CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

 

 

Magistrado Ponente:

Fernando Alberto Castro Caballero

Aprobado Acta No.

 

Bogotá, D. C., ( ) diciembre de dos mil trece (2013).

 

ASUNTO:

 

Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Diego Armando Rodríguez Ramírez, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada.

 

ANTECEDENTES:

 

1. Mediante Nota Verbal No. 0629 del 18 de abril de 2013, la representación diplomática del país requirente dio a conocer que Diego Armando Rodríguez Ramírez es solicitado para comparecer en juicio “por delitos federales de narcóticos” ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde el 27 de febrero de 2013 se le dictó la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38, por cuyo medio se le hizo la siguiente imputación:

 

“— Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de fabricar y distribuir, cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), lo cual es en contra del Título 21, Sección 841 (a) (1) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos;

 

— Cargo Dos: Concierto para: 1) importar cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína) a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos; y 2) fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína), con el conocimiento y con la intención de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 952 del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 960 y 963 del Código de los Estados Unidos;

 

— Cargo Tres: Fabricar y distribuir cinco kilogramos, o más de una sustancia controlada (cocaína) con el conocimiento y con la intención de que dicha sustancia sería importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 21, Sección 959 del Código de los Estados Unidos y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y

 

— Cargo Cuatro: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada (cocaína) mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 46, Sección 70503 (a) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 46, Secciones 70506 (a) y 70506 (b) del Código de los Estados Unidos y del Título 21, Sección 960 (b) (1) (B) (ii) del Código de los Estados Unidos.”

 

2. En orden a formalizar el trámite de extradición, se aportaron los siguientes documentos con su correspondiente autenticación por el Gobierno reclamante, la traducción necesaria y su legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según el caso:

 

2.1. Las Notas Verbales números 0629 del 18 de abril de 2013 y 2220 del 21 de octubre siguiente, a través de las cuales la Embajada de los Estados Unidos hizo conocer la petición de extradición.

 

En la primera de ellas se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores que Diego Armando Rodríguez Ramírez “es  ciudadano  de  Colombia,  nacido  el 10 de agosto de 1986, en    Colombia.     Es    portador    de    la    cédula    colombiana No. 1.096.032.327”.

 

2.2.  Copia de la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 proferida el 27 de febrero de 2013 en la Corte del Distrito Este de Texas.

 

2.3.  Reproducción de las normas penales relevantes para el presente caso.

 

2.4.  Declaraciones juradas de Ernest González, Fiscal Auxiliar para el Distrito Este de Texas, y de Richard Clough, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas, en apoyo de la solicitud de extradición.

 

2.5.  Duplicado de la orden de arresto proferida en la Corte del Distrito Este de Texas contra el requerido.

 

2.6. Informe de consulta realizada a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia en relación con el solicitado.

 

3. En Colombia se realizó el siguiente trámite:

 

3.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación la Nota Diplomática No. 0629 del 18 de abril de 2013 procedente de la Embajada de los Estados Unidos, mediante la cual se pidió la captura con fines de extradición de Diego Armando Rodríguez Ramírez y, el ente acusador, con Resolución del 5 de junio siguiente, emitió la orden respectiva.

 

3.2.  El 23 de agosto de 2013 fue aprehendido el requerido en Cali,  a  quien  se  identificó  con  la  cédula  de  ciudadanía No. 1.096.032.327 expedida en La Tebaida (Quindío).

3.3.  El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio DIAJI/GCE No. 2351 del 22 de octubre de 2013, envío las diligencias y la Nota Verbal No. 2220 del día anterior al Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la cual el Gobierno de los Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Diego Armando Rodríguez Ramírez.

 

Además, conceptuó que el tratado aplicable al presente caso es “la «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988” y, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, numerales 4º y 5º, de la precitada Convención, así como según “los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004”, precisó que es procedente obrar acorde con “el ordenamiento jurídico colombiano”.

