su pago.

 

“7. Las conclusiones expuestas constituyen la nueva doctrina de la Sala Laboral de la Corte sobre esta temática, para lo cual se  tuvo en cuenta, además, que la tesis estricta de la  “indexación de la primera mesada pensional” conduciría al extremo  de  tener que actualizar, con base en el costo de la vida, no solo los derechos exigibles, sino las bases salariales de su establecimiento, principio que aplicado a otras situaciones iguales  aparejaría  fatalmente una  indexación general de los salarios  y de las bases de liquidación  de todas las prestaciones con sus perturbadoras consecuencias jurídicas y económicas;  así las cosas, los acuerdos celebrados en el contrato de trabajo o en las convenciones colectivas perderían su validez, en tanto  tendrían que quedar sujetos a la  referida  actualización. De igual modo, aplicados esos criterios aún después de la vigencia de la ley 100 de 1993,  se  aniquilarían los efectos del  inciso 3º de su artículo 36, que sí estableció, por primera vez, la corrección monetaria del  ingreso base  de liquidación de pensión de  vejez o jubilación, pues lo concebido en los fallos anteriores al presente  sobre el punto contraría el  texto de la nueva ley,  si en cuenta se  tiene que ésta  actualiza la base de las cotizaciones de los años  indicados en el precepto, y no la primera mesada.

 

“Finalmente no puede  desconocerse que la equidad  también  está consultada por la ley 100 de 1993, dado  que a partir de enero  de 1994, en caso de mora  en el  pago  de las mesadas  pensionales, además  de éstas, debe cancelar el deudor  la  tasa  máxima  de  interés  moratorio vigente en el momento   en que  se cancele  la  obligación.”

 

 

Síguese como corolario de las referidas consideraciones que el tribunal no incurrió en la violación de la ley que los cargos le endilgan.

 

En consecuencia, no prosperan los cargos.

 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 13 de octubre de 2000.

        

 

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto el resultado adverso al recurrente se origina en un cambio de  jurisprudencia.

 

 

 

 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

José Roberto Herrera Vergara

 

 

 

Francisco Escobar Henríquez                  Carlos  Isaac  nader

 

 

 

Rafael Méndez Arango                                luis Gonzalo toro Correa

 

 

 

Germán G. Valdés Sánchez                        Fernando Vásquez Botero

 

  JESÚS ANTONIO PASTÁS PERUGACHE

                                                 Secretario