 

3.4.  En el Ministerio de Justicia y del Derecho se determinó que la documentación allegada por el Gobierno solicitante reunía los requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal del país y, por ende, fue remitida a la Corte con oficio No. OFI13-0027433-OAI-1100 del 24 de octubre de 2013.

 

3.5. Recibido el expediente, el requerido Diego Armando Rodríguez Ramírez nombró apoderados principal y suplente y el 5 de noviembre de 2013 se dispuso agotar el término para pedir pruebas, durante el cual los intervinientes se abstuvieron de solicitarlas, sin que tampoco fuese necesario disponerlas de oficio.

3.6.  El 2 de diciembre se ordenó correr el traslado para que los intervinientes presentaran sus alegatos de conclusión, en orden a tenerlos en cuenta al momento de emitir el concepto respectivo, siendo recibido el del representante del Ministerio Público.

 

3.7. La defensa pidió que se aplicara el trámite de la extradición simplificada y a su vez solicitó que se tuvieran en cuenta los alegatos que acompañaba, de manera que con proveído del 10 de diciembre de 2013 se determinó continuar con el procedimiento ordinario.

 

3.8. El resumen de los alegatos allegados es el siguiente:

 

3.8.1.   Representante   del   Ministerio   Público:

 

Inicialmente hace referencia al trámite agotado en este asunto, al contenido de la documentación facilitada por el país requirente, a la circunstancia de que los hechos que sustentan la petición de entrega ocurrieron con posterioridad a la promulgación del Acto Legislativo No. 01 de 1997 y a los requisitos para la procedencia de la extradición cuando no hay tratado aplicable.

 

En relación con la validez formal de la documentación presentada por el país requirente, aduce que ésta fue aportada por vía diplomática con su correspondiente traducción y autenticación, por tanto, encuentra cumplido tal requisito.

 

Sobre la demostración plena de la identidad del solicitado, sostiene que al comparar la información suministrada por el Gobierno reclamante con la acopiada con ocasión del presente trámite de extradición, se concluye que el ciudadano requerido es el mismo que fue capturado con tal fin, pues sus datos biográficos e identificación coinciden con la persona que se encuentra privada de la libertad.

 

Frente al principio de la doble incriminación, considera que también se satisface, por cuanto efectuada la confrontación entre las conductas que motivan la petición de extradición y nuestra legislación, se concluye que tales comportamientos constituyen delito, pues encuentran adecuación típica en los artículos 340 y 376 del Código Penal, bajo las denominaciones jurídicas de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los que se sancionan en Colombia con una pena no inferior a cuatro años de prisión.

 

Respecto de la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, estima que este requisito también se cumple, en consideración a que la acusación emitida por el país requirente, responde a la convocatoria a juicio del ordenamiento jurídico colombiano, pues allí se indican los hechos, las normas que los recogen y se identifica la persona imputada.

Finalmente, pide que el concepto de la Corte sea favorable a la solicitud de extradición del requerido Diego Armando Rodríguez Ramírez y agrega que de ser así, se exhorte al Gobierno Nacional para que su entrega se condicione a que solamente se le juzgue por las conductas que le sirven de sustento e, igualmente, le sean respetadas todas las garantías consagradas en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, en particular a que no sea sometido a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

 

3.5.2.   Defensa   del   solicitado:

 

Solicita que se condicione la entrega de su representado a que solamente se le juzgue por las conductas que sirven de sustento al pedido de extradición e, igualmente, le sean respetadas todas las garantías consagradas en la Carta Política y en el bloque de constitucionalidad, en particular a que no sea sometido a pena de muerte, tortura, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación. Adicionalmente, pide que también se deben imponer aquellas que ha venido señalando la Corte en materia de extradición.

CONCEPTO  DE  LA  CORTE:

 

1. Aspectos previos sobre la procedencia de la extradición:

 

1. Sobre el requisito previsto en el inciso final del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 del 16 de diciembre de 1997, relativo a que la entrega del requerido únicamente opera por hechos cometidos con posterioridad a la promulgación de la referida reforma:

 

En este sentido, se observa que de la petición de extradición formulada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Colombia y de los documentos aportados con ella, se tiene que los hechos atribuidos a Diego Armando Rodríguez Ramírez habrían ocurrido, de conformidad con la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 emitida en la Corte del Distrito Este de Texas el 27 de febrero de 2013, según los Cargos Uno, Dos, Tres y Cuatro, “desde alguna fecha en enero de 2008 o alrededor de esa fecha, y continuamente a partir de entonces, hasta e incluido el 14 de febrero de 2013”[1]; siendo del caso mencionar adicionalmente, que en la declaración jurada del Agente Especial Richard Clough se indican similares periodos[2], de donde se sigue que las conductas por cuya ejecución se acusó al requerido fueron cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 01 de 1997, modificatorio del artículo 35 de la Constitución Política, por tanto, no resulta necesario hacer salvedad alguna al respecto.

 

2. Sobre el requisito relativo a que los delitos se hayan cometido en el exterior, según lo consagra el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 del 16 de diciembre de 1997:

 

En relación con tal aspecto, se tiene que en los Cargos Uno, Dos y Cuatro que se le atribuyen al reclamado en la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38, se concreta que habrían ocurrido en Colombia, México, en el Distrito de Este de Texas y en otros lugares[3].

 

En esa medida, en atención a lo establecido por la jurisprudencia y la doctrina como criterio para determinar el lugar de ocurrencia del delito, como es la teoría mixta o de la ubicuidad, conforme a la cual se considera cometido donde se desarrolló total o parcialmente la acción, o en el lugar donde debió realizarse la acción omitida, o en el sitio donde se produjo o debió materializarse el resultado; la Sala encuentra que las conductas atribuidas a Diego Armando Rodríguez Ramírez en la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 traspasaron las fronteras colombianas, por lo cual se satisface la condicionante constitucional de que los delitos se hayan cometido en el exterior del territorio nacional.

3. 3. Sobre el requisito relativo a que los delitos que sirvan de fundamento a la petición de extradición no tengan el carácter de políticos o de opinión, conforme lo prevé el inciso tercero del artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 del 16 de diciembre de 1997:

 

En relación con esta exigencia, se tiene que como de conformidad con los Cargos Uno, Dos y Cuatro endilgados al solicitado en la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38, éste se habría asociado ilícitamente con otras personas para efectivamente poseer con la intención de distribuir cocaína la cual sería importada a los Estados Unidos, es claro que tales comportamientos no envuelven la condición de políticos o de opinión pues atentan contra la salud pública y, por ende, también se cumple la exigencia que en tal sentido contempla el artículo 35 Superior.

 

1. Cuestión de   fondo:

 

Aspectos   Generales:

 

La competencia de la Corte, dentro del trámite de extradición, se limita a emitir el respectivo concepto sobre la viabilidad de entregar o no a la persona solicitada por un Gobierno extranjero, después de examinar las exigencias a que aluden los artículos 493, 495 y 502 del Código de Procedimiento Penal[4].

 

De otra parte, debido a que según lo expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el tratado multilateral aplicable al presente caso es “la «Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas», suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”, pero a su vez precisó que de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, numerales 4º y 5º, de la precitada Convención, así como según “los artículos 491 y 496 de la Ley 906 de 2004”, se debe obrar acorde con “el ordenamiento jurídico colombiano”, entonces el concepto ha de fundamentarse en lo dispuesto en nuestro Código de Procedimiento Penal y, por ello, corresponde a la Sala, acorde con lo preceptuado en el artículo 502 del referido estatuto, realizar el análisis sobre: (i) la validez formal de la documentación allegada por el país requirente; (ii) la demostración plena de la identidad de la persona solicitada; (iii) la concurrencia de la doble incriminación, esto es, que el hecho que motiva la solicitud de extradición tanto en el Estado reclamante como en Colombia sea delito y además que la legislación nacional lo sancione con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años y; (iv) respecto de la equivalencia que debe existir entre la providencia proferida en el extranjero y —por lo menos— la acusación del sistema procesal interno.

 

En relación con cada uno de esos aspectos, se tiene:

1. Validez formal  de  la  documentación  presentada:

 

Según lo establece el artículo 495 de la Ley 906 de 2004, la solicitud de extradición debe efectuarse por la vía diplomática y, de manera excepcional, por la consular o de gobierno a gobierno, adjuntando copia auténtica del fallo o de la acusación proferida en el extranjero, con indicación de los actos que determinan la petición, así como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer la plena identidad del reclamado y la copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en la forma prevista en la legislación del país requirente y traducidos al castellano, de ser necesario.

 

Por tanto, la revisión sobre la validez formal de la documentación, apunta a verificar que los soportes con apoyo en los cuales el Estado reclamante solicita la entrega de una persona en extradición, se sujeten a las referidas exigencias formales.

 

En este sentido, encuentra la Sala que dicho presupuesto fue observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradición del ciudadano colombiano Diego Armando Rodríguez Ramírez por conducto de su Embajada.

 

En efecto, la solicitud se hizo por la vía diplomática y a ella se acompañó copia de la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 dictada el 27 de febrero de 2013 en la Corte del Distrito Este de Texas, decisión donde se indican los actos que sustentan la petición de entrega, el lugar y las fechas de su ejecución, mientras que en los restantes documentos son precisados tales datos y se ofrece la información necesaria para establecer la plena identidad de la persona requerida.

 

Esto se corrobora al confrontar el contenido de las declaraciones juradas de Ernest González, Fiscal Auxiliar para el Distrito Este de Texas, y de Richard Clough, Agente Especial de la Administración para el Control de Drogas, quienes reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, la relación de los cargos y la normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país.

 

Los anteriores documentos a su vez obran certificados y autenticados por las autoridades del país requirente y están traducidos al castellano. Además, aparece la refrendación efectuada por la Cónsul de Colombia en Washington, D.C., cuya firma fue abonada por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores lo que, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, permite suponer que se otorgaron de acuerdo con las leyes del Estado solicitante.

 

Este requisito, por tanto, se satisface.

2. Plena identidad  entre  el  reclamado  en extradición   y   el   aprehendido   con   tal   finalidad:

 

Esta exigencia se contrae a constatar la coincidencia que debe existir entre la persona solicitada por el país requirente y la aprehendida con fines de extradición, por lo cual, es bajo este contexto que corresponde analizar a la Corte la “identificación” del ciudadano reclamado.

 

Al efecto se tiene, que en la Nota Diplomática No. 0629 del 18 de abril de 2013 de la Embajada de los Estados Unidos, por cuyo medio se solicitó la detención provisional con fines de extradición de Diego Armando Rodríguez Ramírez, se informó al Ministerio de Relaciones Exteriores, que la persona requerida nació el 10 de agosto de 1986 en Colombia y es la titular de la cédula de ciudadanía No. 1.096.032.327.

 

Ahora, de la documentación reunida en Colombia se infiere que se trata de la misma persona a que alude aquella petición, pues incluso el 23 de agosto de 2013, día en el que el solicitado fue capturado, se le practicó cotejo decadactilar confirmándose la coincidencia con la identificación del individuo reclamado por el país extranjero.

3. Principio de   la   doble   incriminación:

 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004, para conceder la extradición es indispensable que los hechos que la motivan estén previstos en Colombia como delito y que los mismos se encuentren reprimidos con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años.

 

En este sentido, se tiene que el ciudadano colombiano Diego Armando Rodríguez Ramírez es requerido para que comparezca en juicio ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde es objeto de la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 dictada el 27 de febrero de 2013, mediante la cual se le imputa:

 

“Cargo Uno

 

Violación: § 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cocaína)

 

Que desde alguna fecha en enero de 2008 o alrededor de esa fecha, y continuamente a partir de entonces, hasta e incluido el 14 de febrero de 2013, en el Distrito Este de Texas y en otros lugares,

 

…Diego Armando Rodríguez Ramírez…

 

los acusados, a sabiendas e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir y acordaron uno con otro y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado de los Estados Unidos, para poseer con la intención de elaborar y distribuir, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, en violación de la § 841 (a) (1) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

 

En violación de la § 846 del Título 21 del Código de los Estados unidos.

 

Cargo Dos

 

Violación: § 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos (Concierto para importar cocaína y para elaborar y distribuir cocaína con la intención y a sabiendas de que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)

 

Que desde alguna fecha en enero de 2008 o alrededor de esa fecha, y continuamente a partir de entonces, hasta e incluido el 14 de febrero de 2013, en la República de Colombia, la República (sic) de México, el Distrito Este de Texas y en otros lugares,

 

…Diego Armando Rodríguez Ramírez…

 

los acusados, a sabiendas e intencionalmente, se aunaron, concertaron para delinquir y acordaron uno con otro y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado de los Estados Unidos, para cometer los siguientes delitos contra los Estados Unidos: (i) a sabiendas e intencionalmente importar cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, a los Estados Unidos de las República de Colombia y México, en violación de las §§ 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y (2) a sabiendas e intencionalmente elaborar y distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, con la intención y a sabiendas de que tal sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de las § § 952 y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

 

En violación de la § 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

 

Cargo Tres

 

Violación: § 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y § 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos (Elaboración y distribución de cocaína, con la intención y a sabiendas de que la cocaína sería importada ilícitamente a los Estados Unidos)

 

Que desde alguna fecha en enero de 2008 o alrededor de esa fecha, y continuamente a partir de entonces, hasta e incluido el 14 de febrero de 2013, en el Distrito Este de Texas y en otros lugares,

 

…Diego Armando Rodríguez Ramírez…

 

los acusados, a sabiendas e intencionalmente elaboraron y distribuyeron cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, con la intención y a sabiendas de que tal sustancia sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.

 

En violación de la § 959 del Título 21 del Código de los Estados Unidos y la § 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.

 

Cargo Cuatro

 

Violación: § § 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cocaína, estando a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos)

 

Que desde alguna fecha en enero de 2008 o alrededor de esa fecha, y continuamente a partir de entonces, hasta e incluido el 14 de febrero de 2013, en el Distrito Este de Texas y en otros lugares,

 

…Diego Armando Rodríguez Ramírez…

 

los acusados, a sabiendas e intencionalmente, se aunaron, concertaron para delinquir y acordaron uno con otro y con otras personas conocidas y desconocidas por parte del Gran Jurado de los Estados Unidos, para poseer con la intención de distribuir, cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la categoría II, estando a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados unidos, en violación delas § § 70503 (a) y 70506 (a) y (b) del Título 46 del Código de los Estados unidos y la § 960 (b) (1) (B) (ii) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.”

 

Entonces, las conductas de supuestamente haberse asociado ilícitamente el requerido con otras personas para efectivamente poseer con la intención de elaborar y distribuir cocaína, la cual sería importada a los Estados Unidos, guardan identidad con lo descrito en los artículos 340 (modificado por los artículos 8º de la Ley 733 de 2002, 14 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006) y 376 (reformado por los artículos 14 de la Ley 890 de 2004 y 11 de la Ley 1453 de 2011) del Código Penal, por cuanto en su orden tales normas consagran:

 

“Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuatro (4) a nueve (9) años.

 

Cuando el concierto sea para cometer delitos de…  tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas… la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.”

 

“Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de la Naciones Unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En esa medida, queda demostrado que los cargos atribuidos al reclamado y que están contenidos en la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38  proferida el 27 de febrero de 2013 en la Corte del Distrito Este de Texas, cumplen el requisito establecido en los artículos 493 y 502 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), relativo a la doble incriminación, por cuanto describen conductas que son delictivas en Colombia, las cuales tienen una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años.

 

Por tanto, este requisito, al igual que los analizados en precedencia, también se satisface.

 

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero con la acusación del sistema procesal colombiano:

 

Esta exigencia igualmente se constata en el caso particular, por cuanto la decisión proferida por el Gran Jurado ante la Corte del Distrito Este de Texas es equivalente, en su contenido material, a la acusación prevista en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004).

 

En  efecto,  revisada  el  acta  de  la  acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 del 27 de febrero de 2013, se observa que allí se concreta la formulación de los cargos, los hechos con sus fechas de ocurrencia y las disposiciones transgredidas (conforme quedó reseñado en precedencia), así como el nombre del acusado y las conductas por él desarrolladas.

 

En relación con el acervo probatorio que soporta la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38, Ernest González, Fiscal Auxiliar para el Distrito Este de Texas, al rendir declaración en apoyo de la solicitud de extradición, manifestó que la Fiscalía demostrará su caso “mediante varios tipos de pruebas, incluidas el testimonio de testigos (sic), las conversaciones telefónicas judicialmente autorizadas y las pruebas físicas y documentales”[5].

 

Por tanto, ninguna duda cabe acerca del paralelismo existente entre el procedimiento foráneo y la acusación prevista en el ordenamiento procesal penal del país, bajo el entendido de que se trata de una equivalencia conceptual de decisiones y no de identidad de formas, que en ambas legislaciones dan comienzo a la etapa del juicio, donde la defensa del requerido Diego Armando Rodríguez Ramírez puede controvertir los medios de conocimiento y la acusación formulada ante la Corte del Distrito Este de Texas.

 

III.   Condicionamientos:

 

1. El Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como también a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación, como con acierto lo piden la defensa y el Ministerio Público.

 

2. Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado, a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano[6], en concreto a: tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, esté asistido por un intérprete, cuente con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación social, como igualmente lo pide la apoderada del requerido.
3. El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

 

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente, como igualmente lo solicita la defensa.

 

5. Se advierte, además, que en razón de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

 

1. Cuestión final:

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno Nacional puede extraditar al ciudadano colombiano Diego Armando Rodríguez Ramírez bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, a falta de tratado aplicable, están satisfechos los requisitos establecidos en nuestra legislación procesal penal para que proceda su entrega.

 

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, emite CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Diego Armando Rodríguez Ramírez, formulada por la vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los Cargos Uno, Dos y Cuatro contenidos en la acusación sustitutiva No. 4:13 CR 38 proferida en la Corte del Distrito Este de Texas el 27 de febrero de 2013, conforme lo pide el Gobierno en mención.

Por la Secretaría de la Sala se comunicará esta determinación al requerido Diego Armando Rodríguez Ramírez, a su defensora y al representante del Ministerio Público, al igual que al Fiscal General de la Nación para lo de su competencia en relación con el detenido preventivamente con fines de extradición.

 

Finalmente, se devolverá la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los trámites legales subsiguientes.

 

Cúmplase.

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO                 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

 

 

 

 

 

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ           EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

 

 

 

 

 

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ         EYDER PATIÑO CABRERA

 

 

 

 

 

 

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

 

 

 

 

 

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

[1] Folios 257 a 260 de la carpeta de anexos.

[2] Folios 302 a 308 ídem.

[3] Folios 257 a 260 de la carpeta de anexos.

[4] En el presente caso se aplica la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos que sustentan la petición de extradición se habrían cometido después del 1 de enero de 2005, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sentido, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, autos del 4 de abril y 3 de octubre de 2006, radicaciones números 24187 y 25080, respectivamente, entre otros.

[5] Folio 232 de la carpeta de anexos.

[6] Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto del 5 de septiembre de 2006, radicación No. 25625, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, éste conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.